Caso Pinochet: impulsan una “solución política”
En Chile quieren que se termine el juicio contra el ex dictador . El juez ya despachó la orden de detención domiciliaria mientras la derecha, militares y empresarios se unen para buscar una alternativa.
Una gran ofensiva política, empresarial y militar se desencadenó ayer en Chile, destinada a imponer una “solución política” o una intervención de la Corte Suprema que anule o impida que se materialice la orden de arresto dictada contra el ex dictador Augusto Pinochet .
En el plano jurídico, la ofensiva se materializó con la presentación de una “orden de no innovar” destinada a paralizar los efectos de la detención domiciliaria de Pinochet.
Al mismo tiempo, se supo que Guzmán ya despachó la orden de detención domiciliaria y que Pinochet debería cumplirla en su casa en La Dehesa, en Santiago.
A la espera de que la Corte de Apelaciones reciba hoy un informe de Guzmán con los fundamentos jurídicos de su fallo, después de los cuales la Corte tendrá 48 horas para resolver el amparo presentado por la defensa de Pinochet, en distintos planos continuó el cuestionamiento del juez Guzmán, a quien se acusa de “parcialidad” y graves “arbitrariedades procesales”.
Al se consultado por la prensa, el magistrado chileno que entiende en la causa respondió: “el fallo lo resolví conforme a mi conciencia y como juez”.
La reacción de la derecha fue inmediata; en un comunicado acusaron al gobierno de “falta de liderazgo” al carecer de la capacidad de impulsar un acuerdo político que resuelva la situación de Pinochet aludiendo a una tensión extrema de las FF.AA, que no fue corroborada por los jefes de la aviación y carabineros.
El argumento de fondo, enfatizaron, es que del juicio a Pinochet “depende la paz social del país”. Un argumento que utilizó también Walter Riesco, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien manifestó que los jueces deben actuar con prudencia y tener conciencia de que fallos como el que afecta al general Pinochet “interfieren en la reactivación económica”.
Poco después, el vicepresidente de la República, José Miguel Insulza, rechazó todo acuerdo político en torno al “caso Pinochet”, ya que se estaría violando la Constitución y la separación de poderes que ella consagra, ya que “no le está permitido a ninguna autoridad abocarse a juicios pendientes”.
Una gran ofensiva política, empresarial y militar se desencadenó ayer en Chile, destinada a imponer una “solución política” o una intervención de la Corte Suprema que anule o impida que se materialice la orden de arresto dictada contra el ex dictador Augusto Pinochet .
En el plano jurídico, la ofensiva se materializó con la presentación de una “orden de no innovar” destinada a paralizar los efectos de la detención domiciliaria de Pinochet.
Al mismo tiempo, se supo que Guzmán ya despachó la orden de detención domiciliaria y que Pinochet debería cumplirla en su casa en La Dehesa, en Santiago.
A la espera de que la Corte de Apelaciones reciba hoy un informe de Guzmán con los fundamentos jurídicos de su fallo, después de los cuales la Corte tendrá 48 horas para resolver el amparo presentado por la defensa de Pinochet, en distintos planos continuó el cuestionamiento del juez Guzmán, a quien se acusa de “parcialidad” y graves “arbitrariedades procesales”.
Al se consultado por la prensa, el magistrado chileno que entiende en la causa respondió: “el fallo lo resolví conforme a mi conciencia y como juez”.
La reacción de la derecha fue inmediata; en un comunicado acusaron al gobierno de “falta de liderazgo” al carecer de la capacidad de impulsar un acuerdo político que resuelva la situación de Pinochet aludiendo a una tensión extrema de las FF.AA, que no fue corroborada por los jefes de la aviación y carabineros.
El argumento de fondo, enfatizaron, es que del juicio a Pinochet “depende la paz social del país”. Un argumento que utilizó también Walter Riesco, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien manifestó que los jueces deben actuar con prudencia y tener conciencia de que fallos como el que afecta al general Pinochet “interfieren en la reactivación económica”.
Poco después, el vicepresidente de la República, José Miguel Insulza, rechazó todo acuerdo político en torno al “caso Pinochet”, ya que se estaría violando la Constitución y la separación de poderes que ella consagra, ya que “no le está permitido a ninguna autoridad abocarse a juicios pendientes”.
