¿Cuál es la estrategia con las retenciones petroleras?
Para unos, la prioridad está en aumentar los ingresos fiscales; para otros, en mantener a raya los precios internos. La medida desalienta la inversión privada; al tiempo que el Estado no parece tomar el asunto en sus manos.
Las horas al frente del ministerio de Economía están contadas para
Miguel Peirano. Sin embargo, se dispuso sacudir las estanterías antes de
dejarle su lugar a Martín Lousteau, el futuro ministro.
Luego de aumentar las retenciones a la exportación de los productos del
campo (que podrían dejar, en 2008, US$ 1.500 millones extra), Peirano,
junto al ratificado ministro de Planificación, Julio De Vido, y al no ratificado
–todavía- secretario de Energía, Daniel Cameron, anunciaron
la suba de retenciones a la exportación del petróleo y sus derivados.
La medida, que establece nuevos precios de referencia y de corte, y que permitirá
que el Estado aumente su participación en la renta petrolera, en el marco
de la escalada del precio internacional del petróleo, generó opiniones
dispares entre especialistas en el tema.
Mercado dialogó con tres consultores, que observaron objetivos, pro y contra
de la medida que, todos coinciden, perjudicó, antes que a ningún
otro, al sector productor y exportador de crudo y naftas.
Según Marina Dal Poggetto, ex funcionaria del Indec y del Banco Central,
y socia del economista Miguel Bein en Estudio Bein & Asociados, dado que la
rentabilidad de las petroleras estaba dada básicamente por las exportaciones
de crudo y naftas (estas últimas pagaba sólo 5% de derechos), ahora
“se está afectando seriamente toda la rentabilidad del sector”.
Aún así, el margen de rentabilidad no deja de ser interesante: los
productores recibirán US$ 42 dólares por barril, a los que se deberá
deducir un costo promedio de extracción que algunos calculan en US$ 5 y
otros en US$ 18.
¿Ingresos o precios?
Para Dal Poggetto, esta medida, junto al aumento de las retenciones para la
exportación de productos agrarios anunciado días atrás,
“ofrece una perspectiva fiscal importante”. A pesar de generar cierta
estabilidad en el precio interno de los combustibles -opina Dal Poggetto-, la
nueva disposición del gobierno tiene un objetivo “fundamentalmente
fiscal”, ya que “generará entre US$ 1.200 y 1.500 millones
adicionales de recaudación, teniendo en cuenta los valores exportables
de 2007.”
En contraposición, para Eric Ritondale, economista de Econviews (consultora
de Miguel Kiguel), “la medida se orienta mucho más para el lado
de controlar los precios internos que a recaudar más ingresos fiscales.”
Esto es así, –explica Ritondale, porque los ingresos por exportaciones
de petróleo no son tan importantes, “al menos si se los compara
con lo que se generará por el aumento a las retenciones del agro”.
Las inversiones
En referencia a las inversiones, para Dal Poggetto, “en el mediano plazo,
teniendo en cuenta las bajas inversiones en el sector de exploración
y extracción, esta señal no apunta a aumentar la inversión
privada”. Entonces, “habrá que ver en qué medida la
inversión pública compensa eso”, sostiene.
En contraposición, Gustavo Calleja, ex subsecretario de combustibles
durante la primera época del gobierno alfonsinista, exclama que, en realidad,
no es que se vaya a afectar el nivel de inversiones, porque “nunca se
invirtió”. Según el vicepresidente del grupo M.o.r.e.n.o.
y presidente de la Fundación Illia, “los privados nunca invirtieron
en todos estos años de libertinaje. Invierten afuera. Brasil saca US$
700 millones al año con Petrobras. Repsol se lleva US$ 2.000 millones
a Libia. Acá no viene nadie.”, concluye.
Ritondale, por su parte, comparte con Dal Poggetto, que “obviamente lo
que se afecta es la inversión”. Respecto al clima de los años
90, “la industria ha retrocedido, no solamente en exportaciones sino también
en producción de petróleo y gas”, comenta el economista.
