Debate por la reforma previsional

Dentro del Gobierno hay quienes apyan sancionarla por ley y otros, por decreto.La eliminación de la PBU no será completa. Hay marchas y contramarchas en la implementación.

16 noviembre, 2000

La reforma previsional provocó ayer (miércoles 15) un fuerte cruce dentro del Gobierno entre los partidarios de sancionarla por ley y aquellos que sostienen que el decreto es la única vía para garantizar el éxito de la medida.

El presidente Fernando de la Rúa reflejó en sus declaraciones las dudas oficiales. Por la mañana, el jefe del Estado dijo que estudiaba implementar la reforma “a través de un decreto o mediante un proyecto de ley ya existente en el Congreso”.

Horas más tarde, el Presidente aclaró ante la misma audiencia que la vía elegida será un decreto, que podría conocerse hoy o mañana.

Entre una y otra declaración, se decidió “suavizar el proyecto de reforma”, motivo por el cual la eliminación de la prestación básica universal (PBU) será parcial.

En cambio, se confirmó el aumento gradual de la edad de jubilación a 65 años y la eliminación del régimen de reparto.

Entre tantos debates, el proyecto volverá a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para la firma de todos los ministros, por su carácter de “necesidad y urgencia”.

Esto ocurrirá si los senadores radicales no tienen éxito en su gestión ante el Presidente para que la reforma sea tratada por ley.

En una nota firmada por la totalidad del bloque presidido por Jorge Agundez, se pidió que el proyecto sea elevado al recinto.

Un senador radical consideró que ,por medio de este mecanismo, se evitarían numerosos juicios derivados de la norma.

De todos modos, el cuestionamiento de los legisladores va más allá: “La eliminación de la PBU (luego morigerada) y del régimen de reparto afecta la Constitución Nacional”.

Para completar las críticas, los senadores opinaron que se debe borrar la elevación de la edad de jubilación de las mujeres.

En esta sintonía, el diputado Juan Pablo Cafiero adelantó que el bloque del Frepaso se opone “a la forma y el fondo” de la iniciativa; el legislador admitió que en el Gobierno “hay agitación por este tema”.

Por su parte, Rodolfo Campero, quien es desde hace dos días interventor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), afirmó que no piensa introducir despidos y que ,simplemente, desarrollará una tarea de ordenamiento.

El flamante funcionario defendió la eliminación de la PBU, aunque reconoció: “Estamos convencidos de que no es lo mejor, no es lo ideal”, al tiempo que agregó que esta medida perjudica especialmente a los “salarios intermedios”.

La reforma previsional provocó ayer (miércoles 15) un fuerte cruce dentro del Gobierno entre los partidarios de sancionarla por ley y aquellos que sostienen que el decreto es la única vía para garantizar el éxito de la medida.

El presidente Fernando de la Rúa reflejó en sus declaraciones las dudas oficiales. Por la mañana, el jefe del Estado dijo que estudiaba implementar la reforma “a través de un decreto o mediante un proyecto de ley ya existente en el Congreso”.

Horas más tarde, el Presidente aclaró ante la misma audiencia que la vía elegida será un decreto, que podría conocerse hoy o mañana.

Entre una y otra declaración, se decidió “suavizar el proyecto de reforma”, motivo por el cual la eliminación de la prestación básica universal (PBU) será parcial.

En cambio, se confirmó el aumento gradual de la edad de jubilación a 65 años y la eliminación del régimen de reparto.

Entre tantos debates, el proyecto volverá a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para la firma de todos los ministros, por su carácter de “necesidad y urgencia”.

Esto ocurrirá si los senadores radicales no tienen éxito en su gestión ante el Presidente para que la reforma sea tratada por ley.

En una nota firmada por la totalidad del bloque presidido por Jorge Agundez, se pidió que el proyecto sea elevado al recinto.

Un senador radical consideró que ,por medio de este mecanismo, se evitarían numerosos juicios derivados de la norma.

De todos modos, el cuestionamiento de los legisladores va más allá: “La eliminación de la PBU (luego morigerada) y del régimen de reparto afecta la Constitución Nacional”.

Para completar las críticas, los senadores opinaron que se debe borrar la elevación de la edad de jubilación de las mujeres.

En esta sintonía, el diputado Juan Pablo Cafiero adelantó que el bloque del Frepaso se opone “a la forma y el fondo” de la iniciativa; el legislador admitió que en el Gobierno “hay agitación por este tema”.

Por su parte, Rodolfo Campero, quien es desde hace dos días interventor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), afirmó que no piensa introducir despidos y que ,simplemente, desarrollará una tarea de ordenamiento.

El flamante funcionario defendió la eliminación de la PBU, aunque reconoció: “Estamos convencidos de que no es lo mejor, no es lo ideal”, al tiempo que agregó que esta medida perjudica especialmente a los “salarios intermedios”.

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