Fernando de la Rúa dirigirá hoy (viernes29) un mensaje al país en el que justificará la seguidilla de decretos con que cierra el año con la que intenta implementar todas las iniciativas que tuvieron trabas en el Congreso de la Nación.
Anoche, la mayoría de los ministros había ya estampado su firma en los respectivos decretos: plan de infraestructura, la desregulación de las obras sociales, la conmutación de penas a los condenados por el copamiento de La Tablada, y los vetos a la Ley de Presupuesto.
Si se llega a tiempo, la reforma previsional estará incluida y será ,sin dudas, el anuncio más importante, aunque se estima que el Presidente centrará el discurso en la conmutación de penas para quienes atacaron, en 1989, el cuartel de La Tablada.
Se referirá, además, a la necesidad que tiene de vetar algunas cláusulas del presupuesto y de acelerar el plan de obras públicas.
A excepción del plan de infraestructura, que fue acordado con los gobernadores de todo el país en la residencia de Olivos, el resto de las iniciativas generó conflictos de diferente grado:
La Tablada: Se conmutará las penas de los condenados por el copamiento al regimiento de La Tablada, luego del fracaso de las vías judicial y parlamentaria para que se otorgue una instancia de revisión. El decreto permitiría que la mayoría de los condenados pueda pedir su libertad en 2002, a excepción de Norberto Felicetti, quien podrá hacerlo en 2006, y Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori a quienes no alcanzará el beneficio. Esta iniciativa podría producir, según algunos observadores, una potencial cascada de levantamientos y motines en distintas cárceles del país; además tampoco satisface a los involucrados quienes señalaron que sólo levantarán la huelga de hambre si la libertad es inmediata.
Desregulación de obras sociales: El decreto que permitirá la libre competencia entre los obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga a partir del 1 de enero, ya provocó que la CGT «oficial» convocara a un paro de 36 horas para el 1 de marzo del 2001.
Infraestructura: El decreto fue avalado por los gobernadores quienes pidieron garantías de «transparencia» y «simultaneidad» en el inicio de obras, y las primeras licitaciones públicas están previstas para enero. Hay dudas en algunos sectores sobre si las empresas y los bancos implicados en la construcción de estas obras en todo el país por más de $ 20.000 millones tomarán compromisos sin el respaldo de una ley del Congreso. Esta, como tiene acuerdo político con el peronismo, podrá salir sin embargo en marzo próximo.
Reforma previsional: Es el tema económico más conflictivo ya que genera resistencias internas en la Alianza. El ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, mantuvo hasta ayer la postura sobre que el Frepaso se opone a la medida. El gobierno introducirá algunas modificaciones a la iniciativa original, con opciones jubilatorias para las mujeres entre los 60 y los 65 años, el mantenimiento del régimen estatal y acotar la eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU).
Presupuesto: El Presidente ya anunció que vetará el artículo 18 que establece que los ahorros producidos en dependencias oficiales se destinen a restituir los recortes salariales aplicados a los empleados estatales. También vetará parcialmente los diferimientos impositivos y el Fondo del Tabaco, donde el justicialismo estableció que el gobierno deberá distribuir entre las ocho provincias tabacaleras el excedente recaudado sobre el techo de $186 millones anuales fijados originalmente en el Presupuesto.
Fernando de la Rúa dirigirá hoy (viernes29) un mensaje al país en el que justificará la seguidilla de decretos con que cierra el año con la que intenta implementar todas las iniciativas que tuvieron trabas en el Congreso de la Nación.
Anoche, la mayoría de los ministros había ya estampado su firma en los respectivos decretos: plan de infraestructura, la desregulación de las obras sociales, la conmutación de penas a los condenados por el copamiento de La Tablada, y los vetos a la Ley de Presupuesto.
Si se llega a tiempo, la reforma previsional estará incluida y será ,sin dudas, el anuncio más importante, aunque se estima que el Presidente centrará el discurso en la conmutación de penas para quienes atacaron, en 1989, el cuartel de La Tablada.
Se referirá, además, a la necesidad que tiene de vetar algunas cláusulas del presupuesto y de acelerar el plan de obras públicas.
A excepción del plan de infraestructura, que fue acordado con los gobernadores de todo el país en la residencia de Olivos, el resto de las iniciativas generó conflictos de diferente grado:
La Tablada: Se conmutará las penas de los condenados por el copamiento al regimiento de La Tablada, luego del fracaso de las vías judicial y parlamentaria para que se otorgue una instancia de revisión. El decreto permitiría que la mayoría de los condenados pueda pedir su libertad en 2002, a excepción de Norberto Felicetti, quien podrá hacerlo en 2006, y Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori a quienes no alcanzará el beneficio. Esta iniciativa podría producir, según algunos observadores, una potencial cascada de levantamientos y motines en distintas cárceles del país; además tampoco satisface a los involucrados quienes señalaron que sólo levantarán la huelga de hambre si la libertad es inmediata.
Desregulación de obras sociales: El decreto que permitirá la libre competencia entre los obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga a partir del 1 de enero, ya provocó que la CGT «oficial» convocara a un paro de 36 horas para el 1 de marzo del 2001.
Infraestructura: El decreto fue avalado por los gobernadores quienes pidieron garantías de «transparencia» y «simultaneidad» en el inicio de obras, y las primeras licitaciones públicas están previstas para enero. Hay dudas en algunos sectores sobre si las empresas y los bancos implicados en la construcción de estas obras en todo el país por más de $ 20.000 millones tomarán compromisos sin el respaldo de una ley del Congreso. Esta, como tiene acuerdo político con el peronismo, podrá salir sin embargo en marzo próximo.
Reforma previsional: Es el tema económico más conflictivo ya que genera resistencias internas en la Alianza. El ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, mantuvo hasta ayer la postura sobre que el Frepaso se opone a la medida. El gobierno introducirá algunas modificaciones a la iniciativa original, con opciones jubilatorias para las mujeres entre los 60 y los 65 años, el mantenimiento del régimen estatal y acotar la eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU).
Presupuesto: El Presidente ya anunció que vetará el artículo 18 que establece que los ahorros producidos en dependencias oficiales se destinen a restituir los recortes salariales aplicados a los empleados estatales. También vetará parcialmente los diferimientos impositivos y el Fondo del Tabaco, donde el justicialismo estableció que el gobierno deberá distribuir entre las ocho provincias tabacaleras el excedente recaudado sobre el techo de $186 millones anuales fijados originalmente en el Presupuesto.
