Choque entre el gobierno y las privatizadas
El ministro de Planificación, Julio de Vido, salió al cruce del gerente general de Edesur, José María Hidalgo, quien advertió que durante el próximo verano podrían registrarse cortes de suministro eléctrico por el aumento de la demanda.
Hildalgo había advertido que “llega el verano y puede ser que
pase algo. Queremos decir que nosotros hicimos los deberes. Hemos
tomado todas las previsiones para que no falle nada. Pero llegamos
al verano con la mayor demanda histórica y fuera de nuestras
redes, estamos en una situación que se va a ir complicando”.
Según indicó, “sin señales de precios, si el crecimiento
económico sigue al ritmo actual y si no hay buena hidraulicidad, a
medidos de 2004 entraríamos en una zona de desabastecimiento
potencial”.
En ese sentido, el directivo dijo que “si aumenta la demanda,
aumenta también la exigencia sobre las redes. Es más alto el
riesgo y habría que invertir más para mallar la red”.
Además, sostuvo que el resultado operativo “nos alcanza para
pagar el mantenimiento y los intereses de la deuda, pero no la
deuda, aunque Edesur tuvo una política muy prudente de
endeudamiento”.
Hidalgo garantizó que, con respecto a la renegociación de los
contratos, “tenemos la mejor predisposición para negociar, pero
creo que nos van a presentar una propuesta terminada”.
“Si hubiera conversaciones, yo reclamaría en primer lugar un
camino de recuperación para que nuestra empresa sea homologable
con otras compañías eléctricas del mundo y una tarifa que me
permita una rentabilidad mínima”, añadió.
Por su lado, De Vido aclaró que el Gobierno “se guía con la ley
de Emergencia Económica -que impide el aumento tarifario- y no
admitimos bajo ningún concepto la suspensión de los servicios,
bajo severas penalidades”, resaltó De Vido, en conferencia de
prensa que brindó en la Casa de Gobierno.
El funcionario sostuvo que la cuestión tarifaria del servicio
eléctrico “no se debe plantear con declaraciones altisonantes”, en
alusión a las declaraciones periodísticas que realizó el directivo
de Edesur.
El ministro consideró que “el problema hay que plantearlo
produciendo y generando energía en volúmenes acordes a los que
demanda el mercado”.
Al respecto, explicó que “algunos diarios han publicado que la
Argentina va a crecer más de cinco puntos” en 2004, por lo cual
consideró que “si yo fuera generador de energía, estaría
preocupándome cómo invierto para estar a la altura de las
circunstancias”. Y enfatizó que “un país que crece demanda
servicios”.
También hay diferencias con la regulación
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, admitió que existen “diferencias” en el Gobierno en torno a la regulación de los servicios públicos privatizados, en alusión a las discrepancias de criterios entre los ministros Roberto Lavagna y Julio de Vido.
A raíz de estas diferencias, el jefe de Gabinete subrayó que
“hay que darle tiempo” a los ministros Lavagna y De Vido “para que
trabajen” sobre este tema.
“No son diferencias que conduzcan a la ruptura, son diferencias
que conducen a algo mejor”, consideró el funcionario.
Fernández sostuvo que “antes” el
Estado buscaba “garantizar la rentabilidad de las empresas”
privatizadas, y ahora la intención del Gobierno es poner el acento
sobre la necesidad de lograr “un buen servicio”.
“Para analizar los servicios públicos, hay que observar los
cumplimientos contractuales, los cumplimientos de las inversiones,
la calidad de las prestaciones y los precios. Y con este objetivo
estamos trabajando”, agregó.
Las diferencias surgieron desde que De Vido encargó a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la
elaboración de un proyecto de control de empresa de servicios
públicos.
Luego de un par de meses de trabajo, la facultad presentó la
iniciativa que dispone que las empresas no podrán endeudarse sin
el visto bueno estatal, tendrán que aceptar una revisión de los
contratos y estarán obligadas a prestar los servicios sin
interrupciones.
Además, plantea que se obligue a las concesionarias a renunciar
a la jurisdicción internacional para resolver un litigio, crea
la tarifa social subsidiada, permite la rescisión sin causa del
contrato, apunta a rebajas tarifarias y promueve el desarrollo
de una red de prestadores y proveedores nacionales.
Ante esta suma de propuestas, Lavagna le habría presentado al
presidente Néstor Kirchner otra iniciativa tendiente a eliminar
todos los entes reguladores tal como funcionan hoy.
A cambio, la intención del Palacio de Hacienda sería poner en
marcha un “superente” regulador, que concentre el control de todas
las privatizadas.
