Confirman pedido de encarcelamiento de directivos de Shell

Por supuesta infracción a la ley de abastecimiento solicitó el encarcelamiento de los directivos. Además, pidió ser considerado querellante en la causa para poder impulsar el proceso.

Aguinsky podrá emplazar a Shell de acuerdo al procedimiento de los juicios correccionales cuando la sala B de la Cámara en lo penal Económico resuelva si el magistrado es competente para proseguir con el trámite de esas denuncias. Se llegó a esta segunda instancia porque la fiscal Alicia Sustaita dictaminó que el sumario debía tramitarse en Formosa, ya que allí se efectuó una de las primeras inspecciones a la empresa denunciada. También la Sala B deberá decidir, por pedido de Shell, sobre la actuación del juez en lo penal económico Diego Zyzman (juzgado 8°), quien se declaró incompetente sobre otras denuncias penales contra la petrolera.

Una historia de tensiones

La relación entre la petrolera Shell y el gobierno nacional es más que tirante y mostró varios escenarios de batalla. Algunos de ellos netamente retóricos; otros de acción y movilización; ahora, el plano preferido es el judicial.

Shell, compañía con una facturación global de US$ 315.000 millones, estuvo a punto de vender sus activos en la Argentina (sólo opera en la refinación y comercialización de combustibles) a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Esto fue en febrero de 2005. Pero el desembarco bolivariano se frenó y dio lugar al primer encontronazo de resonancia pública entre la empresa privada y el presidente argentino, Néstor Kirchner.

Semanas más tarde, en marzo de ese año, ante el anuncio de aumento de precios de los combustibles, Kirchner convocó a un boicot contra Shell. Al llamado acudió el movimiento social del ex funcionario Luis D´Elía, que bloqueó la entrada de más de 30 estaciones de la marca.

Una nueva escalada del conflicto, que ahora sí no se detendría hasta hoy, tuvo ocasión en septiembre de 2006, cuando la petrolera anunció el lanzamiento de un gasoil premium (extra-refinado) 10% más caro. En medio de la carestía de este combustible, sólo una semana tardó Moreno para sancionar la norma 1334, retroactiva, que obligaba a las empresas a pedir permiso a la Subsecretaría de Combustibles para lanzar productos.

Pasado ese episodio, no comenzó a llover gasoil en el campo, sino multas e inspecciones sobre las petroleras. Así, Shell, que abastece 13% del mercado de gasoil, recibió la mayor cantidad de reprimendas, para convertirse en la “oveja negra” del empresariado. El principal atacante, amparado en la ley de abastecimiento de 1974, fue Moreno.

Otro de los episodios conflictivos tiene que ver con el alza silenciosa de los precios. En los últimos meses, las compañías hicieron ajustes al alza en cuatro oportunidades, situación que fue publicitada por los medios de comunicación. En la primera ocasión las subas fueron anuladas; en la segunda, se retrotrajeron parcialmente; pero todavía se esperan medidas para la tercera y cuarta ocasión. Además de las refinadoras, en este juego están involucrados los estacioneros, que aseguran ser los verdaderos perjudicados.

Denuncias y apelaciones

Estas tensiones comenzaron a llegar a los tribunales, una vez que Moreno decidió que toda infracción tomara ese curso. Así, de todas las actas libradas contra la empresa (unas 88 desde 2003), 27 llegaron en forma de denuncia ante la Justicia (la primera de ellas llegó el último 2 de julio) y se esperan nuevos aluviones. Ante cada infracción, se abre un expediente administrativo y aplicación de multa que el gobierno remite a tribunales, convertido en denuncia, para que los jueces determinen la responsabilidad de los directivos.

La primera ocasión en que el gobierno aplicó la Ley de Abastecimiento para multar a una empresa fue en diciembre de 2006. Justamente la víctima fue esta compañía extranjera. Entre diciembre y julio, a medida que en el campo denunciaban la falta de gasoil, los inspectores de Moreno labraron 32 multas de $1 millón. Cada una correspondiente a las estaciones de servicio donde verificaron el faltante.

Una gran proporción de las denuncias cayeron en manos del juez en lo penal económico Diego Zysman, quien se declaró incompetente y pasó las fojas al juzgado número 6, que encabeza Aguinsky (remisión que deben considerar los camaristas de la Sala B). Aunque previo a ese traspaso cerró la causa por carecer de impulso fiscal, medida que será apelada por la empresa.
Es justamente Aguinsky quien llamó el martes a Moreno a declarar. Con 15 de las denuncias contra Shell, el juez abrió una causa bajo el proceso que se sigue para juicios correccionales (que también considera la Sala B antes de continuar). Aguinsky preferiría unificar todo bajo un solo proceso.

