Beirut: crímenes, lavado de fondos y un escándalo bancario

En febrero de 2005, cuando la inteligencia de Damasco fue involucrada en la muerte de Rafik Harirí (ex “premier” libanés), los motivos parecían claros: acabar con un oponente a treinta años de ocupación siria. Pero investigadores de Naciones Unidas, el FBI y otros entes saben ahora que existía otra razón: tapar un escándalo de estafas y corrupción, en cuyo curso gente muy importante de ambos países se robó cientos de millones de dólares.

Documentos del banco, minutas judiciales y entrevistas con investigadores –realizadas por la revista “Fortune”, edición europea- pusieron al descubierto un plan llevado a cabo, entre los últimos años 90 y 2003, para apoderarse de efectivo, bienes raíces, automóviles y joyas, a cambio de proteger y facilitar lavados de fondos por miles de millones. Su vehículo era, claro, el Bank al-Madiná (algo así como “banco de la ciudad”).

A través de su organización, grupos terroristas, contrabandistas africanos de piedras preciosas, mafias rusas, búlgaras y turcas, Saddam Huséin y traficantes de armas convertían plata negra en legítimas colocaciones financieras alrededor del mundo. No es casual que el banco tuviese agencias en Liechtenstein, Suiza, Austria y Luxemburgo.

Pese a esfuerzos para cubrir los detalles en torno del colapso bancario (principios de 2003), funcionarios sirios y libaneses comprometidos temían que Harirí volviese al poder y revelase su papel en uno de los escándalos mayores de Levante. De hecho, el más grande desde los días del ismaelita Bank of Credit & Commerce International o el asesinato del judío sirio Edmond Safra –otro banquero turbio-, a principios de los años 90 en el sur de Francia.

Según opina Marwán Hamad, actual ministro libanés de Telecomunicaciones, allegado a Hariri y objeto de un atentado, “ese asunto figura entre los motivos del crimen. De haber sido reelecto, Rafik habría reabierto una causa que llega directamente al presidente sirio, Bashar as-Assad, y a su difunto padre, Hafez”.

El equipo de la ONU, encabezado por el alemán (en realidad, turco étnico) Detlev Mehlis, se interesó en un aspecto lateral del asunto: fondos robados al del banco, usados para solventar ambos atentados y otros crímenes. Tras revisar algunos archivos de la entidad sobre sospechosos en Siria y Líbano, el grupo llegó a una conclusión: algunos de los conjurados querían liquidar a Harirí y Hamad para ocultar su papel en el vaciamiento del al-Madiná. Se trata de gente con nexos en los dos gobiernos.

Los informes de Mehlis sobre el asesinato aluden a “fraude financiero y lavado de fondos como razones adicionales para liquidar al ex primer ministro”. Los trabajos incluyen una grabación donde el general Rustom Ghazalí, entonces jefe de las tropas sirias de ocupación, acusaba a Harirí de “aludir a corruptelas sirias en un diario, violando un acuerdo para mantenerlas en secreto”. Ante semejantes revelaciones, a fines de abril el presidente George W.Bush ordenó congelar activos en territorio norteamericano pertenecientes a cualquier involucrado en el complot (aunque sin dar nombres en público).

Como parte de la lucha interna luego de que Assad extendiera en 2004 el mandato de su títere libanés, el presidente Émile Lahoud, Harirí renunció como “premier”. Su intención era ir a elecciones parlamentarias como opositor de Siria. En 2003, a todo esto, los archivos del caso al-Madiná quedaban sellados en el tesoro del banco central libanés. Esto se hizo para que Ghazalí no los quemase, pues se sabía que el general se había hecho millonario como testaferro de la dirigencia de ambos países.

La ocupación siria duró de 1976 a 2005, justo treinta años. En su transcurso, fue transformándose en una máquina de ganar dinero para la élite siria y sus cómplices locales. Las indagaciones sobre el caso Bank al-Madiná recibieron nuevo impulso en marzo último, cuando la policía brasileña detuvo a Rana Koleilat, ex secretaria ejecutiva de la difunta entidad. La dama había violado la fianza en 2005. Se la sindica como partícipe clave en el escándalo, acusada de instrumentar retiros y fraguar créditos para enriquecer a su familia y sobornar autoridades.

