En un año caracterizado por elevada incertidumbre hay una certeza: la economía no será un activo para el oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales, sostiene el último informe de la consultora Ecolatina.
Las recientes medidas anunciadas por el gobierno intentan morigerar esta situación, en un momento donde las principales preocupaciones de la población son de índole económicas. Por caso, según el último relevamiento de la consultora Synopsis, las preocupaciones por la inflación y el desempleo lideran la lista, relegando significativamente las problemáticas de corrupción e inseguridad.
En comparación con procesos electorales previos, este año la evolución de la actividad será diferente y, aunque la economía no es el único factor que opera sobre la decisión de los votantes, es uno relevante. Por caso, en 2011 y 2017, cuando ambos oficialismos ganaron ampliamente las elecciones nacionales, la demanda interna crecía por encima del PBI (11,3% i.a. versus 6,3% i.a. en 2011 y 4,6% i.a. versus 2,1% i.a en 2017, en los primeros tres trimestres de dichos año). En contraposición, para los comicios presidenciales que se avecinan tanto la actividad como la demanda interna caerán, esta última con mayor profundidad que la primera.
Dado el fuerte ajuste monetario y de la obra pública, el encarecimiento relativo del capital importado y la incertidumbre que genera el proceso electoral, la inversión no repuntará, experimentando una caída promedio del 12% i.a. en los primeros tres cuartos del año, la más profunda desde el 2009.
Los datos del comienzo del año dan cuenta de ello: el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) marcó un caída de casi 11% i.a. promedio entre enero y febrero; la importación de bienes de capital registró una contracción del 40% i.a. en el primer trimestre y los patentamientos de vehículos se redujeron casi 50% i.a. en el mismo periodo.
Por otra parte, una ambiciosa meta fiscal y una caída promedio del salario real entorno al 7% i.a., auguran un consumo interno que continuará en retroceso. Por caso, según Kantarworld Panel en el primer trimestre el consumo masivo cayó 9% i.a., tras un derrumbe del poder adquisitivo de 10,7% i.a, y el gasto público se redujo 13% i.a. En este marco, la demanda interna se reduciría a un ritmo de 5,5% i.a. promedio durante los primeros tres trimestres del año.
Un aliciente para la actividad vendrá por el lado de la demanda externa. Gracias a una cosecha agrícola que promete ser récord y una competitividad cambiaria significativamente mayor a la experimentada en los últimos años, las exportaciones lograrían acumular hasta septiembre un incremento en torno al 10% promedio anual. En este sentido, la buena performance del campo le permitiría a la actividad experimentar un crecimiento en términos desestacionalizados en el segundo trimestre del año, que luego se vería interrumpido por la incertidumbre reinante durante el proceso electoral. De esta forma, el PBI acumularía a septiembre un incremento del 1% en la medición desestacionalizada, pero en términos interanuales promediaría una caída del 2,3% i.a.
¿Se puede modificar la dinámica recesiva?
Frente a una perspectiva desfavorable, el gobierno intenta llegar mejor a las elecciones a través de una batería de medidas que buscan reactivar la actividad económica y frenar la inflación. En primer lugar, el congelamiento del techo de la zona de no intervención, el cual ayudaría a acotar la volatilidad cambiaria y la inflación en la previa electoral, generando un mayor atraso cambiario que en el margen podría impulsar el consumo.
En segundo lugar, el programa de precios esenciales, la disponibilidad de créditos de ANSES y los descuentos en farmacia para beneficiarios de la AUH, los cuales están dirigidos a los hogares de Nivel Socioeconómico (NSE) bajo, quienes han sido los más castigados por el aumento de la inflación y el freno de la actividad.
Por caso, según los datos de Kantar Worlpanel, en marzo último, cuando el Nivel General de precios alcanzó una suba del 4,7% a nivel nacional, el consumo masivo del NSE bajo inferior se desplomó un 19% i.a. y el del NSE bajo superior experimentó una caída del 20% i.a, ambas contracciones mucho mayores que el promedio total de los hogares (-11% i.a). Vale destacar que, ambos grupos representan el 50% del consumo masivo y que se caracterizan por destinar un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de bienes de primera necesidad.
Por su parte, el congelamiento y/o aplanamiento de tarifas actúan en la misma línea, intentando contener la inflación y reactivar el consumo, en este caso de la mayoría de los hogares. No obstante, estas últimas herramientas lucen insuficientes. Por un lado, la canasta de precios esenciales sólo incluye 64 productos, mientras que la composición del gasto de las familias es mucho más amplia. Por otro lado, el congelamiento de tarifas sólo contempla la electricidad y el transporte de jurisdicción nacional, excluyendo los aumentos ya pactos de agua y gas. Al mismo tiempo, la luz ya experimentó un significativo aumento en la primera parte del 2019 y el transporte de jurisdicción provincial o municipal no está incluido en las medidas.
En esta línea, no es esperable que las medidas adoptadas en los últimos días cambien significativamente el curso de la economía en los próximos meses. Al momento de que los argentinos se paren frente a las urnas para emitir su voto, la economía habrá crecido sólo un 1% en términos desestacionalizados, una magnitud que no luce suficiente para que la sensación de reactivación sea generalizada.
