La informalidad no se está reduciendo sino que cambia su composición. Se trata de problemas endémicos que no se revierten sólo con crecimiento económico, sino que requieren de una profunda reforma de las instituciones laborales y mejoras en la calidad educativa, sostiene el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa), en el número 578 de su informe semanal.
El INDEC publicó la tasa de empleo no registrado correspondiente al 3° trimestre del 2014.
Según la medición oficial, el porcentaje de empleados en relación de dependencia que no están registrados se redujo a 33,6% respecto al 35,5% observado en 2012 y el 34,6% en 2013.
Aunque el nivel sigue siendo alto, llama la atención está caída de la informalidad cuando el contexto productivo es adverso: la economía muestra síntomas de estancamiento (según el INDEC el crecimiento del PBI a partir del año 2012 fue a razón de una tasa próxima al 1% anual) y esto repercute en una baja tasa de creación de empleos asalariados registrados (menos del 1% anual).
¿Cómo se explica esta reducción en el trabajo asalariado informal en un contexto económico poco propicio para la generación de empleos de calidad?
La respuesta aparece cuando se analiza todo el mercado de trabajo, es decir, no sólo el empleo asalariado sino también el empleo no asalariado o por cuenta propia.
Tomando los mismos datos del INDEC correspondientes al 3° trimestre de cada año, se observan en los grandes aglomerados urbanos las siguientes tendencias:
- En 2012, se estima que había 3,0 millones de asalariados no registrados y 2,4 millones de cuentapropistas
- En 2013 había 2,9 millones de asalariados no registrados y 2,5 millones de cuentapropistas.
- En 2014 se contabilizan 2,8 millones de asalariados no registrados y 2,6 millones de cuentapropistas
Estos datos muestran que mientras disminuye el empleo asalariado no registrado aumenta el cuentapropismo. Si bien el INDEC no publica información sobre la calidad de estos empleos, se estima que más del 80% son no profesionales, que en su mayoría no cumplen regularmente con los aportes a la seguridad social debido a que son puestos de muy baja productividad.
Quiere decir que, ante el estancamiento productivo y la insuficiente generación de empleos de calidad, la gente está apelando más al trabajo como cuenta propia que al empleo como asalariado “en negro”. No se reduce la informalidad sino que cambia su fisonomía.
El cuentapropismo tiende a desplazar al empleo asalariado no registrado como forma precaria de inserción laboral.
Se trata de un fenómeno análogo al que ocurre con la tasa de desempleo y la inactividad laboral.
El leve aumento en la tasa de desempleo (que pasó de 6,8% al 7,5% de la población activa entre los terceros trimestres de los años 2013 y 2014) refleja solo una parte del problema, ya que el grueso de la gente con dificultades para conseguir empleo optó por la inactividad laboral (la tasa de actividad laboral cayó de 46,1% a 44,7% de la población total en el mismo período).
Se consolida una tendencia en la que los déficits laborales no se manifiestan a través del desempleo abierto y la informalidad asalariada sino a través de mayor inactividad laboral e informalidad en el cuentapropismo.
Frente a este panorama, se tiende a caer en el simplismo de considerar que los problemas laborales se solucionarán mejorando la macroeconomía. Se pasa por alto que la alta inactividad e informalidad –en sus dos versiones, tanto asalariada como en el cuentapropismo– son problemas endémicos asociados a instituciones laborales arcaicas.
Altas cargas sociales y regulaciones complejas y litigiosas hacen que las personas con baja formación para el empleo sean condenadas a trabajar en pequeñas empresas que no cumplen con las normas o por cuenta propia.
El retorno al crecimiento económico no va a alcanzar para promover la inclusión laboral de estos sectores.
Tampoco basta con reducciones marginales de cargas sociales o apelar a nuevas variantes del monotributo social. Se necesita mucha audacia y creatividad para revisar integralmente las imposiciones sobre los salarios –apuntado a reducir drásticamente la carga impositiva sobre las remuneraciones más bajas– y simplificar dando seguridad jurídica a las normas laborales. A esto hay que agregarle, con una visión de más largo plazo, una sustancial mejora en la calidad del sistema educativo.
