Bolivia: estatizaciones que pueden alejar a inversores
Ante renovadas presiones sociales, el presidente Evo Morales anunció nuevas medidas para proseguir con su programa de estatizaciones o nacionalizaciones. Como lo ven analistas internacionales, ello contradice sus deseos de atraer capitales frescos.
<p>Fiel a una imprompta populista, cada primero de mayo es una fecha simbólica. Así, en 2006, el gobierno sacó la “renacionalización” del gas. En realidad, eran demandas unilaterales de renegociar contratos en vigencia, pasándolos del tipo a riesgo al de servicio. Por supuesto, eso significó aumentar impuestos. Un año después, el presidente reveló que acababa de firmar otros contratos.<br />
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En mayo de 2008, La Paz sancionó un decreto que estatizaba al operador de telecomunicaciones Entel, tras fracasar negociaciones con Telecom Italia. También adquirió participaciones mayoritarias en tres compañías de gas natural, Andina, Chaco, Transredes. Como la telefónica, habían sido capitalizadas bajo el gobierno conservador de Gonzalo Sánchez de Lozada y eso implicaba que firmas extranjeras tomaban la mitad de cada paquete y asumían el control.<br />
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Mayo de 2009 pasó sin anuncios relevantes pero, este año, Morales dispuso la nacionalización de cuatro compañías eléctricas. Se trata de Coriani (Cochabamba), cuya mayoría pertenecía a Ecoenergy, subsidiaria de la semiestatal francesa Suez. La segunda fue Guaracachi (Santa Cruz de la Sierra, reducto del separatismo). Luego vienen dos firmas privadas: Valle Hermoso (Bolivian Generating Group) y Elfec –empresa de luz y fuerza-, una distribuidora boliviana.<br />
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Hasta ahora, la política oficial hacia inversiones y activos extranjeros consiste en refirmar el control estatal sobre sectores capitalizados o estratégicos Ello no obsta para que insista en atraer inversiones destinadas a desarrollar el potencial productivo de un país cuyos 1.100.000 km2 y escasos 12 millones de habitantes no excluyen una posición estratégica –como la del más pequeño Paraguay- en el centro de Sudamérica.<br />
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Sin embargo, el volumen de nuevas inversiones externas directas ha sido pobre en los últimos cuatro años. Mucho capital en teoría disponible duda de que el estado cumpla normas legales establecidas y le tiene poca fe al aparato judicial. En cuanto a Morales, sostiene que “Bolivia quiere socios, no amos”.<br />
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El gobierno suele emplear medidas directas para sostener sus credenciales políticas revolucionarias, como sucedió este primero de mayo. En un operativo reminiscente de 2006 (ocupación de instalaciones gasíferas), militares y policías tomaron físicamente las compañías. La Paz sostuvo que no habían cumplido metas de inversión y esgrimió la nueva constitución, según la cual servicios básicos, como la electricidad, no pueden continuar en manos privadas.<br />
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Estas acciones fueron precedidas por síntomas de descontento gremial. Algunos sindicatos claves habían rechazado un aumento salarial de 5%. La Central Obrera Boliviana (COB) salió en su apoyo, en lo que parece un endurecimiento hacia Morales. El mandatario es muy sensible a una izquierda potencialmente opositora. Si bien, la estatización eléctrica se esperaba, la amenaza de un paro general obligó al presidente a retomar la iniciativa.<br />
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Las empresas eléctricas afectadas ahora exigirán ser indemnizadas. Hay un período de seis meses y, si no hay una salida amistosa, las firmas se aferrarán a acuerdos bilaterales de inversión. Como Venezuela, Ecuador y Argentina, Bolivia ha cuestionado a menudo la independencia de árbitros internacionales.<br />
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