Según la decisión adoptada por el ya famoso juez Thomas Griesa, el gobierno argentino debe pagar la totalidad de los bonos a quienes no entraron en el canje, antes o al mismo tiempo que se le paga al resto de los bonistas. Esto sería el próximo 15 de diciembre.
La medida, que viene como respuesta a una apelación anterior, transfiere el caso automáticamente al segundo circuito de la Corte de Apelaciones, que decidirá sobre la validez de la decisión del juez Griesa. El paso siguiente podría ser la Corte Suprema.
El 15 de diciembre Argentina debe pagar unos US$3.400 millones a quienes entraron en la restructuración de la deuda. Un adelanto debe realizarse el 2 de diciembre. Si el país no paga lo determinado por Griesa al fondo Elliott Associates y a otros “fondos buitreâ€, no se le permitiría pagar al resto de los bonistas, lo que llevaría al país a la posibilidad de caer en el default.
Es de esperarse que el gobierno argentino apele el fallo. Sin embargo, la orden judicial estipula que debe depositar el dinero aún estando en proceso de apelación.
La decisión del juez Griesa significa un cambio fundamental en la metodología que se ha venido utilizando respecto a las reestructuraciones de deudas. Expertos sostienen que tendrá un gran impacto en futuras reestructuraciones.
Ahora se presenta el absurdo de que aquellos bonistas que adhirieron a la quita, cobrarán poco más del 30%, mientras que aquellos que la rechazaron 10 años atrás, cobrarían el total de lo adeudado. Esta situación ha generado la ira de los primeros.