El traspaso de 1.2 millones de afiliados de AFJP al régimen estatal permitió
al gobierno cambiar el perfil de la caja previsional hasta que finalice su mandato,
ya que refuerza la recaudación en $ 3.600 millones que servirán
para atender la normalización de los haberes jubilatorios en el curso de
este año.
Casi $ 2.000 millones costarán los juicios que se entablaron por falta
de movilidad en las liquidaciones, a partir del fallo de la Corte Suprema respecto
del caso Bardaro.
Y el resto se aplicará a poner al día los trámites demorados
por deficiencias en la recolección de la información dispersa
en los años de aportes de los que se presentaron a cumplimentar los requisitos
para el pase a la clase pasiva.
El ex administrador de Anses, Sergio Massa, había implementado el sistema
para jubilar automáticamente a todos aquellos que no tenían aportes,
lo cual se facilitaba porque no obliga a recabar datos dispersos, como sí
sucede con los que prestaron servicios en el período completo que marca
la ley.
En la práctica, esas jubilaciones salieron en forma expeditiva, en abierto
contraste a las dificultades que atrasan las que pertenecen a quienes se habían
hecho acreedores al derecho por mérito propio. O sea que funcionó
como una transferencia desde los jubilados genuinos a los beneficiados por una
legislación especial.
Pero Massa tomó otra medida para acelerar los trámites jubilatorios,
que empezará a notarse este año, ya que amplió un programa
de actualización informática que había tenido como fecha
de inicio 1995 (cuando se agregó el sector privado al sistema previsional)
retrotrayéndolo a 1970 a través de un acuerdo ampliado entre la
Afip e IBM.
De este modo, a partir del año que viene, todo aquel que se presente
para la jubilación tendrá cargada en el sistema toda la información
de sus aportes y el trámite saldrá automáticamente.
La agilización de las jubilaciones repercutirá negativamente
en la planta de personal del Anses, ya que desaparecerán sectores completos
que hasta ahora vienen estando afectados a las inspecciones de empresas para
ir armando las carpetas.
Había muchos casos de negligencia de los agentes que intervenían
en las gestiones, ya que muchas veces por desidia no completaban la inspección
y hacían figurar los domicilios como desconocidos, con lo cual los expedientes
volvían a fojas cero. Sucedió que ante pleitos iniciados por abogados
de perjudicados por las demoras, las dependencias encubrían a sus compañeros
para evitar una sanción en cadena.
También surgirá una nueva demanda para satisfacer de resultas
de la actualización de los datos: el cuello de botella que antes estaba
en el trámite, ahora se desplazará hacia las liquidaciones de
los haberes, por lo que habrá que capacitar personal para realizar la
tarea.
Muchos de los reclamos actuales corresponden a haberes con errores en la liquidación,
que por no prescribir, constituyen una espada de Damocles sobre la cabeza de
la repartición.
Ante las sentencias judiciales adversas que lloverán sobre Anses por
estar mal hecha la liquidación de haberes, el nuevo administrador Claudio
Moroni estudia la aplicación de la movilidad y la combinación
con un seguro de retiro (que ya se viene usando a través de las organizaciones
sindicales) para redondear una mensualidad que acerque al beneficiario al haber
que reflejaría más fielmente su nivel de vida al momento de cesar
en la clase activa.
Fideicomisos
La arquitectura financiera del régimen de reparto contempla la utilización
de al menos 20% del ahorro de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS) para destinar a obra pública y de infraestructura en el
interior del país. Así se desprende del manual normativo del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional, cuyo borrador
circulará esta semana por los escritorios de las máximas autoridades
del Poder Ejecutivo. Son en total $ 4.000 millones que estarán disponibles
para financiar desde cloacas hasta puentes, rutas e infraestructura energética.
A través de la reforma previsional, el Estado había obligado
a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a invertir
como mínimo 5% de sus recursos en proyectos productivos e infraestructura.
El máximo es de 20%. Como la cartera de los fondos de pensión
ronda los $ 95.000 millones, las firmas deberán colocar $ 5.000 millones
en activos vinculados con la obra pública.
