Argentina: ¿renacerá YPF como pieza en un juego político?

Así empieza un análisis de Joshua Goodman en el “Financial Times”. En los 90, esa privatización y la toma, por parte de la española Repsol “fue lamentada como una gran derrota por los sectores adictos al nacionalismo y el control estatal. Años más tarde, el presidente Néstor Kirchner trata de establecer, por ley, Energía Argentina SA (Enarsa), una especie de YPF mucho menos voluminosa”.

La génesis de esta compañía es muy distinta, a juzgar por el proyecto elevado al Congreso este mismo mes. Enarsa, en efecto, parece más una reguladora –para manejar la crisis energética local- que una empresa convencional.

“A primera vista –apunta el experto-, las razones de Kirchner para involucrar de nuevo al estado suenan convincentes. La vuelta de cortes eléctricos rotativos, el racionamiento industrial y la suspensión de exportaciones de gas, tras diez años sin problemas, demuestra que la privatización de los 90 no era la panacea que sus proponentes auguraban”.

Si bien Argentina tiene suficientes reservas cubicadas de crudo y gas para algo más de un decenio, “el menor ritmo de exploración e inversiones en transporte torna imposible cubrir una demanda que aumenta a razón de dos dígitos anuales. La mitad de las usinas funciona con combustibles fósiles. Por consiguiente, la economía –que debiera subir 5,5% este año, luego de marcar 8,7% en 2003- puede estancarse”.

Según el gobierno, Enarsa contribuirá a garantir que el sector privado cumpla sus compromisos. “La primera tarea es persuadir a los inversores para financiar más de US$ 3.800 millones en mejoras estructurales, que el sector privado no ha querido hasta ahora encarar”. Las propuestas van de un nuevo gasoducto a la terminación de dos megaproyectos sumidos en deudas: la represa hidroeléctrica de Yacyretá y la planta nuclear Atucha II.

A criterio de Goodman, “encontrar inversores será difícil. La sobrexplotación privada ya agotó los mejores yacimientos. Además, la pésima imagen argentina ante los mercados internacionales de capitales voluntarios obliga a sacar de Tesorería los US$ 70 millones necesarios para lanzar Enarsa”.

Por supuesto, los especialistas en el tema consultados por el experto insisten en que Argentina precisa menos, no más intervención estatal. “Los controles de tarifas forzados por la devaluación de 2001 hacen que la energía local esté entre las más baratas del mundo. Así, los precios internos del gas son menos de un tercio de los internacionales (que se cobraban a importadores vecinos, hasta el recorte de ventas en marzo)”.

Con precios deprimidos y exportaciones suspendidas, firmas como Repsol YPF, Royal Dutch/Shell o ChrevronTexaco uan frenado inversiones. La británica National Grid, que invirtió US$ 100 millones en los 90 tendiendo la mayor red eléctrica argentina, ya no quiere correr riesgos.

No obstante, “aun sin mucha sensatez económica, Enarsa tal vez sea una astuta movida política”, advierte Goodman. “Para los votantes de Kirchner, la privatización de YPF en 1994 y la entrega de reservas por 3.000 millones de barriles fue un pecado imperdonable. Por cierto, nadie había llevado la privatización a los extremos de Argentina, que remató grupos enteros”.

Aun quienes apoyaban la de YPF, subraya el analista, “ahora creen que fue apresurada e indiscriminada. En vez de vender la compañía en etapas, para maximizar el rédito de capital, el gobierno de entonces liquidó 60% de un plumazo. Repsol compró otro 15% en una controvertida operación directa (1999), lo cual le dio pie a una toma integral.

Daniel Montamat y otros expertos argentinos no creen factible, de todos modos, dar marcha atrás. Los temores al regreso del estatismo no son puramente teóricos. Como semimonopolio, YPF llegó a figurar en el libro Guinness de récords 1983: su déficit anual había totalizado US$ 4.600 millones. Pero tampoco parece aconsejable permitir que el sector privado no explore como es debido en pos de nuevas reservas, especialmente ante la crisis internacional de hidrocarburos.

