BIRF: privatizar puede ser todo un riesgo, no una panacea
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento advirtió el lunes que es riesgoso privatizar servicios en países pobres o en desarrollo. Pero hay en el planeta 2.400 millones de habitantes sin agua y 1.500 millones sin electricidad.
En un informe sobre reformas infraestructurales, el BIRF (Banco Mundial) explica que la gente sin agua potable tampoco tiene obras sanitarias. La primera cifra, según la Unesco, es similar a la masa de analfabetos o semialfabetos. Mientras tanto, una consultora especializada en comunicaciones revela que el teléfono todavía no llega a unos 6.300 millones. Virtualmente, la mitad de la población mundial.
A criterio del BIRF, sería preciso invertir alrededor de US$ 120.000 millones por año (80% de los gastos insumidos en la aventura de Irak), hasta fin de la década. En el quinquerio posterior, esa suma bajaría a US$ 50.000 millones anuales.
“La privatización dista de ser una panacea. Las futuras obras –afirma el documento del BM- requerirán un marco reglamentario explícitamente orientado a salvaguardar los intereses de área y poblaciones afectadas”. En casos de privatización, ésta exigirá pautas claras que impidan interferencias políticas y protejan a accionistas, inversores y, en particular, usuarios”.
La mala calidad de contralores jurídicos, la venalidad típica de licitaciones o concesiones de proyectos con financiamiento multilateral y poca transparencia entre los propios funcionarios del BIRF y agencias similares “generan cada día más desconfianza en los países subdesarrollados o en desarrollo”. Significativamente, el informe reconoce algo por lo común ignorado entre los ejecutivos de estas entidades: existe creciente resistencia a recomendaciones sobre política económica y financiera. Quizá porque el BM –como la Cepal y el BID- ha sido copado hace lustros por la “ortodoxia” del Fondo Monetario, vía el extinto “consenso de Washington” (1989).
El “mea culpa” abarca a François Bourguignon, analista principal del BIRF. “Posiblemente haya habido algo de exuberancia irracional –confesó- acerca de las privatizaciones como salida ideal. No obstante, las economías en desarrollo precisan aportes privados serios para mantener y expandir servicios públicos”. Como se ve, el BM y sus funcionarios ya no emplean tanto el término “emergente”; tal vez porque, en el fondo, no signifique mucho en el plano macroeconómico.
Tras examinar sondeos hechos en Argentina y Perú, el informe concluye que “más de 80% de la población rechaza la privatización, debido a mala normativa y falta de monitoreo estatal o independiente sobre las empresas concesionarias”. El ejemplo argentino no es casual: en algunos servicios públicos, los usufructuarios perciben subsidios directos o indirectos, pero no hacen las inversiones necesarias en mantenimiento y mejoras.
En un informe sobre reformas infraestructurales, el BIRF (Banco Mundial) explica que la gente sin agua potable tampoco tiene obras sanitarias. La primera cifra, según la Unesco, es similar a la masa de analfabetos o semialfabetos. Mientras tanto, una consultora especializada en comunicaciones revela que el teléfono todavía no llega a unos 6.300 millones. Virtualmente, la mitad de la población mundial.
A criterio del BIRF, sería preciso invertir alrededor de US$ 120.000 millones por año (80% de los gastos insumidos en la aventura de Irak), hasta fin de la década. En el quinquerio posterior, esa suma bajaría a US$ 50.000 millones anuales.
“La privatización dista de ser una panacea. Las futuras obras –afirma el documento del BM- requerirán un marco reglamentario explícitamente orientado a salvaguardar los intereses de área y poblaciones afectadas”. En casos de privatización, ésta exigirá pautas claras que impidan interferencias políticas y protejan a accionistas, inversores y, en particular, usuarios”.
La mala calidad de contralores jurídicos, la venalidad típica de licitaciones o concesiones de proyectos con financiamiento multilateral y poca transparencia entre los propios funcionarios del BIRF y agencias similares “generan cada día más desconfianza en los países subdesarrollados o en desarrollo”. Significativamente, el informe reconoce algo por lo común ignorado entre los ejecutivos de estas entidades: existe creciente resistencia a recomendaciones sobre política económica y financiera. Quizá porque el BM –como la Cepal y el BID- ha sido copado hace lustros por la “ortodoxia” del Fondo Monetario, vía el extinto “consenso de Washington” (1989).
El “mea culpa” abarca a François Bourguignon, analista principal del BIRF. “Posiblemente haya habido algo de exuberancia irracional –confesó- acerca de las privatizaciones como salida ideal. No obstante, las economías en desarrollo precisan aportes privados serios para mantener y expandir servicios públicos”. Como se ve, el BM y sus funcionarios ya no emplean tanto el término “emergente”; tal vez porque, en el fondo, no signifique mucho en el plano macroeconómico.
Tras examinar sondeos hechos en Argentina y Perú, el informe concluye que “más de 80% de la población rechaza la privatización, debido a mala normativa y falta de monitoreo estatal o independiente sobre las empresas concesionarias”. El ejemplo argentino no es casual: en algunos servicios públicos, los usufructuarios perciben subsidios directos o indirectos, pero no hacen las inversiones necesarias en mantenimiento y mejoras.