Algo similar ocurrirá con la ANSeS y el sistema de reparto. El ahorro
acumulado de la entidad en los últimos cuatro años suma $ 20.000
millones y el 20% del total, en lugar de ser el techo de inversión en
infraestructura como ocurre en el régimen de capitalización, será
el piso para invertir.
La medida tiene como objetivo reducir el costo del crédito y mantener
la tendencia alcista del gasto de capital.
Desde algunos sectores del oficialismo, también pretenden que las provincias
y municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Garantía Previsional
de manera directa si emiten títulos que tengan una garantía de
coparticipación. “El ahorro previsional, que es de largo plazo,
es el más apropiado para financiar obras públicas que en muchos
casos pueden tener hasta 10 o 20 años de maduración en el proyecto”,
comentaron fuentes oficiales.
Con esa salvedad de la mayor participación de inversiones en la economía
real, el Fondo de Garantías de ANSeS replicará la conformación
del portafolio de las AFJP, lo que permitirá obtener rentabilidad. Las
administradoras quedaron obligadas a elevar hasta un total de 5% de sus recursos
la inversión en proyectos productivos pero tendrán cinco años
para hacerlo. En octubre de 2008, recién deberán mostrar que 1%
de su cartera responde a esta orientación. Algunas opciones que se barajan
para lograr el cometido apuntan al área agropecuaria y de vivienda.
La decisión de hacer gradual la meta del famoso “inciso Q”
de la ley previsional se debe a que de otra forma las administradoras deberían
desarmar posiciones de inversión y podrían agregar volatilidad
a los ya golpeados mercados de capitales.
Los ingresos mensuales de $ 600 millones en el régimen privado permitirán
invertir en obras sin alterar el portafolio de activos actual. Mientras la inyección
de liquidez que recibió el sistema de reparto con la reforma previsional
y la urgencia en resolver el financiamiento energético harán que
la inversión productiva sea más rápida, dando oxígeno
al primero año de gestión de Cristina Kirchner.
El fondeo de las cajas
¿Respetará el Estado la movilidad de las jubilaciones. Si bien
se trata de un derecho amparado por la Constitución, sobran antecedentes
-en el pasado y en el presente- de flagrantes violaciones. Planteado de esta
manera el análisis técnico pierde relevancia y utilidad.
“La Nación” alertó que un factor a tener en cuenta es
la solidez financiera del sistema previsional. Una manera de cuantificar la
capacidad de cumplir con los compromisos futuros es a través de la magnitud
de ahorros previsionales acumulados. Según datos de la OECD y la Superintendencia
de AFJP de Argentina, en la experiencia internacional aparece el siguiente panorama:
o En países como Islandia, Holanda ó Suiza los ahorros previsionales
acumulados superan al Producto Bruto Interno de cada país.
o En Australia, Gran Bretaña, EEUU y Chile los ahorros previsionales
acumulados superan la mitad del Producto Bruto Interno de cada país.
o En Argentina, los fondos previsionales acumulados que administran las AFJP
representan el 12% del Producto Bruto Interno.
Los países que tienen sistema previsionales mucho más sólidos
que Argentina tienden a utilizar esquemas mixtos donde se combina el reparto
con la capitalización Esto se da, incluso, en sociedades con altos estándares
de protección social y fuerte compromiso del Estado con una armónica
distribución del ingreso. En otras palabras, las estrategias más
exitosas, no se basan en concebir el reparto y la capitalización como
antagónicos, sino como complementarios para aprovechar las potencialidades
de cada uno.
La lógica previsional de estos países es que el sistema de reparto
garantiza los básicos universales y el de capitalización acumula
ahorros para garantizar prestaciones adicionales. Aunque cada país adopta
criterios de instrumentación propios, la idea subyacente es que el Estado
asume como rol principal la garantía de una protección básica
cuando las personas llegan a la vejez, mientras que se delega en la capitalización
el objetivo de que las prestaciones jubilatorias tengan un nivel acorde con
el salario que las personas tenían en actividad. En la medida que la
capitalización ofrece buenas alternativas a las personas con capacidad
de ahorro, el Estado tiene la posibilidad de concentrar sus recursos y capacidad
de gestión en garantizar prestaciones básicas con cobertura universal.
