La convocatoria a elecciones 2015 que acaba de publicarse en el Boletín Oficial podría ser vista como una mera cuestión formal. Nuestra ley electoral establece una fecha fija para las elecciones nacionales así que el decreto corrobora lo que ya sabíamos.
Pero el decreto 776 que acompaña a la convocatoria trajo un cambio muy importante en ell sistema de financiamiento de la política. Desde ahora, no habrá obstáculos para que los partidos políticos y alianzas puedan recibir fondos por vía electrónica mediante una tarjeta de crédito. En la Argentina, casi la totalidad de los aportes a las campañas se hacen en efectivo. El 90% de las donaciones para las elecciones de 2013 fue por ese método de pago.
Esta nueva reglamentación fomenta la bancarización de las donaciones de los ciudadanos en una forma más transparente y directa. Antes de esta normativa, era difícil conocer efectivamente quién ingresaba el dinero a la cuenta única en el Banco Nación, dado que el dinero podría ser depositado por cualquier persona, sin quedar un registro fehaciente de la cuenta de la cual salía el monto aportado. Permitir transferencias electrónicas tiene un segundo efecto: puede contribuir a una estrategia de diversificación de los aportantes a los partidos políticos.
A partir de esta reforma, los partidos pueden llevar adelante en forma mucho más segura y transparente campañas para captar donaciones de los ciudadanos, incluso, fidelizarlos mensualmente, lo que implicaría una comunicación permanente con ellos. En un sistema político donde las ventajas de los oficialismos son tan marcadas y sabiendo que los grandes donantes tienden a jugar a ganador, este método le permite a los partidos políticos pequeños ampliar sus estrategias de recaudación de fondos.
La nueva regulación especifica un aspecto fundamental de la legislación electoral. Además de permitir que cualquier ciudadano con una tarjeta de crédito pueda apoyar al partido político de su preferencia, permite que el partido político tenga conocimiento sobre la identidad del donante. Hasta el momento, si ingresaba una donación por tarjeta de crédito el partido no tenía forma de conocer oficialmente quién era el aportante y la consecuencia inmediata era no poder declarar ese ingreso a la justicia electoral.
La nueva legislación obliga a las tarjetas a informar al partido el nombre del aportante, y a su vez, el partido tiene la posibilidad de rechazar esa donación si así lo desea. Con esta reforma, los partidos se encuentran de cara a dos oportunidades en las elecciones que se avecinan. La primera es recaudar fondos de modo transparente aprovechando las nuevas tecnologías. Un buen comienzo sería la utilización de plataformas web que permita a los ciudadanos solventar las campañas electorales, las capacitaciones, y otras actividades de los partidos.
Esta reforma les ofrece también la oportunidad de convocar y tener una relación estrecha con aquellos ciudadanos que decidan participar de la vida del partido político. Es tiempo de que nos animemos a transparentar quién financia las campañas electorales. Esta reforma es un paso en este sentido.
(*) Julia Pomares es directora del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, y Pablo Secchi es director ejecutivo de Poder Ciudadano.
