Argentina es como una casa con una gotera en el techo, cuyos dueños como única solución colocan un balde en el piso, de modo que el agua no se derrame por las habitaciones. Cuando el balde se llena, se lo cambia por otro, pero la gotera (y el problema) sigue.
Es lo que ocurre con el stock de deuda pública, que se constituye a partir de los flujos anuales de déficit fiscal: cuando la deuda resulta impagable, defaulteamos y reestructuramos, para obtener quitas y más tiempo para pagar, pero nunca arreglamos el problema del déficit fiscal, que sigue alimentando nuevas deudas, o emisiones exageradas de dinero (que también es deuda).
En el año 2008 el sector público nacional (SPN) contaba con un superávit primario de 2,8% del PIB, que se transformó en un déficit de 3,8% del PIB en 2015.
Con Cambiemos, en 2017 dicho desequilibrio aún se ubicaba en 3,8%, pero luego vino una reacción, quizá obligada por la crisis de 2018, y en 2019 se exhibió un déficit primario de sólo 0,4% del PIB. En 2020, tras los efectos de la pandemia, el desequilibrio primario se podría ubicar en torno al 8%.
Y aquí viene el gran interrogante: ¿tal déficit será transitorio como consecuencia de la pandemia, o se convertirá en permanente, en un nuevo ciclo fiscal expansivo?
Rumores de nuevos planes sociales, como el Ingreso Básico Universal, que podría costar 2,4 puntos del PIB, no permiten ser muy optimistas respecto a que esta vez sí cerraremos la gotera fiscal.
El hecho que el acuerdo por la deuda de ley extranjera implique que los pagos más pesados serán a partir de 2024, ya con un nuevo período de gobierno, resultarán un fuerte incentivo para no cerrar la gotera fiscal entre 2021 y 2023. Y si ello ocurre, y dado que el gasto público tiene cierta inflexibilidad a la baja, será difícil que en 2024 la nueva Administración logre cambiar la dinámica fiscal y obtener superávit.
En todo caso, lo que puede inducir una política fiscal cuidadosa para que el año que viene se reduzca fuertemente el desequilibrio, y luego se pase a equilibrio en 2022 y superávit en 2023, es la negociación con el FMI, de quien necesitamos también un acuerdo que postergue los pesados vencimientos con ese organismo en 2022 y 2023.
Pero el FMI podría poner el ojo sobre el sistema previsional, que tiene un gasto anual de 11% del PIB, sólo superado en LA por Brasil, con 13%, pero que ya produjo una reforma el año pasado. También podría insistir sobre el gasto anual en personal del estado, que en Argentina resulta de 12,7% del PIB, cuando en países como Chile, Perú, Uruguay y México se ubica entre 6% y 7% del PIB. Si Argentina tuviera un gasto en personal estatal como el de esos países, con el ahorro podría construir anualmente 625 mil viviendas de 60 m2.
(*) Presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea
