Corte fiscal a la producción de autos

Al crear impuestos con base en el precio de los bienes y al no contemplarse una forma de actualizar esa base de forma regular, se estará afectando negativamente de manera inevitable a la producción nacional a partir del año que viene, afirma Dante Sica, director de abeceb.com, en su último análisis sectorial.

Tanto la ley para la creación del impuesto a los autos de alta gama, como el llamado “acuerdo” para reducir importaciones en el primer trimestre del año próximo, son medidas que distorsionan con fuerza y revierten incentivos de inversión en sectores vitales, como es el caso del automotor.

Estas decisiones afectarán negativamente a la producción y al mercado del sector que representa más del 80% del crecimiento total de la Industria. Es claro que las medidas anunciadas y la ley que está por salir, buscan resolver desde la microeconomía lo que es un grave problema macroeconómico.

La experiencia ya demostró, con lo sucedido con el trigo y la industria ganadera, lo errado de esta política. Intentar ajustar desde un solo sector un problema que es de la economía general termina afectándolo gravemente.

Al crear una normativa que establece impuestos con base en el precio de los bienes (en este caso autos, motos y yates) y al no contemplarse una forma de actualización de esa base impositiva de forma regular, se estará afectando inevitablemente a la producción nacional a partir del año que viene.

Autos

En el caso emblemático de los autos, veremos cómo el año próximo se podrían incrementar aún más los precios de los autos de gama baja y media, afectando al mercado y alejando a los argentinos de las clases medias del sueño de tener el auto familiar. Esto sucedería porque las terminales radicadas en el país combinan oferta de autos producidos localmente con autos importados. Los que les aportan mayor rentabilidad son éstos últimos, por lo que al no contar con esos márgenes deberán compensar aumentando los precios de los nacionales. Y de no poder hacerlo así, terminarán realizando el peor ajuste para la economía nacional, que es el recorte de producción, lo que significa destrucción de puestos de empleo, caída en las inversiones y reversión de lo avanzado en una industria clave.

Motos

El caso de las motos es también muy representativo del daño que puede hacer una medida pensada sólo para evitar la salida de dólares, sin tener en cuenta las realidades del sector.

De hecho, específicamente en lo relacionado con las motos el Gobierno cae en una contradicción con su accionar de, por lo menos, los últimos tres años.

Durante su paso por la Secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno presionó a las empresas de motovehículos para que bajaran sus importaciones y se instaló capacidad de producción de motos de gama media y alta. Con la nueva ley que crea el impuesto, se da un golpe certero a lo que hoy es un mercado que empezaba a ser dinámico para los fabricantes nacionales.

Yates

La nueva normativa también hiere de muerte a una industria que se había reconstruido tras la crisis de 2001, que es la de embarcaciones deportivas.

Con la salida de la Convertibilidad y las devaluaciones posteriores el polo de astilleros tradicionales de la Argentina se reconvirtió y ganó fuerte competitividad debido a la calidad de su producto y el precio con el que salían al mercado exterior. Ya en los últimos años, como consecuencia del retraso cambiario, habían perdido capacidad de exportación y el año próximo, con la aplicación del impuesto, directamente las ventajas que hicieron posible esa reconversión desaparecerán.

Al observar con un poco de atención lo que puede ser la relación costo-beneficio que podría tener la puesta en marcha del impuesto que, tal como está previsto sería sancionado por el Congreso el próximo 18 de diciembre, da la sensación de que se trata de la preparación del camino para después poder tomar las medidas que de verdad solucionen el problema de la caída de reservas del BCRA que viene de la mano de la compra de combustibles para energía y el desbalance que crean los subsidios energéticos.

Da la sensación de que la nueva normativa es “una ley para la tribuna”. Con ella se pretende poder señalar que se tomaron medidas para atacar el consumo de bienes suntuarios y de castigo a los sectores de mayor poder adquisitivo, antes de hacer lo que tarde o temprano ocurrirá: un ajuste de tarifas de servicios públicos.

Una medida que tiene un fuerte costo político.