A partir de mañana (martes 9), los pagos en efectivo por sumas superiores a 10.000 pesos o dólares no tendrían validez dada la aplicación efectiva de la denominada ley antievasión.
La norma sostiene en su primer artículo que los pagos superiores a la cifra antes mencionada, deben ser formalizados con depósitos en cuentas, giros o transferencias bancarios, cheques comunes, de pago diferido o cancelatorios, o tarjetas de crédito.
La ley podría ser revisada en los próximos días por el Gobierno, según un debate que se está dando en este momento, debido a los perjuicios que amenaza con ocasionar a la actividad económica.
En este contexto, el Gobierno comenzó a estudiar el viernes la posibilidad de elaborar un decreto que sirva para volver a reglamentar la norma y hacerla viable.
En cuanto a los bancos adheridos a la operatoria, en principio los oficiales son sólo tres (Nación, Provincia y Ciudad) y cinco los privados (Galicia, Credicoop, Río, Francés y BankBoston) quienes se comprometieron a operar con el nuevo instrumento.
Se trata apenas de 20% de los que estarían en condiciones de hacerlo, toda vez que, conforme con la circular A3202 del BCRA, sólo las entidades mejor calificadas están habilitadas operarlo, es decir, a venderlos, comprarlos o permitir su endoso y certificación.
Algunos juristas advierten que la norma que se pondrá en vigor es inconstitucional porque crea un impuesto a los pagos superiores a $ 10.000; “La moneda es la forma natural de cancelar las obligaciones y así está reconocido en la Constitución, pero con esta ley esa capacidad de pago se pierde”, se queja Agustín Braschi, presidente del Colegio de Escribanos porteño.
Otro conflicto que se presenta con la letra de la ley es que la misma habla de pagos y no de precios; “Esto quiere decir que si yo tengo que pagar $ 24.000 y arreglo hacerlo en tres cuotas sucesivas de $ 8.000 para no tener que pasar por todo este tramiterío no estaré violando la ley, porque en ningún caso los pagos superarán los $ 10.000 que marca la norma.
A partir de mañana (martes 9), los pagos en efectivo por sumas superiores a 10.000 pesos o dólares no tendrían validez dada la aplicación efectiva de la denominada ley antievasión.
La norma sostiene en su primer artículo que los pagos superiores a la cifra antes mencionada, deben ser formalizados con depósitos en cuentas, giros o transferencias bancarios, cheques comunes, de pago diferido o cancelatorios, o tarjetas de crédito.
La ley podría ser revisada en los próximos días por el Gobierno, según un debate que se está dando en este momento, debido a los perjuicios que amenaza con ocasionar a la actividad económica.
En este contexto, el Gobierno comenzó a estudiar el viernes la posibilidad de elaborar un decreto que sirva para volver a reglamentar la norma y hacerla viable.
En cuanto a los bancos adheridos a la operatoria, en principio los oficiales son sólo tres (Nación, Provincia y Ciudad) y cinco los privados (Galicia, Credicoop, Río, Francés y BankBoston) quienes se comprometieron a operar con el nuevo instrumento.
Se trata apenas de 20% de los que estarían en condiciones de hacerlo, toda vez que, conforme con la circular A3202 del BCRA, sólo las entidades mejor calificadas están habilitadas operarlo, es decir, a venderlos, comprarlos o permitir su endoso y certificación.
Algunos juristas advierten que la norma que se pondrá en vigor es inconstitucional porque crea un impuesto a los pagos superiores a $ 10.000; “La moneda es la forma natural de cancelar las obligaciones y así está reconocido en la Constitución, pero con esta ley esa capacidad de pago se pierde”, se queja Agustín Braschi, presidente del Colegio de Escribanos porteño.
Otro conflicto que se presenta con la letra de la ley es que la misma habla de pagos y no de precios; “Esto quiere decir que si yo tengo que pagar $ 24.000 y arreglo hacerlo en tres cuotas sucesivas de $ 8.000 para no tener que pasar por todo este tramiterío no estaré violando la ley, porque en ningún caso los pagos superarán los $ 10.000 que marca la norma.