Ante esta situación, la defensa del presidente de Shell, Juan José Aranguren, presentó un recurso de amparo para el posible juicio oral y público, por considerar que las sanciones administrativas que les impuso el gobierno son arbitrarias. Pero fue justamente el juez Zysman quien rechazó el último 22 de agosto el pedido presentado por Shell. Nuevamente la petrolera apeló la medida.

Pero no fue la única medida de Shell, quien se dirigió directamente a la opinión pública. El viernes último publicó una solicitada en los diarios en que denuncia ser discriminada. Los voceros de la empresa aseguran que el gobierno incurrió en la “violación de las garantías constitucionales y la desnaturalización de las instituciones”.

El objetivo del secretario de Comercio Interior es aplicar una sanción ejemplar contra los directivos de una empresa acusada de desabastecer deliberadamente el mercado de gasoil en un momento de carestía del producto. Para ello se basa en la cuestionada ley de abastecimiento, que prevé desde multas millonarias hasta penas de cuatro años de prisión. El funcionario contaría con al menos 32 carpetas que probarían el delito en el que habría incurrido la compañía, aseguran en su entorno.

La ley de abastecimiento 20.680 fue firmada por María Estela Martínez Perón en 1974, y su constitucionalidad está puesta en duda. Durante los primeros años presidenciales de Carlos Menem, la ley fue derogada, pero quedó vigente el inciso “C” del artículo 2° que establece que el “Poder Ejecutivo podrá (…) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción”, párrafo del cual se sostiene Moreno y su resolución 25/06, que obliga a las petroleras a abastecer cada año más gasoil que el anterior, en función al crecimiento de la economía.

Aguinsky cree que la ley está vigente y puede ser aplicada. Abrir esta causa le podría permitir, según aseguran sus allegados, que el juicio sirva como “caso testigo” para sentar jurisprudencia sobre los alcances y límites de la polémica norma.

La causa abierta no tendría en consideración la aplicabilidad de las multas, que en la Secretaria de Comercio dan por descontada (a pesar de su dudosa cobranza). Lo que estaría en juego en los juzgados es directamente la responsabilidad de los directivos de las empresas, a quienes Moreno extendió la acusación y pedido de cárcel.

Por supuesta infracción a la ley de abastecimiento solicitó el encarcelamiento de los directivos. Además, pidió ser considerado querellante en la causa para poder impulsar el proceso.

Aguinsky podrá emplazar a Shell de acuerdo al procedimiento de los juicios correccionales cuando la sala B de la Cámara en lo penal Económico resuelva si el magistrado es competente para proseguir con el trámite de esas denuncias. Se llegó a esta segunda instancia porque la fiscal Alicia Sustaita dictaminó que el sumario debía tramitarse en Formosa, ya que allí se efectuó una de las primeras inspecciones a la empresa denunciada. También la Sala B deberá decidir, por pedido de Shell, sobre la actuación del juez en lo penal económico Diego Zyzman (juzgado 8°), quien se declaró incompetente sobre otras denuncias penales contra la petrolera.

Una historia de tensiones

La relación entre la petrolera Shell y el gobierno nacional es más que tirante y mostró varios escenarios de batalla. Algunos de ellos netamente retóricos; otros de acción y movilización; ahora, el plano preferido es el judicial.

Shell, compañía con una facturación global de US$ 315.000 millones, estuvo a punto de vender sus activos en la Argentina (sólo opera en la refinación y comercialización de combustibles) a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Esto fue en febrero de 2005. Pero el desembarco bolivariano se frenó y dio lugar al primer encontronazo de resonancia pública entre la empresa privada y el presidente argentino, Néstor Kirchner.

Semanas más tarde, en marzo de ese año, ante el anuncio de aumento de precios de los combustibles, Kirchner convocó a un boicot contra Shell. Al llamado acudió el movimiento social del ex funcionario Luis D´Elía, que bloqueó la entrada de más de 30 estaciones de la marca.

Una nueva escalada del conflicto, que ahora sí no se detendría hasta hoy, tuvo ocasión en septiembre de 2006, cuando la petrolera anunció el lanzamiento de un gasoil premium (extra-refinado) 10% más caro. En medio de la carestía de este combustible, sólo una semana tardó Moreno para sancionar la norma 1334, retroactiva, que obligaba a las empresas a pedir permiso a la Subsecretaría de Combustibles para lanzar productos.

