Complicaciones con el cheque cancelatorio

El gobierno nacional estudia algunas complicaciones que se han presentado en relación a la entrada en vigencia del cheque cancelatorio para operaciones de compra-venta superiores a los US$ 10.000.

Algunos entendidos afirman que el próximo lunes, cuando entre en vigencia la ley, será casi imposible concretar operaciones por encima del límite impuesto.

Esto estaría preocupando seriamente al Gobierno en un momento en que desde el sector oficial todos los mensajes y discursos apuntan a impulsar la reactivación de una economía que arrastra una recesión de tres años.

Mientras se analizaba la ley, varias veces los banqueros se opusieron a la misma aduciendo lo mismo que hoy descubren en el gobierno: su inaplicabilidad; por eso vienen reuniéndose con el Banco Central desde la misma fecha de la sanción, para consensuar un reglamento que la haga viable.

Las primeras reuniones fueron entre los principales bancos; después, las conclusiones se vehiculizaron a través de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) ante la autoridad monetaria.

Según fuentes de los bancos, el resultado al que arribaron ABA y el Central sería satisfactorio y, sobre todo, permitiría aplicar la norma.

Los escribanos también vienen advirtiendo desde que se conoció el proyecto las dificultades que plantea el uso de cheques para el perfeccionamiento de escrituras, de operaciones calzadas y para otras particularidades del mercado inmobiliario argentino.

Uno de los inconvenientes que plantean es la vehiculización del cobro de impuestos y servicios atrasados al momento de realizar una escritura; “habrá que avisarle al vendedor que traiga el efectivo necesario para saldar esos importes, que antes sencillamente se retenían al momento de escriturar del precio del inmueble”, dice un escribano.

Pero lo más grave, según la opinión de los notarios, es que el vendedor perdería lo que se denomina «derecho de reivindicación», o sea el recupero del bien entregado en caso de que el cheque no pueda ser efectivizado.

«Lo que le queda es el recurso de hacer juicio por cobro de pesos, que puede durar años»—dicen— y agregan «El vendedor ahora tendría todas las de perder, porque transfiere el dominio del bien sin saber si va a poder cobrarlo».

Para quienes se integren al sistema, habrá tres tipos de operaciones: la compra de cheques cancelatorios, la venta de los mismos y el endoso/certificación.

Si bien todavía no está definido cuál será el costo que deberán afrontar los usuarios de este medio de pago, los bancos aplicarían una comisión para la compra y para la venta de entre 0,15% y 0,25% sobre el monto total, con un mínimo de $ 50; en cambio, para el endoso sólo se cobrará un monto fijo que variará de acuerdo a la entidad.

Cabe recordar que el cheque cancelatorio es apenas una de las alternativas de medios de pago permitidos para las compraventas superiores a los US$ 10.000: también se admiten depósitos en cuenta, pagos con tarjetas de crédito, cheques propios, cheques certificados y cheques emitidos contra la cuenta del propio banco.

De acuerdo a los bancos, el cheque cancelatorio funcionaría sólo para quienes no están bancarizados y puedan demostrar de manera más o menos creíble y veloz el origen de sus fondos.

El gobierno nacional estudia algunas complicaciones que se han presentado en relación a la entrada en vigencia del cheque cancelatorio para operaciones de compra-venta superiores a los US$ 10.000.

Algunos entendidos afirman que el próximo lunes, cuando entre en vigencia la ley, será casi imposible concretar operaciones por encima del límite impuesto.

Esto estaría preocupando seriamente al Gobierno en un momento en que desde el sector oficial todos los mensajes y discursos apuntan a impulsar la reactivación de una economía que arrastra una recesión de tres años.

Mientras se analizaba la ley, varias veces los banqueros se opusieron a la misma aduciendo lo mismo que hoy descubren en el gobierno: su inaplicabilidad; por eso vienen reuniéndose con el Banco Central desde la misma fecha de la sanción, para consensuar un reglamento que la haga viable.

Las primeras reuniones fueron entre los principales bancos; después, las conclusiones se vehiculizaron a través de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) ante la autoridad monetaria.

Según fuentes de los bancos, el resultado al que arribaron ABA y el Central sería satisfactorio y, sobre todo, permitiría aplicar la norma.

Los escribanos también vienen advirtiendo desde que se conoció el proyecto las dificultades que plantea el uso de cheques para el perfeccionamiento de escrituras, de operaciones calzadas y para otras particularidades del mercado inmobiliario argentino.

Uno de los inconvenientes que plantean es la vehiculización del cobro de impuestos y servicios atrasados al momento de realizar una escritura; “habrá que avisarle al vendedor que traiga el efectivo necesario para saldar esos importes, que antes sencillamente se retenían al momento de escriturar del precio del inmueble”, dice un escribano.

Pero lo más grave, según la opinión de los notarios, es que el vendedor perdería lo que se denomina «derecho de reivindicación», o sea el recupero del bien entregado en caso de que el cheque no pueda ser efectivizado.

«Lo que le queda es el recurso de hacer juicio por cobro de pesos, que puede durar años»—dicen— y agregan «El vendedor ahora tendría todas las de perder, porque transfiere el dominio del bien sin saber si va a poder cobrarlo».

Para quienes se integren al sistema, habrá tres tipos de operaciones: la compra de cheques cancelatorios, la venta de los mismos y el endoso/certificación.

Si bien todavía no está definido cuál será el costo que deberán afrontar los usuarios de este medio de pago, los bancos aplicarían una comisión para la compra y para la venta de entre 0,15% y 0,25% sobre el monto total, con un mínimo de $ 50; en cambio, para el endoso sólo se cobrará un monto fijo que variará de acuerdo a la entidad.

Cabe recordar que el cheque cancelatorio es apenas una de las alternativas de medios de pago permitidos para las compraventas superiores a los US$ 10.000: también se admiten depósitos en cuenta, pagos con tarjetas de crédito, cheques propios, cheques certificados y cheques emitidos contra la cuenta del propio banco.

De acuerdo a los bancos, el cheque cancelatorio funcionaría sólo para quienes no están bancarizados y puedan demostrar de manera más o menos creíble y veloz el origen de sus fondos.