¿Quién va a invertir entonces? “Es una buena pregunta”,
admite.
El Estado
¿Será el Estado el agente inversor? “No veo al Estado retomando
la participación central del sector, como sí lo ha hecho, respecto
a los años 90, en el sector de infraestructura y servicios públicos”,
explica Ritondale.
Sin embargo, el gobierno nacional ha tomado una iniciativa fuerte. Para Dal
Poggetto, “lo que hay ahora es una apropiación por parte del Estado
de la renta petrolera, no es una redistribución intra-sector privado.”
El Estado debe reapropiarse de la renta mediante impuestos, porque no tiene
una empresa testigo estatal que le permita competir por la renta.
Para Calleja, la medida tiene un costado positivo. “Dentro del modelo
de mercado que impuso Menem y que Kirchner profundiza, esto es una mejora. Es
un modelo que no compartimos desde el M.or.e.n.o., porque considera a los hidrocarburos
como commodities y no como servicio público”. Sin embargo, para
Calleja, el gobierno mantiene una posición ambigua. O anula los contratos
petroleros –sugiere-, saliéndose del sistema; o aumenta tarifas
y precios, manteniéndose adentro. Ni una ni otra, se queja el especialista.
Así, el gobierno nacional mantiene una posición ambigua. No retoma
para el Estado la potestad de invertir en el sector, recreando una empresa estatal
como la ex estatal YPF; pero tampoco, en contraposición, genera las condiciones
suficientes para que inviertan los privados.
Según Ritondale, a pesar de la fuerza de la medida, que apunta a evitar
la transmisión de los precios internacionales al sector interno, “no
se ve que el Estado vaya a asumir un rol protagónico.”
¿Hacia adonde puede estar apuntando el gobierno entonces? Marina Dal
Poggetto sugiere un horizonte: “Lo que está haciendo, en alguna
medida, es estar bajando el valor de las empresas y, probablemente, generando
un cambio de manos a favor de nuevos empresarios.”
En YPF, se sabe, se incorporarán nuevos accionistas. ¿Seguirá
alguien más?
Las horas al frente del ministerio de Economía están contadas para
Miguel Peirano. Sin embargo, se dispuso sacudir las estanterías antes de
dejarle su lugar a Martín Lousteau, el futuro ministro.
Luego de aumentar las retenciones a la exportación de los productos del
campo (que podrían dejar, en 2008, US$ 1.500 millones extra), Peirano,
junto al ratificado ministro de Planificación, Julio De Vido, y al no ratificado
–todavía- secretario de Energía, Daniel Cameron, anunciaron
la suba de retenciones a la exportación del petróleo y sus derivados.
La medida, que establece nuevos precios de referencia y de corte, y que permitirá
que el Estado aumente su participación en la renta petrolera, en el marco
de la escalada del precio internacional del petróleo, generó opiniones
dispares entre especialistas en el tema.
Mercado dialogó con tres consultores, que observaron objetivos, pro y contra
de la medida que, todos coinciden, perjudicó, antes que a ningún
otro, al sector productor y exportador de crudo y naftas.
Según Marina Dal Poggetto, ex funcionaria del Indec y del Banco Central,
y socia del economista Miguel Bein en Estudio Bein & Asociados, dado que la
rentabilidad de las petroleras estaba dada básicamente por las exportaciones
de crudo y naftas (estas últimas pagaba sólo 5% de derechos), ahora
“se está afectando seriamente toda la rentabilidad del sector”.
Aún así, el margen de rentabilidad no deja de ser interesante: los
productores recibirán US$ 42 dólares por barril, a los que se deberá
deducir un costo promedio de extracción que algunos calculan en US$ 5 y
otros en US$ 18.
¿Ingresos o precios?