El ejemplo de Chile es muy ilustrativo. La expansión de los ahorros
previsionales ha alcanzado niveles similares al de los países de alto
desarrollo. Esto ha tenido un impacto decisivo como base de sustentación
del fuerte y sostenido proceso de inversión que explica las altas tasas
de crecimiento que se han logrado durante más de dos décadas en
ese país. Más importante aun, para los trabajadores que tienen
capacidad de ahorro, el mecanismo ofrece buena calidad de cobertura. No ocurre
lo mismo para las personas con empleos intermitentes y salarios bajos. Por eso,
a través de la última reforma se han comprometido fondos públicos
para garantizar prestaciones básicas a las personas mayores en estado
de vulnerabilidad. En el sentido opuesto aparece Italia. El régimen de
reparto en ese país se ha expandido al punto de estar asumiendo compromisos
imposibles de cumplir, que pone en juego no sólo el bienestar de los
mayores sino el de toda la población.
Aunque el desarrollo del régimen de capitalización en la Argentina
es todavía muy incipiente, la reforma fue planteada bajo la idea de reivindicar
el reparto como si fuera un mecanismo superador de la capitalización.
Esto implica alejarse de los esquemas socialmente más eficaces que aplican
los países bien organizados y retomar caminos que fracasaron en el pasado
y que son los que están generando un enorme problema fiscal en Italia.
Planteado de esta manera, la principal debilidad de la reforma argentina es
que constituye otra oportunidad perdida para establecer un efectivo compromiso
del Estado con la equidad social y brindar mecanismos idóneos de sustentabilidad
fiscal de largo plazo, concluye la nota en “La Nación”.
El traspaso de 1.2 millones de afiliados de AFJP al régimen estatal permitió
al gobierno cambiar el perfil de la caja previsional hasta que finalice su mandato,
ya que refuerza la recaudación en $ 3.600 millones que servirán
para atender la normalización de los haberes jubilatorios en el curso de
este año.
Casi $ 2.000 millones costarán los juicios que se entablaron por falta
de movilidad en las liquidaciones, a partir del fallo de la Corte Suprema respecto
del caso Bardaro.
Y el resto se aplicará a poner al día los trámites demorados
por deficiencias en la recolección de la información dispersa
en los años de aportes de los que se presentaron a cumplimentar los requisitos
para el pase a la clase pasiva.
El ex administrador de Anses, Sergio Massa, había implementado el sistema
para jubilar automáticamente a todos aquellos que no tenían aportes,
lo cual se facilitaba porque no obliga a recabar datos dispersos, como sí
sucede con los que prestaron servicios en el período completo que marca
la ley.
En la práctica, esas jubilaciones salieron en forma expeditiva, en abierto
contraste a las dificultades que atrasan las que pertenecen a quienes se habían
hecho acreedores al derecho por mérito propio. O sea que funcionó
como una transferencia desde los jubilados genuinos a los beneficiados por una
legislación especial.
Pero Massa tomó otra medida para acelerar los trámites jubilatorios,
que empezará a notarse este año, ya que amplió un programa
de actualización informática que había tenido como fecha
de inicio 1995 (cuando se agregó el sector privado al sistema previsional)
retrotrayéndolo a 1970 a través de un acuerdo ampliado entre la
Afip e IBM.
De este modo, a partir del año que viene, todo aquel que se presente
para la jubilación tendrá cargada en el sistema toda la información
de sus aportes y el trámite saldrá automáticamente.
La agilización de las jubilaciones repercutirá negativamente
en la planta de personal del Anses, ya que desaparecerán sectores completos
que hasta ahora vienen estando afectados a las inspecciones de empresas para
ir armando las carpetas.
Había muchos casos de negligencia de los agentes que intervenían
en las gestiones, ya que muchas veces por desidia no completaban la inspección
y hacían figurar los domicilios como desconocidos, con lo cual los expedientes
volvían a fojas cero. Sucedió que ante pleitos iniciados por abogados
de perjudicados por las demoras, las dependencias encubrían a sus compañeros
para evitar una sanción en cadena.
