Caso Cavallo: ¿rige punto final?
El fiscal se opone a la detención del presunto genocida y alega que debe aplicarse a Cavallo la ley de ´punto final´ por provenir de un parlamento democrático.
El fiscal de la Audiencia Nacional –Pedro Rubira– señala ,en el recurso en el que se opone a la orden de detención del presunto genocida argentino Miguel Ángel Cavallo, que las leyes de punto final y Obediencia Debida dictadas por el Parlamento de la República Argentina deben ser reconocidas por España, al ser dictadas por un Parlamento elegido democráticamente.
El fiscal reproduce las alegaciones de anteriores recursos sobre la falta de competencia de España para juzgar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina que, en su opinión, “debe ser examinada por tribunales superiores” a la Audiencia Nacional. Según la Fiscalía, esas cuestiones jurídicas “no están resueltas pacíficamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina científica”.
Rubira señala que la jurisdicción española debe respetar “el derecho de todo país soberano a resolver los horrores de su pasado, en la forma en que sus mayorías democráticas lo estimen conveniente y necesario” y agrega que, de no hacerlo de esa manera, se violaría la Carta de las Naciones Unidas, que establece el principio de igualdad de soberanía entre todos los Estados miembros.
El fiscal de la Audiencia Nacional –Pedro Rubira– señala ,en el recurso en el que se opone a la orden de detención del presunto genocida argentino Miguel Ángel Cavallo, que las leyes de punto final y Obediencia Debida dictadas por el Parlamento de la República Argentina deben ser reconocidas por España, al ser dictadas por un Parlamento elegido democráticamente.
El fiscal reproduce las alegaciones de anteriores recursos sobre la falta de competencia de España para juzgar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina que, en su opinión, “debe ser examinada por tribunales superiores” a la Audiencia Nacional. Según la Fiscalía, esas cuestiones jurídicas “no están resueltas pacíficamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina científica”.
Rubira señala que la jurisdicción española debe respetar “el derecho de todo país soberano a resolver los horrores de su pasado, en la forma en que sus mayorías democráticas lo estimen conveniente y necesario” y agrega que, de no hacerlo de esa manera, se violaría la Carta de las Naciones Unidas, que establece el principio de igualdad de soberanía entre todos los Estados miembros.
