El suyo fue un delito menor: manipular el presupuesto para esconder el régimen fiscal en un país acosado repetidamente por híper inflación y desmanejo fiscal. Ella denuncia golpe de estado, pero el impeachment fue un proceso constitucional avalado por la Suprema Corte y nueve miembros del Senado fueron ministros en su gobierno.
La decisión, que termina con casi 14 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores, pone en el centro de la escena al presidente interino Michel Temer en un momento en que Brasil sufre la peor recesión en más de un siglo. El nuevo gobierno deberá abocarse a los dos temas que motivaron el impeachment: la recesión y el escándalo de Petrobras, que implica tanto a empresarios del sector privado como a funcionarios del más alto nivel del gobierno.
Si bien la palabra “golpe” fue usada por Dilma y sus partidarios durante todo el tiempo, la Corte Suprema estuvo unánimemente de acuerdo en que el proceso destitutivo es constitucional. La percepción de muchos, sin embargo, es que la remoción de Dilma fue una medida puramente política y llama la atención de muchos que se destituya a una presidenta por violaciones bastante técnicas de la ley de presupuesto por un Senado en el cual muchos de sus miembros están procesados por actividades incompatibles con la función pública y cosas peores.
Tampoco gusta a muchos que el vicepresidente Temer se haya vuelto contra Dilma. Existe la sensación de que los políticos han aprovechado la insatisfacción del pueblo con toda la política brasileña para desalojarla del poder. La aprobación pública de Temer ya cayó a 13%.
El escaso apoyo a Temer y el tibio apoyo al impeachment no son, en sí mismos, una amenaza para la democracia brasileña. Sin embargo, la forma en que se ha manejado este impeachment esconde la posibilidad de ser altamente polarizante.
Temer tiene poco más de dos años (elecciones presidenciales en 2018) para convertirse en el presidente que logró recuperar la prosperidad y el crecimiento de Brasil. De él se espera que haga ajustes al presupuesto y que adopte políticas más mercantilistas que Dilma. Pero las políticas de contracción económica no van a ser populares. También se verá presionado por sus propios seguidores políticos en el PMDB y el PSDB para que adopte políticas expansionistas y así preparar el terreno para ayudar a los partidos de centro derecha en las elecciones de l2018. Esto podría generar una especie de esquizofrenia en las políticas públicas de los próximos dos años
Como telón de fondo de las políticas públicas está la investigación por, que está procesando a importantes figuras de la élite económica brasileña. Pero va a ser difícil arrancar de cuajo la corrupción porque la política nacional depende de la formación de coaliciones de partidos sobre la base de intercambio de favores. El entramado de corrupción se extiende tanto que la confianza en la totalidad de la clase política se ha visto profundamente debilitada.
Panorama para 2018
En las elecciones presidenciales de 2018 competirán el PT (Partido de los Trabajadores, de Dilma), el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) y el PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). El PT tratará de instalarse como el que alza la voz contra la traición de Temer. Los miembros insistirán en condenar la “puñalada en la espalda” de Temer para explicar el impeachment de Dilma y prometer el retorno de los programas populares recortados por Temer. Uno de sus líderes, el expresidente Lula da Silva, sigue siendo el candidato presidencial más popular para 2018, a pesar de estar procesado por corrupción. Pero si Temer se puede posicionar como quien lideró un gobierno de limpieza y logra restaurar el crecimiento económico y erradicar la corrupción, podría posicionar a su partido, el PMDB y su coalición política para triunfar en las elecciones. Aunque el PMDB y el PSDB están actualmente trabajando juntos como parte de la administración Temer, hay una serie de políticos del PSDB que se supone buscarán la presidencia.
