Contradictorio régimen para explotar energía

Las necesidades de exhibir resultados positivos en la producción y generación de divisas pesan más que las contradicciones e incluso de la mencionada soberanía hidrocarburífera, en el marco de un déficit energético creciente, que se estima alcanzaría los US$ 6.600 millones en 2013 y que sin inversiones concretas que permitan aprovechar el potencial de recursos de Vaca Muerta, seguirá una tendencia creciente y con un impacto cada vez mayor en la balanza comercial.

La inestabilidad regulatoria del sector atenta contra la búsqueda de un horizonte de largo plazo en cuanto a los proyectos productivos, los que para el caso de los hidrocarburos requieren varios años para concretarse, señala un informe de abeceb.com referido al régimen de promoción para explotar hidrocarburos sancionado mediante el decreto 929/2013 publicado el lunes 15 de julio de 2013 en el Boletín Oficial.

Entre los principales beneficios del régimen de beneficios creado por el gobierno se mencionan los siguientes:

-El derecho a exportar 20% de la producción después de cinco años sin la tributación de derechos de exportación: esto implica un fuerte cambio respecto al régimen actual donde existen retenciones móviles desde 2007, las cuales fijan el precio percibido por el exportador en 42 US$ por barril exportado, modificado ese valor a partir de enero de 2013 en 70 US$ por barril.

-Aumentar la orientación al destino externo en el plazo de cinco años debido a la reducción de los saldos exportables actuales, como también otorgar una mayor disponibilidad de los recursos obtenidos por parte del concesionario.

-Libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos, siempre que el proyecto aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos US$ 1.000 millones.

-Obtención de precios de exportación en el mercado interno: en los períodos en que la producción nacional no alcanzase a cubrir las necesidades de abastecimiento, los beneficiarios del régimen gozarán a partir del quinto año, del derecho a percepción del precio de exportación por la proporción susceptible de exportación definida en 20%.

Todo esto surge en un contexto de fuertes necesidades de revertir el desempeño productivo de la última década y restricciones en el mercado financiero internacional para la explotación del yacimiento Vaca Muerta por parte de YPF.

Ante ello, resulta necesaria una explotación conjunta mediante socios estratégicos. En ese marco, el Gobierno viene anunciando una alianza con la norteamericana Chevron.

Sin embargo, medidas previas dificultaban las garantías sobre las inversiones comprometidas en la explotación. Esto principalmente considerando la sanción del decreto 1277 del 27 de julio de 2012, el cual derogaba el régimen de explotación de la década de 1990, principalmente en materia de libre disponibilidad de los recursos para la comercialización interna y externa, como también de las divisas generadas por la explotación (ya que derogaba los decretos 1055, 1022 y 1989 de 1989).

De esta manera, lo que el decreto 1277/12 derogó hace un año, el decreto 929/13, lo restituye para las empresas acreedoras de los beneficios que presenten proyectos por más de US$ 1000 millones.

La nueva medida busca sortear los obstáculos planteados por el sector privado para obtener mayores garantías en la explotación de los nuevos yacimientos, en especial de los no convencionales donde los costos de explotación resultan al menos cuatro veces más onerosos que los convencionales.

Si bien la sanción de este decreto se presume como condición de las inversiones en un posible acuerdo de explotación conjunta entre YPF y Chevron, el interrogante se abre para el resto de los concesionarios que no entren al régimen, alerta abeceb.com.

Es decir, convivirá un sector desregulado con otro fuertemente intervenido.

Pero principalmente, marca la continuidad de una falta de definición mediante normas que regulen claramente al sector y la abundancia de decretos que se contradicen entre sí en un plazo de un año.

Esto atenta contra la búsqueda de un horizonte de largo plazo en cuanto a los proyectos productivos, los que para el caso de los hidrocarburos requieren varios años para concretarse.