Cese de pagos: no toda la culpa es de Argentina
Un tribunal de Fráncfort sostiene que la banca es corresponsable por perjuicios que el cese de pagos argentino causó a tenedores de bonos. Así opinaban ya economistas no ligados al negocio financiero. El dictamen crea un precedente.
En lo formal, un juez alemán ha fallado a favor de un inversor, a quien ahora la banca SEB deberá indemnizar en € 36.000. Motivo: no haberlo asesorado correctamente sobre los riesgos que involucraban –ya a mediados de 2001- los papeles de deuda externa argentina.
“La entidad financiera relativizó esos riesgos cuando ya había señales alarmantes en la economía del país emisor”. Exactamente, lo que también hacían por entonces el Fondo Monetario Internacional, la gran banca y los mismos analistas (no “economistas”) que tres ministros del actual gobierno acaban de censurar en público.
Quebrando una costumbre local, esta vez se dieron nombres y apellidos. Por ejemplo, Miguel A.Broda –el que anunciaba un dólar a cinco o diez pesos para fin de 2002-, Daniel Artana, Jorge Ávila, Pablo Guidotti y Juan Luis Bour. Sólo falta citar a medios, columnistas y espacios que sacralizaron la convertibilidad con paridad rígida y la “contabilidad imaginativa” de Domingo F.Cavallo, Roque Fernández o Pedro Pou.
Obviamente, la justicia germana parece menos adicta al negocio financiero –incluyendo fondos buitres y abogados oportunistas- que la norteamericana, la italiana o la española. “El funcionario de SEB que trataba con el inversor no le informó sobre la mala calidad de los papeles argentinos, que Standard & Poor’s calificaba B. Vale decir –consta en despachos de Deutsche Presse Agentur-, eran de alto riesgo”.
Munido de amplia jurisprudencia, el magistrado recuerda que “ya en 1956, Argentina dejó de pagar deudas y eso generó el Club de París”. Esta sentencia puede modificar las relaciones entre los acreedores, en particular los que han formado grupos litigantes. En realidad, no los manejan los rentistas –tan ingenuos como los italianos o tan poco escrupulosos como los argentinos residentes afuera-, sino intermediarios profesionales.
En Italia, una “Argentina task force” consiguió hacer embargar un crédito oficial por € 2.050.000. Poco dinero; quizá menos de lo que embolsará el suizo Niccolò Stock, gestor de la alianza. El mismo viernes, NML Capital (Caimán), radicó demanda en los tribunales de Nueva York por US$ 172 millones en bonos argentinos. La suma supera varias veces la del pleito italiano.
Pero, si se trata del un fondo buitre, el caso es inverso, pues –seguramente- compró esos papeles por monedas y ahora los usa para sacar réditos. Al respecto, Guillermo Nielsen (renegociador de deudas) debiera conversar con Eliot Spitzer, fiscal neoyorquino experto en argucias de operadores bursátiles y financieros.
En lo formal, un juez alemán ha fallado a favor de un inversor, a quien ahora la banca SEB deberá indemnizar en € 36.000. Motivo: no haberlo asesorado correctamente sobre los riesgos que involucraban –ya a mediados de 2001- los papeles de deuda externa argentina.
“La entidad financiera relativizó esos riesgos cuando ya había señales alarmantes en la economía del país emisor”. Exactamente, lo que también hacían por entonces el Fondo Monetario Internacional, la gran banca y los mismos analistas (no “economistas”) que tres ministros del actual gobierno acaban de censurar en público.
Quebrando una costumbre local, esta vez se dieron nombres y apellidos. Por ejemplo, Miguel A.Broda –el que anunciaba un dólar a cinco o diez pesos para fin de 2002-, Daniel Artana, Jorge Ávila, Pablo Guidotti y Juan Luis Bour. Sólo falta citar a medios, columnistas y espacios que sacralizaron la convertibilidad con paridad rígida y la “contabilidad imaginativa” de Domingo F.Cavallo, Roque Fernández o Pedro Pou.
Obviamente, la justicia germana parece menos adicta al negocio financiero –incluyendo fondos buitres y abogados oportunistas- que la norteamericana, la italiana o la española. “El funcionario de SEB que trataba con el inversor no le informó sobre la mala calidad de los papeles argentinos, que Standard & Poor’s calificaba B. Vale decir –consta en despachos de Deutsche Presse Agentur-, eran de alto riesgo”.
Munido de amplia jurisprudencia, el magistrado recuerda que “ya en 1956, Argentina dejó de pagar deudas y eso generó el Club de París”. Esta sentencia puede modificar las relaciones entre los acreedores, en particular los que han formado grupos litigantes. En realidad, no los manejan los rentistas –tan ingenuos como los italianos o tan poco escrupulosos como los argentinos residentes afuera-, sino intermediarios profesionales.
En Italia, una “Argentina task force” consiguió hacer embargar un crédito oficial por € 2.050.000. Poco dinero; quizá menos de lo que embolsará el suizo Niccolò Stock, gestor de la alianza. El mismo viernes, NML Capital (Caimán), radicó demanda en los tribunales de Nueva York por US$ 172 millones en bonos argentinos. La suma supera varias veces la del pleito italiano.
Pero, si se trata del un fondo buitre, el caso es inverso, pues –seguramente- compró esos papeles por monedas y ahora los usa para sacar réditos. Al respecto, Guillermo Nielsen (renegociador de deudas) debiera conversar con Eliot Spitzer, fiscal neoyorquino experto en argucias de operadores bursátiles y financieros.