Mientras el banco se venía abajo, Koleilat extraía fondos por cuenta de su propietario, Adnán Abú Ayyash, un magnate de la construcción que reside en Saudiarabia, donde la “omertà” es ley. Cuando el polvo se asentó a mediados de 2003 y se pagó a los depositantes, la familia Ayyash descubrió que había perdido US$ 1.500 millones. Ése era el monto primario del vaciamiento, posible sólo gracias a la complicidad entre Koleilat y Adnán.

El año pasado, Riad Salameh (presidente del banco central libanés) no negó informes sobre amenazas personales de Ghazalí para cerrar el expediente. La familia del general parece haber obtenido US$ 32 millones del banco en forma ilicita.

Evidencias fundamentales sobre el fraude y sus alcances surgieron casi de casualidad, durante una investigación del FBI alrededor de un traficante ilegal de armas, ligado a Hezbolá (EE.UU. la considera una organización terrorista). En 2004, efectivamente, los fiscales acusaron a Nadyí Jalil por intento de comprar equipos militar norteamericano para ese grupo.

Los nexos entre Jalil y el lavado de fondos en al-Madiná salieron a luz cuando el hombre se jactó, ante agentes e informantes, de sus viajes por el mundo recaudando efectivo para depositar en la entidad, a la orden de Hezbolá y mafiosos rusos. Según minutas judiciales, Jalil –después se confesó culpable- llegó a blanquear US$ 100.000; pero el monto colocado en el banco alcanzaba US$ 160 millones.

Esas cifras realmente empalidecen comparadas con las pilas de dinero lavado por funcionarios iraquíes y sus asociados, provenientes del plan de la ONU “petróleo por alimentos”. Fue el famoso “escándalo de las 2.300 empresas” y Bank al-Madiná estuvo involucrado, junto con el hijo del actual presidente libanés.

En febrero de 2005, cuando la inteligencia de Damasco fue involucrada en la muerte de Rafik Harirí (ex “premier” libanés), los motivos parecían claros: acabar con un oponente a treinta años de ocupación siria. Pero investigadores de Naciones Unidas, el FBI y otros entes saben ahora que existía otra razón: tapar un escándalo de estafas y corrupción, en cuyo curso gente muy importante de ambos países se robó cientos de millones de dólares.

Documentos del banco, minutas judiciales y entrevistas con investigadores –realizadas por la revista “Fortune”, edición europea- pusieron al descubierto un plan llevado a cabo, entre los últimos años 90 y 2003, para apoderarse de efectivo, bienes raíces, automóviles y joyas, a cambio de proteger y facilitar lavados de fondos por miles de millones. Su vehículo era, claro, el Bank al-Madiná (algo así como “banco de la ciudad”).

A través de su organización, grupos terroristas, contrabandistas africanos de piedras preciosas, mafias rusas, búlgaras y turcas, Saddam Huséin y traficantes de armas convertían plata negra en legítimas colocaciones financieras alrededor del mundo. No es casual que el banco tuviese agencias en Liechtenstein, Suiza, Austria y Luxemburgo.

Pese a esfuerzos para cubrir los detalles en torno del colapso bancario (principios de 2003), funcionarios sirios y libaneses comprometidos temían que Harirí volviese al poder y revelase su papel en uno de los escándalos mayores de Levante. De hecho, el más grande desde los días del ismaelita Bank of Credit & Commerce International o el asesinato del judío sirio Edmond Safra –otro banquero turbio-, a principios de los años 90 en el sur de Francia.

Según opina Marwán Hamad, actual ministro libanés de Telecomunicaciones, allegado a Hariri y objeto de un atentado, “ese asunto figura entre los motivos del crimen. De haber sido reelecto, Rafik habría reabierto una causa que llega directamente al presidente sirio, Bashar as-Assad, y a su difunto padre, Hafez”.

