Bush: el senado se suma a la ofensiva de diputados por Irak
La cámara alta aprobó, por 50 votos a 48, el cronograma de evacuación en Irak. La semana pasada, diputados hizo lo mismo- Pese a tensiones por la captura de marineros británicos, ahora el congreso íntegro desafía a George W.Bush.
Por otra parte, comisiones de ambas cámaras han ordenado comparecer a altos funcionarios. Deberán declarar bajo juramento en el caso de los ocho fiscales despedidos en 2006. Una subcomisión judicial del senado secundó a su equivalente en diputados. Ambas autorizan convocatirias compulsivas a Karl Rove -máximo asesor de Bush- y otros implicados. La medida se les aplicará sólo si, obedeciendo instrucciones presidenciales, se niegan a deponer voluntariamente bajo juramento.
Esta semana, Bush nuevamente salió en defensa de Rove y el secretario de justicia, Alberto González. Reiteró que se opondría a las citaciones. Ofreció permitir que sus asesores respondiesen preguntas de investigadores, aunque sólo a puertas cerradas y de ninguna manera bajo juramento. Tampoco aceptaba toma taquigráficas de las conversaciones. El congreso calificó de inadmisible la propuesta, ideada por el vicepresidente Richard Cheney.
Bush sostiene que “se busca montar un juicio espectacular en el Capitolio”. Pero la cuestión es institucionalmente grave. Recientes revelaciones sobre
el defenestramiento de ocho fiscales “molestos para la Casa Blanca” han creado un escándalo. Medios y dirigentes vienen pidiendo la dimisión de González, un ultraconservador vinculado a George W., su hermano Jeb, Cheney y Rove.
El paquete de e-mails, entregado a mediados de mes por el ejecutivo al legislativo, demuestra que Rove participó en reuniones sobre el asunto, junto con altos funcionarios, a poco de ser reelegido Bush (2005).González, Cheney, Rove y Harriet Miers –fallida candidata a la Corte Suprema- analizaron posibilidades de echar no a ocho sino a los 93 fiscales del fuero en todo el país. Algunos relacionan esa propuesta extrema con el “lobby”de estudios contables opuesto a la ley Sarbanes-Oxley, que Bush luego empezaría a criticar.
Aunque los presidentes tienen facultades para despedir fiscales, en este caso había un ingrediente político: investigaciones sobre fraudes electorales que afectaban a diversos dirigentes republicanos. En particular una iniciada en 2001 por manipuleo de urnas en Florida, atribuido al gobernador Jeb Bush y un grupo de cubanos allegado a González. Posteriormente, éste fue consejero en la Casa Blanca y juez federal en Tejas.
Sin embargo, los correos electrónicos ahora difundidos perjudican mayormente a Rove. Uno de ellos explica que éste “preguntó cómo se planeaba proceder con los fiscales. O sea, si se le pedía la renuncia a todos para luego aceptársela a los más molestos”. Eso presentaba un riesgo: si un solo fiscal se negase a dimitir, habría un conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo, aun con una corte sesgada a favor de los republicanos.
Entretanto, la cámara baja aumentaba presiones sobre la Casa Blanca, al aprobar el jueves un cronograma para la evacuación de Irak. Desdeñando una amenaza presidencial –el veto-, los diputados recordaron que pueden condicionar fondos por más de US$ 100.000 millones pedidos para esa guerra. El calendario, a la sazón, tiene hasta el momento dos plazos finales tentativos: 31 de marzo o 31 de julio de 2006.
Por otra parte, comisiones de ambas cámaras han ordenado comparecer a altos funcionarios. Deberán declarar bajo juramento en el caso de los ocho fiscales despedidos en 2006. Una subcomisión judicial del senado secundó a su equivalente en diputados. Ambas autorizan convocatirias compulsivas a Karl Rove -máximo asesor de Bush- y otros implicados. La medida se les aplicará sólo si, obedeciendo instrucciones presidenciales, se niegan a deponer voluntariamente bajo juramento.
Esta semana, Bush nuevamente salió en defensa de Rove y el secretario de justicia, Alberto González. Reiteró que se opondría a las citaciones. Ofreció permitir que sus asesores respondiesen preguntas de investigadores, aunque sólo a puertas cerradas y de ninguna manera bajo juramento. Tampoco aceptaba toma taquigráficas de las conversaciones. El congreso calificó de inadmisible la propuesta, ideada por el vicepresidente Richard Cheney.
Bush sostiene que “se busca montar un juicio espectacular en el Capitolio”. Pero la cuestión es institucionalmente grave. Recientes revelaciones sobre
el defenestramiento de ocho fiscales “molestos para la Casa Blanca” han creado un escándalo. Medios y dirigentes vienen pidiendo la dimisión de González, un ultraconservador vinculado a George W., su hermano Jeb, Cheney y Rove.
El paquete de e-mails, entregado a mediados de mes por el ejecutivo al legislativo, demuestra que Rove participó en reuniones sobre el asunto, junto con altos funcionarios, a poco de ser reelegido Bush (2005).González, Cheney, Rove y Harriet Miers –fallida candidata a la Corte Suprema- analizaron posibilidades de echar no a ocho sino a los 93 fiscales del fuero en todo el país. Algunos relacionan esa propuesta extrema con el “lobby”de estudios contables opuesto a la ley Sarbanes-Oxley, que Bush luego empezaría a criticar.
Aunque los presidentes tienen facultades para despedir fiscales, en este caso había un ingrediente político: investigaciones sobre fraudes electorales que afectaban a diversos dirigentes republicanos. En particular una iniciada en 2001 por manipuleo de urnas en Florida, atribuido al gobernador Jeb Bush y un grupo de cubanos allegado a González. Posteriormente, éste fue consejero en la Casa Blanca y juez federal en Tejas.
Sin embargo, los correos electrónicos ahora difundidos perjudican mayormente a Rove. Uno de ellos explica que éste “preguntó cómo se planeaba proceder con los fiscales. O sea, si se le pedía la renuncia a todos para luego aceptársela a los más molestos”. Eso presentaba un riesgo: si un solo fiscal se negase a dimitir, habría un conflicto entre los poderes judicial y ejecutivo, aun con una corte sesgada a favor de los republicanos.
Entretanto, la cámara baja aumentaba presiones sobre la Casa Blanca, al aprobar el jueves un cronograma para la evacuación de Irak. Desdeñando una amenaza presidencial –el veto-, los diputados recordaron que pueden condicionar fondos por más de US$ 100.000 millones pedidos para esa guerra. El calendario, a la sazón, tiene hasta el momento dos plazos finales tentativos: 31 de marzo o 31 de julio de 2006.
