Por 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces consideraron “inconstitucional” limitar la cantidad total de dinero que puede aportar un donante electoral, que hasta ahora era de 48.600 dólares a candidatos a cargos federales y un máximo de 74.600 a otras entidades afines a un partido.
La Casa Blanca expresó su decepción con el fallo judicial, emitido como respuesta a un caso planteado por un donante republicano, mientras que los conservadores aplaudieron la decisión de los magistrados del Alto Tribunal.
El fallo deroga uno de los pilares centrales de la legislación sobre la financiación electoral de este país y refuerza el poder e impacto de las finanzas en la actividad política.
La sentencia zanja el debate entre quienes consideraban que las barreras contributivas restringen el derecho a la libertad de expresión consignado en la Primera Enmienda y quienes interpretan que dichos topes neutralizan en parte la influencia de los más ricos en los designios de la política y frenan la corrupción.
El peticionario ante la Corte Suprema era un empresario de Alabama, Shane McCutcheon, que en las elecciones de 2012 otorgó alrededor de 33.000 dólares a 16 candidatos republicanos al Congreso y una suma similar a comités de ese partido.
McCutcheon quería seguir donando, pero no pudo por los límites globales establecidos en una ley federal, anulados ahora.
De acuerdo con McCutcheon, esos límites máximos representan una restricción inconstitucional de su libertad de expresión.
Esos límites “se entrometen sin justificación en la capacidad del ciudadano” para ejercer los derechos más fundamentales amparados por la Primera Enmienda de la
Constitución, argumentó el juez John Roberts, presidente de la Corte, en el fallo.
“No existe derecho más básico en nuestra democracia que el de participar en la elección de nuestros líderes políticos”, sostuvo Roberts, que fue apoyado por los otros cuatro jueces conservadores del Alto Tribunal.
El magistrado Stephen G. Breyer, quien ofició como portavoz de los cuatro jueces en disidencia, indicó que el fallo golpea a la Primera Enmienda y a la democracia estadounidense.
En 2010, otro fallo del Supremo en el caso “Citizens United v. la Comisión Federal Electoral (FEC)” ya abrió la puerta a las contribuciones ilimitadas de los empresarios en las campañas electorales.
