Cheque cancelatorio: primer día sin operaciones
En una reunión clave, el Gobierno buscará la forma de salvar y hacer útil el polémico instrumento. La cita reunirá a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, Economía y la Afip.
En medio de las polémicas, una sensación de desconcierto se generó con la puesta en marcha del nuevo sistema, lo que ayudó a paralizar algunas transacciones.
Los bancos reconocían no haber vendido ningún cheque ni haber recibido consultas respecto de este documento que entró en vigencia ayer, junto con la llamada ley antievasión, y que sería nuevamente reglamentado en algunos puntos en un intento por transformarlo en un instrumento útil.
Así se decidirá hoy (martes 9) durante un encuentro que reunirá al secretario legal y técnico de la Presidencia, Virgilio Loiácono, con funcionarios de Economía y de la Afip.
Uno de los aspectos que volvería a redactarse es el referido a las operaciones concretadas antes de la aplicación efectiva de la ley, que comenzó ayer.
Por ahora, el cheque cancelatorio no es práctico no eficaz; así lo han admitido economistas, abogados y escribanos.
Hasta el propio jefe de Gabinete admitió que “en el corto plazo” la utilización del cheque cancelatorio “a lo mejor complica” los trámites .
Para el economista Raúl Cuello, ex titular de la DGI, el documento “es malo y no va a servir a los fines para los cuales fue implementado”.
Por su parte, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Héctor D´Odorico, reclamó que la funcionalidad del cheque “se reglamente en forma precisa entre la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Escribanos y el Gobierno, porque la norma debería ser sencilla y transparente, para que no obstaculice las operaciones inmobiliarias”.
El abogado Osvaldo Riopedre, de la Asociación de Consumidores y Usuarios, consideró que el nuevo cheque “va en contra del Código Civil, porque cambia la cancelación de las operaciones que no se pueden hacer en efectivo por más de $10.000”.
Adelantó, además, que en la entidad se estudia la eventual inconstitucionalidad de la medida por lo que contemplan “la posibilidad de hacer una presentación judicial”.
También el Colegio de Escribanos porteño alertó sobre los “grandes inconvenientes” y las “eventuales situaciones de injusticia” que surgirán a raíz de la implementación del nuevo sistema y estimó que los eventuales conflictos que surjan por su aplicación “perturbarán aún más la sobrecargada tarea de los tribunales”.
En medio de las polémicas, una sensación de desconcierto se generó con la puesta en marcha del nuevo sistema, lo que ayudó a paralizar algunas transacciones.
Los bancos reconocían no haber vendido ningún cheque ni haber recibido consultas respecto de este documento que entró en vigencia ayer, junto con la llamada ley antievasión, y que sería nuevamente reglamentado en algunos puntos en un intento por transformarlo en un instrumento útil.
Así se decidirá hoy (martes 9) durante un encuentro que reunirá al secretario legal y técnico de la Presidencia, Virgilio Loiácono, con funcionarios de Economía y de la Afip.
Uno de los aspectos que volvería a redactarse es el referido a las operaciones concretadas antes de la aplicación efectiva de la ley, que comenzó ayer.
Por ahora, el cheque cancelatorio no es práctico no eficaz; así lo han admitido economistas, abogados y escribanos.
Hasta el propio jefe de Gabinete admitió que “en el corto plazo” la utilización del cheque cancelatorio “a lo mejor complica” los trámites .
Para el economista Raúl Cuello, ex titular de la DGI, el documento “es malo y no va a servir a los fines para los cuales fue implementado”.
Por su parte, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Héctor D´Odorico, reclamó que la funcionalidad del cheque “se reglamente en forma precisa entre la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Escribanos y el Gobierno, porque la norma debería ser sencilla y transparente, para que no obstaculice las operaciones inmobiliarias”.
El abogado Osvaldo Riopedre, de la Asociación de Consumidores y Usuarios, consideró que el nuevo cheque “va en contra del Código Civil, porque cambia la cancelación de las operaciones que no se pueden hacer en efectivo por más de $10.000”.
Adelantó, además, que en la entidad se estudia la eventual inconstitucionalidad de la medida por lo que contemplan “la posibilidad de hacer una presentación judicial”.
También el Colegio de Escribanos porteño alertó sobre los “grandes inconvenientes” y las “eventuales situaciones de injusticia” que surgirán a raíz de la implementación del nuevo sistema y estimó que los eventuales conflictos que surjan por su aplicación “perturbarán aún más la sobrecargada tarea de los tribunales”.
