Conflictos en cadena
Graves incidentes en Resistencia. Sospechas de intervención de elementos provocadores. Informe oficial sobre el grado de conflictividad social. Alarma roja para 30% del país, alarma amarilla para 20%.
Graves incidentes en la provincia del Chaco, con heridos, detenidos y atentados contra la propiedad pública y privada, se unieron como un eslabón más de una cadena de conflictos sociales que preocupan a las esferas oficiales.
Un paro y movilización de empleados provinciales decididos a impedir la sanción de cuatro leyes de ajuste enviadas por el gobernador Angel Rozas, culminó con episodios de violencia. En lo que, como es habitual, sobre las necesidades reales de la población se montan intereses políticos e ideológicos que intentan radicalizar la vida del país.
Por un lado piquetes de desocupados con piedras y hondas; por el otro, la policía con gases lacrimógenos y balas de goma. La mezcla era explosiva y funcionó como tal. Ataques a la oficina de prensa de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Desarrollo Social y a algunos juzgados, con rotura y quemazón de muebles, dieron pábulo al secretario del Interior, Carlos Becerra, para coincidir con el gobernador Rozas en que actuaron individuos ajenos a la provincia. Algunos, según organismos de Inteligencia, fueron detectados protagonizando los piquetes de Salta.
Saldo final: 15 heridos – entre ellos el justicialista Albino Rojas Martínez, más conocido como “Soldado Chamamé” – y 8 detenidos.
Circula en las esferas de gobierno el informe preparado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre las perspectivas que abre la situación social del país. En el rubro de alarma roja figuran Salta, Jujuy, Chaco, Neuquén, Río Negro, Corrientes y Santa Fe. Dentro de la alarma amarilla, se ubican Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
El análisis de situación sostiene que el grado de conflictividad social alcanza niveles críticos en 30% del país y que está en estado de gravedad media – alta otro 20%.
Mientras tanto, en esferas no del todo fidedignas, circula el rumor de que no serían ajenas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la realización de un plan subversivo continental financiado con los recursos que obtienen del narcotráfico. Versiones que deben ser tomadas como beneficio de inventario, a los solos efectos de almacenar el dato en la memoria.
Graves incidentes en la provincia del Chaco, con heridos, detenidos y atentados contra la propiedad pública y privada, se unieron como un eslabón más de una cadena de conflictos sociales que preocupan a las esferas oficiales.
Un paro y movilización de empleados provinciales decididos a impedir la sanción de cuatro leyes de ajuste enviadas por el gobernador Angel Rozas, culminó con episodios de violencia. En lo que, como es habitual, sobre las necesidades reales de la población se montan intereses políticos e ideológicos que intentan radicalizar la vida del país.
Por un lado piquetes de desocupados con piedras y hondas; por el otro, la policía con gases lacrimógenos y balas de goma. La mezcla era explosiva y funcionó como tal. Ataques a la oficina de prensa de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Desarrollo Social y a algunos juzgados, con rotura y quemazón de muebles, dieron pábulo al secretario del Interior, Carlos Becerra, para coincidir con el gobernador Rozas en que actuaron individuos ajenos a la provincia. Algunos, según organismos de Inteligencia, fueron detectados protagonizando los piquetes de Salta.
Saldo final: 15 heridos – entre ellos el justicialista Albino Rojas Martínez, más conocido como “Soldado Chamamé” – y 8 detenidos.
Circula en las esferas de gobierno el informe preparado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre las perspectivas que abre la situación social del país. En el rubro de alarma roja figuran Salta, Jujuy, Chaco, Neuquén, Río Negro, Corrientes y Santa Fe. Dentro de la alarma amarilla, se ubican Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
El análisis de situación sostiene que el grado de conflictividad social alcanza niveles críticos en 30% del país y que está en estado de gravedad media – alta otro 20%.
Mientras tanto, en esferas no del todo fidedignas, circula el rumor de que no serían ajenas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la realización de un plan subversivo continental financiado con los recursos que obtienen del narcotráfico. Versiones que deben ser tomadas como beneficio de inventario, a los solos efectos de almacenar el dato en la memoria.