Así empieza un análisis de Joshua Goodman en el “Financial Times”. En los 90, esa privatización y la toma, por parte de la española Repsol “fue lamentada como una gran derrota por los sectores adictos al nacionalismo y el control estatal. Años más tarde, el presidente Néstor Kirchner trata de establecer, por ley, Energía Argentina SA (Enarsa), una especie de YPF mucho menos voluminosa”.

La génesis de esta compañía es muy distinta, a juzgar por el proyecto elevado al Congreso este mismo mes. Enarsa, en efecto, parece más una reguladora –para manejar la crisis energética local- que una empresa convencional.

“A primera vista –apunta el experto-, las razones de Kirchner para involucrar de nuevo al estado suenan convincentes. La vuelta de cortes eléctricos rotativos, el racionamiento industrial y la suspensión de exportaciones de gas, tras diez años sin problemas, demuestra que la privatización de los 90 no era la panacea que sus proponentes auguraban”.

Si bien Argentina tiene suficientes reservas cubicadas de crudo y gas para algo más de un decenio, “el menor ritmo de exploración e inversiones en transporte torna imposible cubrir una demanda que aumenta a razón de dos dígitos anuales. La mitad de las usinas funciona con combustibles fósiles. Por consiguiente, la economía –que debiera subir 5,5% este año, luego de marcar 8,7% en 2003- puede estancarse”.

Según el gobierno, Enarsa contribuirá a garantir que el sector privado cumpla sus compromisos. “La primera tarea es persuadir a los inversores para financiar más de US$ 3.800 millones en mejoras estructurales, que el sector privado no ha querido hasta ahora encarar”. Las propuestas van de un nuevo gasoducto a la terminación de dos megaproyectos sumidos en deudas: la represa hidroeléctrica de Yacyretá y la planta nuclear Atucha II.

A criterio de Goodman, “encontrar inversores será difícil. La sobrexplotación privada ya agotó los mejores yacimientos. Además, la pésima imagen argentina ante los mercados internacionales de capitales voluntarios obliga a sacar de Tesorería los US$ 70 millones necesarios para lanzar Enarsa”.

Por supuesto, los especialistas en el tema consultados por el experto insisten en que Argentina precisa menos, no más intervención estatal. “Los controles de tarifas forzados por la devaluación de 2001 hacen que la energía local esté entre las más baratas del mundo. Así, los precios internos del gas son menos de un tercio de los internacionales (que se cobraban a importadores vecinos, hasta el recorte de ventas en marzo)”.

Con precios deprimidos y exportaciones suspendidas, firmas como Repsol YPF, Royal Dutch/Shell o ChrevronTexaco uan frenado inversiones. La británica National Grid, que invirtió US$ 100 millones en los 90 tendiendo la mayor red eléctrica argentina, ya no quiere correr riesgos.

No obstante, “aun sin mucha sensatez económica, Enarsa tal vez sea una astuta movida política”, advierte Goodman. “Para los votantes de Kirchner, la privatización de YPF en 1994 y la entrega de reservas por 3.000 millones de barriles fue un pecado imperdonable. Por cierto, nadie había llevado la privatización a los extremos de Argentina, que remató grupos enteros”.

Aun quienes apoyaban la de YPF, subraya el analista, “ahora creen que fue apresurada e indiscriminada. En vez de vender la compañía en etapas, para maximizar el rédito de capital, el gobierno de entonces liquidó 60% de un plumazo. Repsol compró otro 15% en una controvertida operación directa (1999), lo cual le dio pie a una toma integral.

Daniel Montamat y otros expertos argentinos no creen factible, de todos modos, dar marcha atrás. Los temores al regreso del estatismo no son puramente teóricos. Como semimonopolio, YPF llegó a figurar en el libro Guinness de récords 1983: su déficit anual había totalizado US$ 4.600 millones. Pero tampoco parece aconsejable permitir que el sector privado no explore como es debido en pos de nuevas reservas, especialmente ante la crisis internacional de hidrocarburos.