Conflicto por juicios patrimoniales
Se instaló entre la OEA y el Gobierno, quien no quiere que el organismo internacional interfiera con la Justicia argentina.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno están lejos de ponerse de acuerdo en cuanto a las investigaciones en casos de supuestas violaciones a los derechos humanos.
Este conflicto surgió ante las críticas que realizó el abogado Ernesto Galante ante la Oficina Anticorrupción contra el representante de la Argentina ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos, el embajador Leandro Despouy.
Todo se basa en que el letrado acusó a Despouy de violar tratados internacionales y “actuar con ligereza”, puesto que el representante argentino se había opuesto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indemnice los daños de derechos de propiedad.
En concreto, Galante fue abogado de la empresa Celulosa Argentina durante 1991 y, cuando ésta pidió su concurso preventivo (que fue aprobado por la Justicia), se originó el reclamo del letrado por una deuda de honorarios fijada en US$ 100 millones.
Galante hizo el reclamo ante la justicia de Santa Fe, primero, luego ante la Corte Suprema dado que el fuero santafecino lo rechazó, y posteriormente ante la Corte Interamericana dependiente de la OEA puesto que la demanda también había fracasado en la Corte Suprema.
Lo cierto es que en 1999 Galante llegó a un acuerdo con la cancillería argentina por el cual su entonces titular Guido Di Tella firmó un decreto en el que se saldaba la deuda de Celulosa Argentina.
La situación ahora muestra a la OEA reclamando al gobierno de Fernando de la Rúa las facultades para actuar judicialmente sobre el patrimonio de Celulosa Argentina, y al Estado argentino empecinado en sostener la postura de que los juicios patrimoniales no son competencia de organismos de defensa de los derechos humanos.
En última instancia, es el juez federal Gabriel Cavallo quien ahora investiga la forma en que Di Tella manejó el asunto y los decretos que fueron firmados (y que Di Tella niega).
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno están lejos de ponerse de acuerdo en cuanto a las investigaciones en casos de supuestas violaciones a los derechos humanos.
Este conflicto surgió ante las críticas que realizó el abogado Ernesto Galante ante la Oficina Anticorrupción contra el representante de la Argentina ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos, el embajador Leandro Despouy.
Todo se basa en que el letrado acusó a Despouy de violar tratados internacionales y “actuar con ligereza”, puesto que el representante argentino se había opuesto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indemnice los daños de derechos de propiedad.
En concreto, Galante fue abogado de la empresa Celulosa Argentina durante 1991 y, cuando ésta pidió su concurso preventivo (que fue aprobado por la Justicia), se originó el reclamo del letrado por una deuda de honorarios fijada en US$ 100 millones.
Galante hizo el reclamo ante la justicia de Santa Fe, primero, luego ante la Corte Suprema dado que el fuero santafecino lo rechazó, y posteriormente ante la Corte Interamericana dependiente de la OEA puesto que la demanda también había fracasado en la Corte Suprema.
Lo cierto es que en 1999 Galante llegó a un acuerdo con la cancillería argentina por el cual su entonces titular Guido Di Tella firmó un decreto en el que se saldaba la deuda de Celulosa Argentina.
La situación ahora muestra a la OEA reclamando al gobierno de Fernando de la Rúa las facultades para actuar judicialmente sobre el patrimonio de Celulosa Argentina, y al Estado argentino empecinado en sostener la postura de que los juicios patrimoniales no son competencia de organismos de defensa de los derechos humanos.
En última instancia, es el juez federal Gabriel Cavallo quien ahora investiga la forma en que Di Tella manejó el asunto y los decretos que fueron firmados (y que Di Tella niega).
