El juez Sergio Moro de Curitiba (Paraná), encargado del caso Petrobras, aceptó el pedido de la Fiscalía de bloquear el dinero, que procedía de una deuda que el estado de Alagoas (noreste) había contraído con la constructora.
El dinero bloqueado no es fruto de la corrupción en Petrobras, pero el juez decidió bloquearlo para poder resarcir los eventuales daños causados por la constructora a las cuentas públicas.
Es la primera vez que el juez Moro ordena secuestrar los valores de una constructora.
Hasta el momento sólo había autorizado el bloqueo de bienes de algunos de los ejecutivos de las compañías sospechosas de integrar la red de corrupción.
La constructora informó a través de un comunicado que el crédito que debía recibir del gobierno de Alagoas es “absolutamente legítimo” y reiteró que siempre dirigió sus “actividades por la ética y el estricto cumplimiento de su legislación”.
Las investigaciones de la Policía se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.
Hasta ahora, la Policía ha detenido a cinco ex funcionarios ejecutivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo también ordenó investigar a 50 políticos, en su gran mayoría de la base oficialista, por supuestamente haberse beneficiado de los desvíos de recursos públicos.
Según las investigaciones, la vasta red de corrupción está enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y se pudo haber apropiado de decenas de millones de dólares.
