Confirmaron el procesamiento de Carlos Rhom

La Cámara Federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva y el embargo por 100 millones de pesos contra el ex vicepresidente del Banco General de Negocios, acusado de ser el "jefe de una asociación ilícita que fugaba divisas al extranjero".

15 julio, 2002

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala II de la
Cámara, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi,
quienes confirmaron también los procesamientos y embargo por 50
millones del ex director de la entidad Rufino Basabilvaso de
Alvear y del contador Adrián Darío Couce.

Si bien los camaristas convalidaron la existencia de una “banda
organizada para cometer delitos” dentro de las entidades que
conformaban el grupo económico del BGN, tal como se había resuelto
en primera instancia, se enfrentaron ante una “situación especial”
en lo atinente a los procesamientos por subversión económica.

Esta “circunstancia inusual” se vincula a que esa norma fue
derogada por el Congreso, luego de haberse dictado los
procesamientos, por lo que los camaristas instaron a la magistrada
a que “acredite los delitos que por encuadrarlos en la ley de
subversión económica, no acreditó en su momento”.

“La derogación de una figura ley no puede convertir los
diferentes hechos por los cuales se decretara el procesamiento de
los nombrados en actos penalmente irrelevantes”, criticaron los
jueces, quienes ordenaron a Servini de Cubría que “reevaluara”
esos ilícitos y los encuadrara en una nueva figura penal.

Para los jueces, “al imputar subversión económica se omitió
profundizar en la indagación de aspectos importantes que hacen a
la configuración de otras figuras defraudatorias más
específicas”.

Con respecto a la situación de Rhom, los jueces pusieron de
relevancia “la posición que mantenía tanto en lo atinente a la
estructura del grupo como en el proceso de toma de decisiones
concretas” y especificaron que “las operaciones concretas de bonos
y los créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a
empresas del grupo” dependían de su mando.

“Carlos Rhom era al menos uno de los jefes de la organización,
que conocía perfectamente las distintas líneas de maniobras y
estructura de la organización”, concluyeron los camaristas.

Entre la operatoria, los jueces explicaron que es posible
vislumbrar una “línea de presuntas defraudaciones a eventuales
clientes del Banco General de Negocios a través del desvío de
depósitos o bonos a una entidad homónima”.

Según los jueces, habrían sido “mas de 300 los ahorristas
perjudicados por el accionar del Banco General de Negocios
mediante una operatoria que habría venido ocurriendo desde hace
diez años”.

Los jueces especificaron que entre las empresas asociadas al
BGN que habrían intervenido en la maniobra se encuentran la
Compañía General de Negocios SAIFE, el Banco Comercial de Uruguay
y el San Luis Financial Investment de Paraná.

Según explicó la extensa resolución, la Compañía General de
Negocios “actuaba sin estar autorizada en la Argentina” y se
“relacionaba con sus clientes a través del BGN que actuaba
captando depósitos y contabilizándolos como si fueran recibidos
en el Uruguay”.

“No toda las operaciones llevadas a cabo por las entidades
financieras eran delictivas, es posible la existencia de una
organización paralela que pudo funcionaar gracias a entidad
formada”, explicaron los magistrados.

En esta línea, agregaron que se “logró institucionalizar un
mecanismo paralelo dentro del BGN para sacar dinero del país
vulnerando todos los controles estatales pundiendo conllevar
posibles blanqueos de capital, producto por ejemplo de evasión
impositiva”.

En base a estos datos, los camaristas le ordenaron a la jueza
que siga investigando la maniobra, para lo cual se sugirieron la
realización de pericias que deberán realizarse “de modo
inmediato”, atenta a la situación de detenidos de algunos de los
imputados.

Fuente: Noticias Argentinas

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala II de la
Cámara, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi,
quienes confirmaron también los procesamientos y embargo por 50
millones del ex director de la entidad Rufino Basabilvaso de
Alvear y del contador Adrián Darío Couce.

Si bien los camaristas convalidaron la existencia de una “banda
organizada para cometer delitos” dentro de las entidades que
conformaban el grupo económico del BGN, tal como se había resuelto
en primera instancia, se enfrentaron ante una “situación especial”
en lo atinente a los procesamientos por subversión económica.

Esta “circunstancia inusual” se vincula a que esa norma fue
derogada por el Congreso, luego de haberse dictado los
procesamientos, por lo que los camaristas instaron a la magistrada
a que “acredite los delitos que por encuadrarlos en la ley de
subversión económica, no acreditó en su momento”.

“La derogación de una figura ley no puede convertir los
diferentes hechos por los cuales se decretara el procesamiento de
los nombrados en actos penalmente irrelevantes”, criticaron los
jueces, quienes ordenaron a Servini de Cubría que “reevaluara”
esos ilícitos y los encuadrara en una nueva figura penal.

Para los jueces, “al imputar subversión económica se omitió
profundizar en la indagación de aspectos importantes que hacen a
la configuración de otras figuras defraudatorias más
específicas”.

Con respecto a la situación de Rhom, los jueces pusieron de
relevancia “la posición que mantenía tanto en lo atinente a la
estructura del grupo como en el proceso de toma de decisiones
concretas” y especificaron que “las operaciones concretas de bonos
y los créditos otorgados tanto en Uruguay como en Argentina a
empresas del grupo” dependían de su mando.

“Carlos Rhom era al menos uno de los jefes de la organización,
que conocía perfectamente las distintas líneas de maniobras y
estructura de la organización”, concluyeron los camaristas.

Entre la operatoria, los jueces explicaron que es posible
vislumbrar una “línea de presuntas defraudaciones a eventuales
clientes del Banco General de Negocios a través del desvío de
depósitos o bonos a una entidad homónima”.

Según los jueces, habrían sido “mas de 300 los ahorristas
perjudicados por el accionar del Banco General de Negocios
mediante una operatoria que habría venido ocurriendo desde hace
diez años”.

Los jueces especificaron que entre las empresas asociadas al
BGN que habrían intervenido en la maniobra se encuentran la
Compañía General de Negocios SAIFE, el Banco Comercial de Uruguay
y el San Luis Financial Investment de Paraná.

Según explicó la extensa resolución, la Compañía General de
Negocios “actuaba sin estar autorizada en la Argentina” y se
“relacionaba con sus clientes a través del BGN que actuaba
captando depósitos y contabilizándolos como si fueran recibidos
en el Uruguay”.

“No toda las operaciones llevadas a cabo por las entidades
financieras eran delictivas, es posible la existencia de una
organización paralela que pudo funcionaar gracias a entidad
formada”, explicaron los magistrados.

En esta línea, agregaron que se “logró institucionalizar un
mecanismo paralelo dentro del BGN para sacar dinero del país
vulnerando todos los controles estatales pundiendo conllevar
posibles blanqueos de capital, producto por ejemplo de evasión
impositiva”.

En base a estos datos, los camaristas le ordenaron a la jueza
que siga investigando la maniobra, para lo cual se sugirieron la
realización de pericias que deberán realizarse “de modo
inmediato”, atenta a la situación de detenidos de algunos de los
imputados.

Fuente: Noticias Argentinas

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