Por Nuria Susnet (*)
A juzgar por el origen de los beneficiarios, parecería ser la moratoria. S i alguien pregunta cómo funciona el sistema jubilatorio en Argentina, la respuesta inmediata es mencionar, con cara de sapiencia, la Ley 24241, PBU, la PC, los 30 años de aporte, el 1,5 % del salario promedio y demás.
ERROR. Claramente, conocemos la norma, pero también, claramente, no entendemos nada. Todo eso fue así hasta el año 2005 en que se abrió la Caja de Pandora. Utilizando una norma existente desde hacía varios años antes, se admitió el ingreso para acceder a un beneficio jubilatorio, a través de una moratoria, a quienes no cumplían con los requisitos de años de aportes.
Esta norma permitía, y aún permite, declarar años trabajados como autónomo antes de 1993, completando así años faltantes, sin necesidad de presentar prueba de haber trabajado, lo que permitió, en la moratoria inicial, acceder al sistema a personas que jamás habían realizado un aporte.
Pero no sólo se pudo acceder a una jubilación, sino que se permitió también reclamar una pensión derivada. ¿Qué significó esto? El ingreso post-mortem de personas al sistema y, luego, “dejar” una pensión a quien correspondiera. Moratorias existieron siempre, pero las viejas moratorias consideraban también el objetivo de mejorar las arcas de la seguridad social, permitiendo a afiliados con aportes no realizados ingresar en un plan de pagos para cubrir la deuda.
La moratoria de 2005, y las subsiguientes, y las subsiguientes son diferentes porque tienen otro objetivo. En efecto, la moratoria de 2005 coincide con un cambio de políticas en la que se pasa de la seguridad social para los trabajadores registrados a la seguridad social universal y, con el objetivo de incluir a todos, la deuda previsional de quienes no cumplían con los años de aportes era pagada mientras se percibían los haberes.
Y, como estos descuentos estaban fijados en términos nominales, además, se fueron licuando con el tiempo. Abierta esta puerta, en los primeros tres años ingresaron 1,7 millones de personas, y más de 4 millones hasta el presente. Si bien esta moratoria ha continuado abierta, a medida que pasa el tiempo -por la edad de los potenciales beneficiarios- se pueden justificar menos años trabajados previos a 1993 (18 en el año 2023), lo que iría dejando cada vez más individuos sin acceder al beneficio previsional.
Esta situación dio lugar a la implementación de una nueva moratoria en 2014 con idénticas características: permitía obtener una jubilación sin haber realizado ningún aporte al sistema. Esa vez, además, se intentó restringir el acceso a población de mayores recursos, poniendo límites a los ingresos, patrimonio y gastos en tarjetas de crédito para acceder al beneficio.
La moratoria de 2014, que inicialmente estaría abierta por dos años, se extendió luego a tres en el caso de las mujeres y, a su vencimiento, fue extendida por tres años más. Así se llegó a 2022, a partir del cual sólo podían acceder al sistema quienes cumplieran todos los requisitos de la ley o a quienes les alcanzara la justificación de 18 años de aportes no realizados antes de 1993 que establece la moratoria de 2005 (cifra que, además, desciende en un año en cada período), lo que deja mucha gente fuera.
Uno de los logros que se remarca una y otra vez de esta política es que amplió fuertemente la cobertura previsional. El porcentaje de la población con edad por encima de la jubilatoria (mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65) que percibía un haber del sistema (jubilación o pensión) había descendido hasta el 63% en el año 2004. En 2022, ese porcentaje fue del 95%, casi una cobertura universal.
Pero como nada es gratis en este mundo, las moratorias fueron agrandando el déficit del sistema, que tenía una tendencia decreciente. En los primeros dos años, la moratoria costó 2 puntos del PIB, mientras que para el año 2017, el costo alcanzaba a 2,7 puntos.
Con el criterio de mantener la cobertura, e incluir en el sistema al 5% restante, se acaba de sancionar una nueva moratoria con algunas diferencias con las anteriores. Una primera diferencia está referida a la cuota de la moratoria que, si bien se sigue descontando del haber, no está fija en términos nominales. Quienes tienen o superan la edad de jubilación, acuerdan un plan de pagos con ANSES, que está relacionado a un nuevo concepto: la Unidad de Pago de Deuda Previsional.
Esta Unidad es igual al 29% de la base mínima imponible de la remuneración para el aporte a la seguridad social; y esta vez el plan de pago puede llegar a 10 años, cuando anteriormente fue sólo de cinco. En segundo lugar, se incluye una moratoria -más a tono con las viejas moratorias- que permite, a quienes les falte menos de 10 años para la edad jubilatoria, ingresar a un plan de pago y así completar los años de aporte.
Nuevamente, el monto de la cuota, que en este caso se llama Unidad de Cancelación de Aportes para Trabajadoras y Trabajadores en Actividad, es el mismo que la Unidad de Pago de la Deuda Previsional. También pueden adherir quienes tuvieran derecho a una pensión por muerte del trabajador. En este caso se requiere que el trabajador que derivaría la pensión estuviera registrado en el sistema previo a su deceso.
Otra vez. Nada es gratis. Estimaciones oficiales dan cuenta de que podrían ingresar al sistema más de 750 mil beneficiarios. Una estimación del costo de este esquema lo ubica en algo menos de 0,3 puntos del PBI el primer año y 0,42 el segundo. Pero esto es acumulativo porque quienes hoy están aportando la Unidad de Cancelación, mañana van a estar accediendo a los beneficios y agrandando el déficit.
Hoy, de los 5.5 millones de beneficiarios, más de la mitad han accedido por una moratoria. Un recuerdo de la infancia es escuchar a mi abuelo, que hoy tendría más de 100 años, diciendo: “no importa, seguro que después aparece una moratoria”. Y no apareció una, sino que aparecieron tantas que la moratoria pasó a ser “el” sistema jubilatorio.
(*) Economista de FIEL