La aplicación de este nuevo marco sería independiente de la
renegociación de los contratos con las concesionarias y al aumento
de tarifas, dos puntos que exige el FMI.
Hildalgo había advertido que “llega el verano y puede ser que
pase algo. Queremos decir que nosotros hicimos los deberes. Hemos
tomado todas las previsiones para que no falle nada. Pero llegamos
al verano con la mayor demanda histórica y fuera de nuestras
redes, estamos en una situación que se va a ir complicando”.
Según indicó, “sin señales de precios, si el crecimiento
económico sigue al ritmo actual y si no hay buena hidraulicidad, a
medidos de 2004 entraríamos en una zona de desabastecimiento
potencial”.
En ese sentido, el directivo dijo que “si aumenta la demanda,
aumenta también la exigencia sobre las redes. Es más alto el
riesgo y habría que invertir más para mallar la red”.
Además, sostuvo que el resultado operativo “nos alcanza para
pagar el mantenimiento y los intereses de la deuda, pero no la
deuda, aunque Edesur tuvo una política muy prudente de
endeudamiento”.
Hidalgo garantizó que, con respecto a la renegociación de los
contratos, “tenemos la mejor predisposición para negociar, pero
creo que nos van a presentar una propuesta terminada”.
“Si hubiera conversaciones, yo reclamaría en primer lugar un
camino de recuperación para que nuestra empresa sea homologable
con otras compañías eléctricas del mundo y una tarifa que me
permita una rentabilidad mínima”, añadió.
Por su lado, De Vido aclaró que el Gobierno “se guía con la ley
de Emergencia Económica -que impide el aumento tarifario- y no
admitimos bajo ningún concepto la suspensión de los servicios,
bajo severas penalidades”, resaltó De Vido, en conferencia de
prensa que brindó en la Casa de Gobierno.
El funcionario sostuvo que la cuestión tarifaria del servicio
eléctrico “no se debe plantear con declaraciones altisonantes”, en
alusión a las declaraciones periodísticas que realizó el directivo
de Edesur.
El ministro consideró que “el problema hay que plantearlo
produciendo y generando energía en volúmenes acordes a los que
demanda el mercado”.
Al respecto, explicó que “algunos diarios han publicado que la
Argentina va a crecer más de cinco puntos” en 2004, por lo cual
consideró que “si yo fuera generador de energía, estaría
preocupándome cómo invierto para estar a la altura de las
circunstancias”. Y enfatizó que “un país que crece demanda
servicios”.
También hay diferencias con la regulación
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, admitió que existen “diferencias” en el Gobierno en torno a la regulación de los servicios públicos privatizados, en alusión a las discrepancias de criterios entre los ministros Roberto Lavagna y Julio de Vido.
A raíz de estas diferencias, el jefe de Gabinete subrayó que
“hay que darle tiempo” a los ministros Lavagna y De Vido “para que
trabajen” sobre este tema.
“No son diferencias que conduzcan a la ruptura, son diferencias
que conducen a algo mejor”, consideró el funcionario.
Fernández sostuvo que “antes” el
Estado buscaba “garantizar la rentabilidad de las empresas”
privatizadas, y ahora la intención del Gobierno es poner el acento
sobre la necesidad de lograr “un buen servicio”.
“Para analizar los servicios públicos, hay que observar los
cumplimientos contractuales, los cumplimientos de las inversiones,
la calidad de las prestaciones y los precios. Y con este objetivo
estamos trabajando”, agregó.
Las diferencias surgieron desde que De Vido encargó a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la
elaboración de un proyecto de control de empresa de servicios
públicos.
Luego de un par de meses de trabajo, la facultad presentó la
iniciativa que dispone que las empresas no podrán endeudarse sin
el visto bueno estatal, tendrán que aceptar una revisión de los
contratos y estarán obligadas a prestar los servicios sin
interrupciones.
Además, plantea que se obligue a las concesionarias a renunciar
a la jurisdicción internacional para resolver un litigio, crea
la tarifa social subsidiada, permite la rescisión sin causa del
contrato, apunta a rebajas tarifarias y promueve el desarrollo
de una red de prestadores y proveedores nacionales.
Ante esta suma de propuestas, Lavagna le habría presentado al
presidente Néstor Kirchner otra iniciativa tendiente a eliminar
todos los entes reguladores tal como funcionan hoy.
A cambio, la intención del Palacio de Hacienda sería poner en
marcha un “superente” regulador, que concentre el control de todas
las privatizadas.
La aplicación de este nuevo marco sería independiente de la
renegociación de los contratos con las concesionarias y al aumento
de tarifas, dos puntos que exige el FMI.
