BM: el gasto social es mayor y menos eficiente
Según un estudio del organismo financiero internacional, 30% de los argentinos son pobres y 7% vive con menos de $ 69 por mes.
De acuerdo con la última medición del Análisis de Pobreza, elaborada por el Banco Mundial, 29,4% de la población argentina es pobre y 7%, indigente.
El cálculo se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec , que fija la línea de pobreza en ingresos por debajo de los $ 160 pesos por mes por adulto y de $ 69 pesos por mes por adulto en el caso de la indigencia.
Nueve millones de argentinos, en consecuencia, están viviendo en la pobreza y alrededor de 2 millones, en la pobreza extrema, la proporción más alta desde 1990, según las mediciones de mayo último, dadas a conocer por el Ministerio de Economía, cifras que reflejan, por otra parte, sólo a la población urbana, y no tienen en cuenta a las zonas rurales donde la pobreza, como se sabe, suele ser aún mayor.
Los indicadores económicos, sin embargo, muestran a un país con el PBI per capita –US$ 9.000– más alto de América Latina, que gasta una cantidad considerable de dinero en programas sociales, tanto en términos porcentuales –cerca de 18% del PBI– como en valores absolutos (US$ 1.600 por persona por año).
“Pero a pesar del gasto, persiste la pobreza y los indicadores sociales muestran un crecimiento desparejo”, dice Sandra Cesilini, especialista en desarrollo social del Banco Mundial.
La especialista explica que el gasto social ha aumentado en montos totales, en los últimos 20 años, pero ha disminuido en eficiencia.
Juan José Llach ha señalado que uno de los problemas que atentan contra la eficiencia y la buena llegada del gasto social a la gente es la superposición de programas nacionales, provinciales y municipales, además de los privados, sin coordinación entre sí.
La proliferación de programas y su falta de coordinación da lugar a excesivos costos de administración; Llach ha estimado que el sobrecosto emergente de esta situación puede ubicarse en el orden de los US$ 100 millones anuales.
Según Sandra Cesilini, en algunas provincias estudiadas, esa superposición de coberturas llegaría a un tercio del total del gasto involucrado.
Pero, además, amplios sectores de la sociedad argentina tienen una doble imposicion, porque el paulatino deterioro de las prestaciones estatales ha empujado a las familias de mayores ingresos a enviar a sus niños a escuelas privadas y a utilizar los servicios médicos y asistenciales del ámbito privado, lo que representa un desembolso adicional para sus bolsillos.
Países como Suecia y Dinamarca, por ejemplo, tienen una altisíma presión impositiva, pero como contrapartida, la calidad de la salud, la educacion y asistencia social garantizan a los ciudadanos una igualdad de oportunidades.
Eduardo Amadeo, ex secretario de Desarrollo Social y miembro del Foro de la Equidad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propone mejorar la coordinación entre las ONG y la sociedad civil en materia de acción social, así como la capacidad de los programas sociales para actuar en las crisis económicas. También advierte sobre la necesidad de evitar las podas al gasto social en los momentos más críticos.
Por otra parte, los cimbronazos económicos recientes demuestran la necesidad de un sistema fuerte de redes de seguridad para atenuar sus efectos devastadores sobre los más pobres.
De acuerdo con la última medición del Análisis de Pobreza, elaborada por el Banco Mundial, 29,4% de la población argentina es pobre y 7%, indigente.
El cálculo se basa en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec , que fija la línea de pobreza en ingresos por debajo de los $ 160 pesos por mes por adulto y de $ 69 pesos por mes por adulto en el caso de la indigencia.
Nueve millones de argentinos, en consecuencia, están viviendo en la pobreza y alrededor de 2 millones, en la pobreza extrema, la proporción más alta desde 1990, según las mediciones de mayo último, dadas a conocer por el Ministerio de Economía, cifras que reflejan, por otra parte, sólo a la población urbana, y no tienen en cuenta a las zonas rurales donde la pobreza, como se sabe, suele ser aún mayor.
Los indicadores económicos, sin embargo, muestran a un país con el PBI per capita –US$ 9.000– más alto de América Latina, que gasta una cantidad considerable de dinero en programas sociales, tanto en términos porcentuales –cerca de 18% del PBI– como en valores absolutos (US$ 1.600 por persona por año).
“Pero a pesar del gasto, persiste la pobreza y los indicadores sociales muestran un crecimiento desparejo”, dice Sandra Cesilini, especialista en desarrollo social del Banco Mundial.
La especialista explica que el gasto social ha aumentado en montos totales, en los últimos 20 años, pero ha disminuido en eficiencia.
Juan José Llach ha señalado que uno de los problemas que atentan contra la eficiencia y la buena llegada del gasto social a la gente es la superposición de programas nacionales, provinciales y municipales, además de los privados, sin coordinación entre sí.
La proliferación de programas y su falta de coordinación da lugar a excesivos costos de administración; Llach ha estimado que el sobrecosto emergente de esta situación puede ubicarse en el orden de los US$ 100 millones anuales.
Según Sandra Cesilini, en algunas provincias estudiadas, esa superposición de coberturas llegaría a un tercio del total del gasto involucrado.
Pero, además, amplios sectores de la sociedad argentina tienen una doble imposicion, porque el paulatino deterioro de las prestaciones estatales ha empujado a las familias de mayores ingresos a enviar a sus niños a escuelas privadas y a utilizar los servicios médicos y asistenciales del ámbito privado, lo que representa un desembolso adicional para sus bolsillos.
Países como Suecia y Dinamarca, por ejemplo, tienen una altisíma presión impositiva, pero como contrapartida, la calidad de la salud, la educacion y asistencia social garantizan a los ciudadanos una igualdad de oportunidades.
Eduardo Amadeo, ex secretario de Desarrollo Social y miembro del Foro de la Equidad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), propone mejorar la coordinación entre las ONG y la sociedad civil en materia de acción social, así como la capacidad de los programas sociales para actuar en las crisis económicas. También advierte sobre la necesidad de evitar las podas al gasto social en los momentos más críticos.
Por otra parte, los cimbronazos económicos recientes demuestran la necesidad de un sistema fuerte de redes de seguridad para atenuar sus efectos devastadores sobre los más pobres.
