El análisis realizado por Nadin Argañaraz evaluó el impacto fiscal anual para 2025 de dos proyectos de ley que plantean cambios en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles entre la Nación, la Anses, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para el ejercicio, se consideró una recaudación estimada de $4.800.000 millones para el año próximo. En este marco, se compararon dos propuestas con dictámenes opuestos en la comisión de Diputados.
Una de ellas, con dictamen de mayoría, plantea aumentar la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, sin modificar la participación directa de la Anses y reduciendo la del Tesoro Nacional. La otra, con dictamen de minoría, propone elevar la participación de provincias y CABA al 42%.
Impacto monetario y fiscal
En términos absolutos, la iniciativa mayoritaria implicaría un aumento de recursos para las provincias por $1.580.000 millones, mientras que la minoritaria representaría un incremento de $814.000 millones.
Desde la perspectiva del Producto Bruto Interno (PBI), el impacto fiscal de la propuesta mayoritaria equivaldría al 0,18% del PBI, y el de la minoritaria, al 0,1%.
El concepto de impacto fiscal se define como el excedente que pasaría a las provincias y que dejaría de ingresar al Tesoro Nacional, lo que indica una reducción en la recaudación directa de la Nación.
Cambios en la distribución de recursos
El análisis permite dimensionar el efecto que tendrían estas modificaciones en la distribución de recursos, evidenciando un marcado aumento en la participación provincial y de la CABA en detrimento de la Nación.
La propuesta con dictamen de mayoría representa un cambio más significativo en la asignación de fondos, al destinar más del doble de recursos adicionales a las jurisdicciones subnacionales en comparación con la minoritaria.
Ambas iniciativas mantienen sin cambios la participación directa de la Anses, concentrándose el ajuste en la redistribución entre el Tesoro Nacional y los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma.
Este debate legislativo refleja la tensión entre la Nación y las provincias respecto a la gestión y destino de los recursos provenientes de un impuesto clave para la economía nacional.
Según informó Argarañaz, este tipo de análisis es fundamental para comprender las consecuencias fiscales que derivan de las propuestas en estudio y sus posibles efectos sobre la distribución de recursos públicos en Argentina.
