Buscan llevar a juicio oral y arrestar a autoridades de Shell
Se radicó una denuncia por desabastecimiento, cuyo riesgo de prisión carece de precedentes. Algunos lo suponen una represalia personal contra el presidente de la compañía. Otros lo asocian al deterioro del kirchnerismo en las encuestas.
El estado acusa a la petrolera angloholandesa por no suministrar gasoil y apostar a aumentos de precios. Subscribe la presentación Guillermo Moreno, polémico secretario de comercio interior, y su objetivo es el presidente ejecutivo de la filial argentina, Juan José Aranguren.
Este directivo es uno de los pocos, en el sector privado, que suele decir en voz alta lo que piensa de Néstor Kirchner y su administración. En cierto sentido, la ofensiva judicial contra Shell recuerda el acoso a Elisa Carrió, una dirigente en el polo social opuesto a Aranguren.
Según la denuncia, la empresa transgredió una ley sancionada en 1974 con la firma de María Estela Martínez Perón. Hace años que su legitimidad constitucional se debate entre juristas. Pero el proceso avanza gracias a un juez que no gusta enfrentar al poder ejecutivo, Marcelo Aguinsky, quien abrió una causa correccional que prevé hasta cuatro años de prisión y citó a Aranguren para el lunes 27.
Por supuesto, sería un absurdo político que el ejecutivo fuese a la cárcel mientras la barra brava de Ríver sigue en libertad, para citar un contrasentido típico del momento. También cabe señalar que RD/S es la tercera petrolera privada del mundo y, como dato curioso, está siendo acosada por el gobierno ruso y su programa de “resovietización” económica.
La pelea entre Aranguren y el gobierno empezó en marzo de 2005, cuando Kirchner pidió “no comprarle ni una lata de aceite” a la firma. Casualmente, piqueteros oficiliastas (Luis d’Elia) bloquearon treinta estaciones de servicio, sin que apareciera algún juez para impedirlo o castigarlo. A fines de 2006, el estado multó a la compañía en $ 26 millones, esta vez por buenos motivos: sobreprecios. Esto se repitió en julio pasado (cinco millones).
El clima actual es denso. Por un lado, hay una interna entre Néstor y Cristina K., quien quisiera ver a Julio de Vido y Aníbal Fernández fuera del gobierno. Por el otro, el nuevo brote de violencia en Santa Cruz evidencia un peronismo atado a malas costumbres. Sólo la victoria en La Rioja aportaba una cuota de alivio a los problemas de una candidata oficialista que corre riesgo de no imponerse en primera vuelta, pero no puede criticar en público en entorno de su esposo.
El estado acusa a la petrolera angloholandesa por no suministrar gasoil y apostar a aumentos de precios. Subscribe la presentación Guillermo Moreno, polémico secretario de comercio interior, y su objetivo es el presidente ejecutivo de la filial argentina, Juan José Aranguren.
Este directivo es uno de los pocos, en el sector privado, que suele decir en voz alta lo que piensa de Néstor Kirchner y su administración. En cierto sentido, la ofensiva judicial contra Shell recuerda el acoso a Elisa Carrió, una dirigente en el polo social opuesto a Aranguren.
Según la denuncia, la empresa transgredió una ley sancionada en 1974 con la firma de María Estela Martínez Perón. Hace años que su legitimidad constitucional se debate entre juristas. Pero el proceso avanza gracias a un juez que no gusta enfrentar al poder ejecutivo, Marcelo Aguinsky, quien abrió una causa correccional que prevé hasta cuatro años de prisión y citó a Aranguren para el lunes 27.
Por supuesto, sería un absurdo político que el ejecutivo fuese a la cárcel mientras la barra brava de Ríver sigue en libertad, para citar un contrasentido típico del momento. También cabe señalar que RD/S es la tercera petrolera privada del mundo y, como dato curioso, está siendo acosada por el gobierno ruso y su programa de “resovietización” económica.
La pelea entre Aranguren y el gobierno empezó en marzo de 2005, cuando Kirchner pidió “no comprarle ni una lata de aceite” a la firma. Casualmente, piqueteros oficiliastas (Luis d’Elia) bloquearon treinta estaciones de servicio, sin que apareciera algún juez para impedirlo o castigarlo. A fines de 2006, el estado multó a la compañía en $ 26 millones, esta vez por buenos motivos: sobreprecios. Esto se repitió en julio pasado (cinco millones).
El clima actual es denso. Por un lado, hay una interna entre Néstor y Cristina K., quien quisiera ver a Julio de Vido y Aníbal Fernández fuera del gobierno. Por el otro, el nuevo brote de violencia en Santa Cruz evidencia un peronismo atado a malas costumbres. Sólo la victoria en La Rioja aportaba una cuota de alivio a los problemas de una candidata oficialista que corre riesgo de no imponerse en primera vuelta, pero no puede criticar en público en entorno de su esposo.
