El objetivo parece ser responder a la “agresión económica de China”. El memorando presidencial anunciado en la Casa Blanca persigue imponer aranceles sobre importación de bienes y servicios chinos en el orden de US$ 30 mil millones (podría llegar a US$ 50 o 60 mil millones, según otras fuentes).
El foco estará puesto en productos de la más alta tecnología, mientras seguirá y aumentará el ritmo del proceso destinado a bloquear el acceso de empresas chinas como inversionistas en firmas estadounidenses del sector IT. Otro objetivo es castigar a los chinos por lo que Washington llama “robo de propiedad intelectual”.
Según algunos analistas, más que comenzar una guerra de inciertos resultados, la intención es abrir negociaciones que además lleven a la reducción del voluminoso déficit comercial de EE.UU con la potencia asiática (del orden de US$ 375 mil millones, y que pretende ser reducido en al menos US$ 100 mil millones).
Entre tanto, los aranceles al acero y al aluminio seguirán en discusión con todos los países con los que han comenzado negociaciones. Los expertos creen que es parte de la estrategia. Que toda Europa, Japón, Corea y Australia presionen a los chinos en la misma dirección.
La reacción de los funcionarios chinos ante el anuncio, fue más cauta que las belicosas palabras de los últimos días. Dijeron que se abrirán negociaciones con la esperanza de lograr acuerdos sustanciales.
Puede ser que las conversaciones avancen en esa dirección, pero lo cierto es que la ratificación de Xi Jinping como líder indiscutible y permanente, coincide con un endurecimiento de sus posiciones. Desde la perspectiva militar y de su rol geopolítico en el continente asiático.
Es de esperar que ese clima no se extienda al plano del comercio exterior. Si así fuera, la guerra comercial global sería una realidad, con muchos perdedores y ningún vencedor.
La justificación legal de los aranceles se hizo bajo la sección 301 de la ley comercial de 1974, con foco en productos tecnológicos de avanzada. La queja de Trump es que las empresas estadounidenses que se radicaron en China fueron obligadas a transferir sus patentes y propiedad intelectual a las empresas chinas asociadas.
Los chinos responden que el déficit comercial se debe a que EE.UU no permite las exportaciones de bienes tecnológicos que pueden reducir el actual déficit.
