Las 50 medidas para sus primeros 100 días de gobierno que anunciara en octubre la entonces candidata Bachelet durante su campaña presidencial, que requieren una inversión calculada en US$ 720 millones, tropezarán con un presupuesto que desafìa su concreción.
En marzo asume la nueva presidenta y se encontrará con un presupuesto ajustado casi sin libre disponibiidad que atentará contra la concreción de los proyectos anunciados para el primer año.
En los últimos días fue hackeado el sitio web del Ministerio de Educación, para dejar en pantalla este mensaje: “Sra Presidenta, haremos todo lo posible por hacerle la vida difícil”.
La misma clase media enojada que plagó de protestas estudiantiles el gobierno del saliente Sebastián Piñera, podría no verse satisfecha fácilmente. Los dirigentes de los principales movimientos estudiantiles de Chile reclaman una profunda reforma educativa, una de las exigencias más urgentes de la población.
El reclamo no solo se basa en gratuidad de la educación superior, sino que también incluye reformas de carácter sistémico que deben abordarse y que se vienen planteando desde las grandes marchas estudiantiles suscitadas en el año 2011. El modelo educativo vigente fue implantado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y redujo el aporte del Estado y abrió la educación al mercado, encareciendo su costo.
En su campaña Bachelet cargó contra las empresas privadas que lucran indebidamente brindando una educación cara y mediocre.
“Está claro que los estudiantes y otros movimientos sociales van a mantener la presión. Ellos presentan sus demandas, dijo a Financial Times robert funk, un profesor de la Universidad de Chile. “Los líderes estudiantiles se han ido radicalizando a lo largo de 25 años y no cejarán en sus reclamos.
Bachelet frontará también tensiones en la propia coalición gobernante, que comprende desde grupo pro empresariales hasta comunistas.
La derecha opositora también pondrá barreras a algunas de las más ambiciosas reformas de la nueva presidenta. Aunque su gobierno contará con la mayoría necesaria en el Congreso para cambiar la legislación tributaria, que probablemente serà d inmediata luego de asumir el 11 de marzo, no tiene el apoyo que necesita para reformar la constitución de 1980 otra de sus promesas de campaña.
