Evidentemente esto tiene que ver con los recientes compromisos asumidos por el gobierno chino con el norteamericano. La legislación se propone atender las viejas quejas de las firmas extranjeras instaladas en el país. El Congreso Nacional Popular la aprobó con 2.929 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones, a solo tres meses de debatir el primer borrador.
La medida se conoce mientras Estados Unidos y China están concentrados en una compleja negociación para resolver el conflicto comercial. La ley — que entrará en vigencia el 1 de enero de 2020 — elimina el requisito de que las empresas extranjeras transfieran tecnología propia a sus socios chinos y las protege de la interferencia ilegal del gobierno.
China también enmendará la ley de propiedad intelectual e introduce un mecanismo para penalizar las violaciones de cualquier tipo. Según sus términos, los inversores extranjeros gozarán de los mismos privilegios que las compañías chinas en la mayoría de los sectores, “a menos que hayan sido colocados en las listas negras”.