Ejemplos muy ilustrativos de los desequilibrios son las anomalías en la masiva distribución de subsidios a la energía, el transporte y a las empresas públicas, sostiene el informe número 591del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino.
Desde la reelección de la presidente Dilma Rousseff en Brasil, a fines de octubre del año pasado, el Real se ha depreciado cerca de un 28% y posiblemente siga su caída.
Subyacen razones económicas asociadas principalmente a la magnitud del desequilibrio fiscal.
Prueba de ello es que, apenas reelegida, la primera decisión de peso de la presidente fue el nombramiento de un ministro de economía con la consigna de aplicar un fuerte ajuste en las cuentas públicas.
Pero también operan razones políticas vinculadas al destape de la corrupción en la petrolera estatal.
La que otrora fuera un ejemplo de gestión pública exitosa se ha convertido en un modelo de administración delictiva dirigida al financiamiento espurio de la política y al enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios amigos del poder.
En la Argentina, las causas judiciales por corrupción a funcionarios y empresarios amigos y la falta de transparencia en el manejo del Estado tienen muchos parecidos con el caso brasileño.
En cambio, en lo que respecta a la situación económica la quietud del dólar y del riesgo país llevan a suponer que la situación es más calma que en Brasil.
En esta perspectiva es de interés realizar algunas comparaciones sobre la situación fiscal de los principales países de la región.
Con datos oficiales de cada país, para 2014, se observa que:
- En Brasil, el déficit del sector público central ascendió a 5,7% del PBI.
- En Uruguay, el déficit del sector público fue de 3,5%, en Chile del 1,6% y en Perú de 0,6% del PBI.
- En Argentina, el déficit del sector público nacional fue de 2,5% del PBI.
Estos datos mostrarían que la Argentina tiene una situación fiscal mucho más controlada que Brasil e incluso que Uruguay y no muy alejada de Chile y Perú.
Sin embargo, si se excluyen de los ingresos públicos las transferencias que el Tesoro Nacional recibe desde el Banco Central, la ANSES y otros organismos estatales, el déficit del sector público nacional de la Argentina asciende a 4,9% del PBI. O sea, un desequilibrio fiscal mucho más parecido al de Brasil y entre los más altos de la región.
Financiar al sector público con transferencias del Banco Central y la ANSES no es sustentable. Para el Banco Central implica emitir sin respaldo lo que inevitablemente termina generando inflación.
Para la ANSES implica consumir ahorros previsionales. Por lo tanto, si el próximo gobierno pretende reducir la inflación y cumplir con los futuros jubilados va a ser necesario reducir el alto déficit fiscal.
Cualquiera sea la estrategia de ordenamiento fiscal, es nulo el margen para seguir aumentando impuestos.
Por el contrario, existen justificadas razones para reducir la presión impositiva.
En igual sentido, corregir el empleo público espurio y las jubilaciones injustificadamente otorgadas con las moratorias será un proceso lento y complejo.
De aquí que será ineludible revisar los subsidios económicos. En el año 2014, los subsidios a la electricidad ascendieron a 2,4% del PBI, al consumo de gas al 1,2% del PBI, a trenes y colectivos al 1% del PBI y a las empresas públicas (Aerolíneas Argentinas, AySA, Rio Turbio, Correo Argentino y medios oficiales de comunicación) al 0,5% del PBI.
La suma de todos estos subsidios asciende a 5% del PBI, o sea, el equivalente a todo el déficit fiscal. Para reducir los subsidios es necesario sincerar tarifas de servicios públicos (junto con un esquema de tarifa social) y terminar con los malos manejos en la gestión de las empresas públicas en términos de contrataciones, salarios y negociados con proveedores.
Este es un escenario muy similar al de Dilma Rousseff en Brasil.
Por ello, resulta muy riesgoso subestimar las dificultades que habrá que superar para reconstruir instituciones y recrear la estabilidad y el crecimiento.
En este marco, ahorraría muchos costos a la población que los principales candidatos, en un acto de madurez cívica, debatieran y acordaran un conjunto de acciones a tomar para lograr el ordenamiento y la transparencia del sector público.
Acciones que todos se comprometan explícitamente a ejecutar y acompañar cualquiera sea el resultado electoral.