El equipo de la ONU, encabezado por el alemán (en realidad, turco étnico) Detlev Mehlis, se interesó en un aspecto lateral del asunto: fondos robados al del banco, usados para solventar ambos atentados y otros crímenes. Tras revisar algunos archivos de la entidad sobre sospechosos en Siria y Líbano, el grupo llegó a una conclusión: algunos de los conjurados querían liquidar a Harirí y Hamad para ocultar su papel en el vaciamiento del al-Madiná. Se trata de gente con nexos en los dos gobiernos.

Los informes de Mehlis sobre el asesinato aluden a “fraude financiero y lavado de fondos como razones adicionales para liquidar al ex primer ministro”. Los trabajos incluyen una grabación donde el general Rustom Ghazalí, entonces jefe de las tropas sirias de ocupación, acusaba a Harirí de “aludir a corruptelas sirias en un diario, violando un acuerdo para mantenerlas en secreto”. Ante semejantes revelaciones, a fines de abril el presidente George W.Bush ordenó congelar activos en territorio norteamericano pertenecientes a cualquier involucrado en el complot (aunque sin dar nombres en público).

Como parte de la lucha interna luego de que Assad extendiera en 2004 el mandato de su títere libanés, el presidente Émile Lahoud, Harirí renunció como “premier”. Su intención era ir a elecciones parlamentarias como opositor de Siria. En 2003, a todo esto, los archivos del caso al-Madiná quedaban sellados en el tesoro del banco central libanés. Esto se hizo para que Ghazalí no los quemase, pues se sabía que el general se había hecho millonario como testaferro de la dirigencia de ambos países.

La ocupación siria duró de 1976 a 2005, justo treinta años. En su transcurso, fue transformándose en una máquina de ganar dinero para la élite siria y sus cómplices locales. Las indagaciones sobre el caso Bank al-Madiná recibieron nuevo impulso en marzo último, cuando la policía brasileña detuvo a Rana Koleilat, ex secretaria ejecutiva de la difunta entidad. La dama había violado la fianza en 2005. Se la sindica como partícipe clave en el escándalo, acusada de instrumentar retiros y fraguar créditos para enriquecer a su familia y sobornar autoridades.

Mientras el banco se venía abajo, Koleilat extraía fondos por cuenta de su propietario, Adnán Abú Ayyash, un magnate de la construcción que reside en Saudiarabia, donde la “omertà” es ley. Cuando el polvo se asentó a mediados de 2003 y se pagó a los depositantes, la familia Ayyash descubrió que había perdido US$ 1.500 millones. Ése era el monto primario del vaciamiento, posible sólo gracias a la complicidad entre Koleilat y Adnán.

El año pasado, Riad Salameh (presidente del banco central libanés) no negó informes sobre amenazas personales de Ghazalí para cerrar el expediente. La familia del general parece haber obtenido US$ 32 millones del banco en forma ilicita.

Evidencias fundamentales sobre el fraude y sus alcances surgieron casi de casualidad, durante una investigación del FBI alrededor de un traficante ilegal de armas, ligado a Hezbolá (EE.UU. la considera una organización terrorista). En 2004, efectivamente, los fiscales acusaron a Nadyí Jalil por intento de comprar equipos militar norteamericano para ese grupo.

Los nexos entre Jalil y el lavado de fondos en al-Madiná salieron a luz cuando el hombre se jactó, ante agentes e informantes, de sus viajes por el mundo recaudando efectivo para depositar en la entidad, a la orden de Hezbolá y mafiosos rusos. Según minutas judiciales, Jalil –después se confesó culpable- llegó a blanquear US$ 100.000; pero el monto colocado en el banco alcanzaba US$ 160 millones.

Esas cifras realmente empalidecen comparadas con las pilas de dinero lavado por funcionarios iraquíes y sus asociados, provenientes del plan de la ONU “petróleo por alimentos”. Fue el famoso “escándalo de las 2.300 empresas” y Bank al-Madiná estuvo involucrado, junto con el hijo del actual presidente libanés.