Pasado ese episodio, no comenzó a llover gasoil en el campo, sino multas e inspecciones sobre las petroleras. Así, Shell, que abastece 13% del mercado de gasoil, recibió la mayor cantidad de reprimendas, para convertirse en la “oveja negra” del empresariado. El principal atacante, amparado en la ley de abastecimiento de 1974, fue Moreno.

Otro de los episodios conflictivos tiene que ver con el alza silenciosa de los precios. En los últimos meses, las compañías hicieron ajustes al alza en cuatro oportunidades, situación que fue publicitada por los medios de comunicación. En la primera ocasión las subas fueron anuladas; en la segunda, se retrotrajeron parcialmente; pero todavía se esperan medidas para la tercera y cuarta ocasión. Además de las refinadoras, en este juego están involucrados los estacioneros, que aseguran ser los verdaderos perjudicados.

Denuncias y apelaciones

Estas tensiones comenzaron a llegar a los tribunales, una vez que Moreno decidió que toda infracción tomara ese curso. Así, de todas las actas libradas contra la empresa (unas 88 desde 2003), 27 llegaron en forma de denuncia ante la Justicia (la primera de ellas llegó el último 2 de julio) y se esperan nuevos aluviones. Ante cada infracción, se abre un expediente administrativo y aplicación de multa que el gobierno remite a tribunales, convertido en denuncia, para que los jueces determinen la responsabilidad de los directivos.

La primera ocasión en que el gobierno aplicó la Ley de Abastecimiento para multar a una empresa fue en diciembre de 2006. Justamente la víctima fue esta compañía extranjera. Entre diciembre y julio, a medida que en el campo denunciaban la falta de gasoil, los inspectores de Moreno labraron 32 multas de $1 millón. Cada una correspondiente a las estaciones de servicio donde verificaron el faltante.

Una gran proporción de las denuncias cayeron en manos del juez en lo penal económico Diego Zysman, quien se declaró incompetente y pasó las fojas al juzgado número 6, que encabeza Aguinsky (remisión que deben considerar los camaristas de la Sala B). Aunque previo a ese traspaso cerró la causa por carecer de impulso fiscal, medida que será apelada por la empresa.
Es justamente Aguinsky quien llamó el martes a Moreno a declarar. Con 15 de las denuncias contra Shell, el juez abrió una causa bajo el proceso que se sigue para juicios correccionales (que también considera la Sala B antes de continuar). Aguinsky preferiría unificar todo bajo un solo proceso.

Ante esta situación, la defensa del presidente de Shell, Juan José Aranguren, presentó un recurso de amparo para el posible juicio oral y público, por considerar que las sanciones administrativas que les impuso el gobierno son arbitrarias. Pero fue justamente el juez Zysman quien rechazó el último 22 de agosto el pedido presentado por Shell. Nuevamente la petrolera apeló la medida.

Pero no fue la única medida de Shell, quien se dirigió directamente a la opinión pública. El viernes último publicó una solicitada en los diarios en que denuncia ser discriminada. Los voceros de la empresa aseguran que el gobierno incurrió en la “violación de las garantías constitucionales y la desnaturalización de las instituciones”.

El objetivo del secretario de Comercio Interior es aplicar una sanción ejemplar contra los directivos de una empresa acusada de desabastecer deliberadamente el mercado de gasoil en un momento de carestía del producto. Para ello se basa en la cuestionada ley de abastecimiento, que prevé desde multas millonarias hasta penas de cuatro años de prisión. El funcionario contaría con al menos 32 carpetas que probarían el delito en el que habría incurrido la compañía, aseguran en su entorno.

La ley de abastecimiento 20.680 fue firmada por María Estela Martínez Perón en 1974, y su constitucionalidad está puesta en duda. Durante los primeros años presidenciales de Carlos Menem, la ley fue derogada, pero quedó vigente el inciso “C” del artículo 2° que establece que el “Poder Ejecutivo podrá (…) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución o producción”, párrafo del cual se sostiene Moreno y su resolución 25/06, que obliga a las petroleras a abastecer cada año más gasoil que el anterior, en función al crecimiento de la economía.

Aguinsky cree que la ley está vigente y puede ser aplicada. Abrir esta causa le podría permitir, según aseguran sus allegados, que el juicio sirva como “caso testigo” para sentar jurisprudencia sobre los alcances y límites de la polémica norma.

La causa abierta no tendría en consideración la aplicabilidad de las multas, que en la Secretaria de Comercio dan por descontada (a pesar de su dudosa cobranza). Lo que estaría en juego en los juzgados es directamente la responsabilidad de los directivos de las empresas, a quienes Moreno extendió la acusación y pedido de cárcel.