Para Dal Poggetto, esta medida, junto al aumento de las retenciones para la
exportación de productos agrarios anunciado días atrás,
“ofrece una perspectiva fiscal importante”. A pesar de generar cierta
estabilidad en el precio interno de los combustibles -opina Dal Poggetto-, la
nueva disposición del gobierno tiene un objetivo “fundamentalmente
fiscal”, ya que “generará entre US$ 1.200 y 1.500 millones
adicionales de recaudación, teniendo en cuenta los valores exportables
de 2007.”
En contraposición, para Eric Ritondale, economista de Econviews (consultora
de Miguel Kiguel), “la medida se orienta mucho más para el lado
de controlar los precios internos que a recaudar más ingresos fiscales.”
Esto es así, –explica Ritondale, porque los ingresos por exportaciones
de petróleo no son tan importantes, “al menos si se los compara
con lo que se generará por el aumento a las retenciones del agro”.
Las inversiones
En referencia a las inversiones, para Dal Poggetto, “en el mediano plazo,
teniendo en cuenta las bajas inversiones en el sector de exploración
y extracción, esta señal no apunta a aumentar la inversión
privada”. Entonces, “habrá que ver en qué medida la
inversión pública compensa eso”, sostiene.
En contraposición, Gustavo Calleja, ex subsecretario de combustibles
durante la primera época del gobierno alfonsinista, exclama que, en realidad,
no es que se vaya a afectar el nivel de inversiones, porque “nunca se
invirtió”. Según el vicepresidente del grupo M.o.r.e.n.o.
y presidente de la Fundación Illia, “los privados nunca invirtieron
en todos estos años de libertinaje. Invierten afuera. Brasil saca US$
700 millones al año con Petrobras. Repsol se lleva US$ 2.000 millones
a Libia. Acá no viene nadie.”, concluye.
Ritondale, por su parte, comparte con Dal Poggetto, que “obviamente lo
que se afecta es la inversión”. Respecto al clima de los años
90, “la industria ha retrocedido, no solamente en exportaciones sino también
en producción de petróleo y gas”, comenta el economista.
¿Quién va a invertir entonces? “Es una buena pregunta”,
admite.
El Estado
¿Será el Estado el agente inversor? “No veo al Estado retomando
la participación central del sector, como sí lo ha hecho, respecto
a los años 90, en el sector de infraestructura y servicios públicos”,
explica Ritondale.
Sin embargo, el gobierno nacional ha tomado una iniciativa fuerte. Para Dal
Poggetto, “lo que hay ahora es una apropiación por parte del Estado
de la renta petrolera, no es una redistribución intra-sector privado.”
El Estado debe reapropiarse de la renta mediante impuestos, porque no tiene
una empresa testigo estatal que le permita competir por la renta.
Para Calleja, la medida tiene un costado positivo. “Dentro del modelo
de mercado que impuso Menem y que Kirchner profundiza, esto es una mejora. Es
un modelo que no compartimos desde el M.or.e.n.o., porque considera a los hidrocarburos
como commodities y no como servicio público”. Sin embargo, para
Calleja, el gobierno mantiene una posición ambigua. O anula los contratos
petroleros –sugiere-, saliéndose del sistema; o aumenta tarifas
y precios, manteniéndose adentro. Ni una ni otra, se queja el especialista.
Así, el gobierno nacional mantiene una posición ambigua. No retoma
para el Estado la potestad de invertir en el sector, recreando una empresa estatal
como la ex estatal YPF; pero tampoco, en contraposición, genera las condiciones
suficientes para que inviertan los privados.
Según Ritondale, a pesar de la fuerza de la medida, que apunta a evitar
la transmisión de los precios internacionales al sector interno, “no
se ve que el Estado vaya a asumir un rol protagónico.”
¿Hacia adonde puede estar apuntando el gobierno entonces? Marina Dal
Poggetto sugiere un horizonte: “Lo que está haciendo, en alguna
medida, es estar bajando el valor de las empresas y, probablemente, generando
un cambio de manos a favor de nuevos empresarios.”
En YPF, se sabe, se incorporarán nuevos accionistas. ¿Seguirá
alguien más?
