Córdoba perdona deudas
Un importante número de productores de la provincia no pagará el impuesto inmobiliario rural correspondiente a este año.
El gobernador José Manuel de la Sota condonó los montos correspondientes al impuesto inmobiliario rural de este año a 1300 productores –declarados en desastre agropecuario–, medida que alcanza a más de medio millón de hectáreas productivas de la provincia.
La mayoría de los beneficiarios pertenecen a los departamentos de Roque Sáenz Peña y de General Roca. Vastas extensiones de ambos quedaron en 1999 y principios de este año sumergidas bajo una fenomenal acumulación de agua provocada por copiosas lluvias. En muchos casos, la actividad productiva quedó anulada.
Los dirigentes rurales que precedieron –en el uso de la palabra– al gobernador le reconocieron medidas de apoyo al agro, pero también le transmitieron varios reclamos. Más severos estuvieron con el gobierno nacional. Miguel Picat, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, propuso el diseño de un “plan estratégico de desarrollo” para el norte de Córdoba, que en pocos años ha decuplicado sus volúmenes de producción agrícola, pero que al mismo tiempo exhibe zonas de preocupante pobreza.
El presidente de Cartez -la regional de Confederaciones Rurales Argentinas-, Néstor Roulet, pidió al presidente de la Nación el cumplimiento de “promesas que ya hizo” en Palermo. Dijo también que los productores son tratados como “ciudadanos de segunda” y que hoy están dispuestos a luchar por ser “ciudadanos de primera”.
El gobernador José Manuel de la Sota condonó los montos correspondientes al impuesto inmobiliario rural de este año a 1300 productores –declarados en desastre agropecuario–, medida que alcanza a más de medio millón de hectáreas productivas de la provincia.
La mayoría de los beneficiarios pertenecen a los departamentos de Roque Sáenz Peña y de General Roca. Vastas extensiones de ambos quedaron en 1999 y principios de este año sumergidas bajo una fenomenal acumulación de agua provocada por copiosas lluvias. En muchos casos, la actividad productiva quedó anulada.
Los dirigentes rurales que precedieron –en el uso de la palabra– al gobernador le reconocieron medidas de apoyo al agro, pero también le transmitieron varios reclamos. Más severos estuvieron con el gobierno nacional. Miguel Picat, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, propuso el diseño de un “plan estratégico de desarrollo” para el norte de Córdoba, que en pocos años ha decuplicado sus volúmenes de producción agrícola, pero que al mismo tiempo exhibe zonas de preocupante pobreza.
El presidente de Cartez -la regional de Confederaciones Rurales Argentinas-, Néstor Roulet, pidió al presidente de la Nación el cumplimiento de “promesas que ya hizo” en Palermo. Dijo también que los productores son tratados como “ciudadanos de segunda” y que hoy están dispuestos a luchar por ser “ciudadanos de primera”.
