La “maquinita” del Banco Central empezó a funcionar a pleno, y es probable que la base monetaria esté superando la variación del 100 % interanual en el transcurso de estos días.
La emisión es el instrumento en medio de la crisis, pero eso no impide que una porción inusitada de Pymes anuncie que no podrán pagar los sueldos de abril, con provincias y municipios que anticipan cuotificación de salarios estatales, mientras comienzan a emitir bonos para sus proveedores, anticipa en el informe con su firma, Jorge Vasconcelos, del IERAL
Esta paradoja emerge porque la liquidez no alcanza suficiente capilaridad y porque bajo la lógica del distanciamiento los problemas de funcionamiento del lado de la oferta requieren mayor coordinación público-privada, más flexibilidad en el mercado de trabajo y mejor focalización de las políticas públicas, tanto en la salud como en la economía.
Si esas limitaciones no se resuelven en paralelo a la prolongación del aislamiento, entonces pueden aflorar efectos colaterales negativos, caso de la aceleración de la inflación que, esta vez, sólo servirá para “licuar” pasivos de aquellas firmas que hayan sobrevivido.
Es en ese contexto que el gobierno haría, en forma inminente, una oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera. Gran responsabilidad para los funcionarios a cargo, ya que esta economía no tiene espaldas para seguir soportando malas noticias.
En 30 días hasta fin de marzo la base monetaria registró una expansión de $ 576 mil millones, con una variación entre puntas de 32 %, dejando un fuerte arrastre para abril. El economista Marcelo Romano, de PPI, espera una expansión neta de al menos $ 300 mil millones en cada mes entre abril y junio, con supuestos conservadores en lo fiscal.
Aun así, la variación de la base sería del 61 % entre marzo y junio, a un ritmo de 17,5 % mensual, cuando la inflación todavía está en el 3 % mensual. Es cierto que existe “arena” en los engranajes de transmisión desde la emisión hasta los precios.
Hay más pesos de lo habitual en los bolsillos de la gente, y la recesión juega también su rol. Sin embargo, hoy está “en movimiento” menos de la mitad de la evolución del stock de base monetaria.
Para no abusar de la “maquinita”, se necesitan mecanismos que: a) limiten la emisión monetaria a lo imprescindible, aun aceptando que estaremos lejos de la “moderación”; b) logren capilaridad en la distribución del crédito, para lo que urge capitalización estatal a las Sociedades de Garantía Recíproca; c) reduzcan los riesgos de una aceleración inflacionaria, objetivo que podría ser intentado a través del desdoblamiento del mercado cambiario.
Y además que incorporen progresivamente nuevos sectores a la normalización de la producción, lo que requiere un combo de medidas en el plano de la salud, la logística y la readecuación temporal de instituciones laborales, cuya rigidez es un obstáculo para ese propósito.
Luego que Córdoba anunciara la emisión de un bono para el pago a proveedores, el gobierno nacional mostró que le teme a la explosión de cuasimonedas. Fue así que, de irrisorios $ 6 mil millones de apoyo a las provincias previamente anunciados, se pasó a un compromiso de transferencias por $ 40 mil millones/mes entre abril y junio, mitad préstamos y mitad ATN.
Este giro, de todos modos, no permite salir de la “frazada corta”. De acuerdo a estimaciones de Marcelo Capello, de Ieral, el desplome de ingresos del consolidado de provincias sería de $ 130 mil millones/mes, comparando febrero con el esperado de abril, computando coparticipación y recursos propios. Aun con los 40 mil millones, el faltante sería de 90 mil millones de pesos/mes. Para las provincias, ¿qué opciones?: cuotificación de salarios más elevados, bonos a proveedores y/o la reedición de cuasimonedas. Por la magnitud del faltante, no son excluyentes.
En cualquier caso, se trata de elegir el “mal menor”, pero el cuadrante de mejor relación costo-beneficio es sin dudas el que pasa por mayor cooperación entre Nación y Provincias, que incluya un esquema de ahorro forzoso para los salarios estatales por encima de cierto umbral. La masa salarial de nación, provincias y municipios suma 240 mil millones de pesos por mes.
Con el 8,3% de esos recursos (aportado por los sueldos más elevados) se podrían abonar 20 mil pesos por mes a un millón de trabajadores formales del sector privado, pertenecientes a los sectores paralizados, con un esquema de transición que demanda readecuar las instituciones laborales.
Aun en el escenario de cooperación, los riesgos inflacionarios seguirán latentes, con todo lo que esto implica para los segmentos más desprotegidos de la población. Aquí aparece la opción de desdoblar el mercado cambiario, creando un segmento financiero, en el que el Banco Central podría vender dólares obtenidos en el lado comercial, que apunta a ampliarse por caída de importaciones superior a la de las exportaciones.
Por el cepo, la contracción de la cuenta turismo y el recorte en el flujo de intereses a pagar tras la reestructuración, el mercado cambiario apunta a quedar desbalanceado, con exceso de oferta de dólares. Y el Central tendría que comprarlos, emitiendo más pesos!!.
Hay margen para cambios en el rubro “dólar ahorro”(menos impuesto y algo más de cupo) y para canalizar operaciones entre empresas, en un canal financiero semejante al CCL, pero más transparente y de mayor volumen. Si el Central vendiera una fracción del excedente comercial en el segmento financiero (retirando pesos), las reservas aun seguirían subiendo, el manejo de la liquidez sería más ajustado, habría ganancias cuasifiscales y mayor recaudación del impuesto al dólar ahorro.
Al mismo tiempo, se facilitaría el cálculo económico de las empresas para dividendos e inversiones, aunque éstas se limiten por ahora a fusiones y adquisiciones. Por supuesto que se requiere, además, un horizonte de salida más tangible a la crisis en lo económico, y el pilar que falta es una reestructuración exitosa de los bonos ley extranjera.
Está en juego sólo el 20 % del total de la deuda, luego del reperfilamiento ley local, pero en un terreno en el que los acreedores tienen voz y voto. El default tendría muchos costos y ningún beneficio, algo que los funcionarios a cargo deberían tener claro.
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