También surgirá una nueva demanda para satisfacer de resultas
de la actualización de los datos: el cuello de botella que antes estaba
en el trámite, ahora se desplazará hacia las liquidaciones de
los haberes, por lo que habrá que capacitar personal para realizar la
tarea.
Muchos de los reclamos actuales corresponden a haberes con errores en la liquidación,
que por no prescribir, constituyen una espada de Damocles sobre la cabeza de
la repartición.
Ante las sentencias judiciales adversas que lloverán sobre Anses por
estar mal hecha la liquidación de haberes, el nuevo administrador Claudio
Moroni estudia la aplicación de la movilidad y la combinación
con un seguro de retiro (que ya se viene usando a través de las organizaciones
sindicales) para redondear una mensualidad que acerque al beneficiario al haber
que reflejaría más fielmente su nivel de vida al momento de cesar
en la clase activa.
Fideicomisos
La arquitectura financiera del régimen de reparto contempla la utilización
de al menos 20% del ahorro de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS) para destinar a obra pública y de infraestructura en el
interior del país. Así se desprende del manual normativo del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional, cuyo borrador
circulará esta semana por los escritorios de las máximas autoridades
del Poder Ejecutivo. Son en total $ 4.000 millones que estarán disponibles
para financiar desde cloacas hasta puentes, rutas e infraestructura energética.
A través de la reforma previsional, el Estado había obligado
a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a invertir
como mínimo 5% de sus recursos en proyectos productivos e infraestructura.
El máximo es de 20%. Como la cartera de los fondos de pensión
ronda los $ 95.000 millones, las firmas deberán colocar $ 5.000 millones
en activos vinculados con la obra pública.
Algo similar ocurrirá con la ANSeS y el sistema de reparto. El ahorro
acumulado de la entidad en los últimos cuatro años suma $ 20.000
millones y el 20% del total, en lugar de ser el techo de inversión en
infraestructura como ocurre en el régimen de capitalización, será
el piso para invertir.
La medida tiene como objetivo reducir el costo del crédito y mantener
la tendencia alcista del gasto de capital.
Desde algunos sectores del oficialismo, también pretenden que las provincias
y municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Garantía Previsional
de manera directa si emiten títulos que tengan una garantía de
coparticipación. “El ahorro previsional, que es de largo plazo,
es el más apropiado para financiar obras públicas que en muchos
casos pueden tener hasta 10 o 20 años de maduración en el proyecto”,
comentaron fuentes oficiales.
Con esa salvedad de la mayor participación de inversiones en la economía
real, el Fondo de Garantías de ANSeS replicará la conformación
del portafolio de las AFJP, lo que permitirá obtener rentabilidad. Las
administradoras quedaron obligadas a elevar hasta un total de 5% de sus recursos
la inversión en proyectos productivos pero tendrán cinco años
para hacerlo. En octubre de 2008, recién deberán mostrar que 1%
de su cartera responde a esta orientación. Algunas opciones que se barajan
para lograr el cometido apuntan al área agropecuaria y de vivienda.
La decisión de hacer gradual la meta del famoso “inciso Q”
de la ley previsional se debe a que de otra forma las administradoras deberían
desarmar posiciones de inversión y podrían agregar volatilidad
a los ya golpeados mercados de capitales.
Los ingresos mensuales de $ 600 millones en el régimen privado permitirán
invertir en obras sin alterar el portafolio de activos actual. Mientras la inyección
de liquidez que recibió el sistema de reparto con la reforma previsional
y la urgencia en resolver el financiamiento energético harán que
la inversión productiva sea más rápida, dando oxígeno
al primero año de gestión de Cristina Kirchner.
El fondeo de las cajas
¿Respetará el Estado la movilidad de las jubilaciones. Si bien
se trata de un derecho amparado por la Constitución, sobran antecedentes
-en el pasado y en el presente- de flagrantes violaciones. Planteado de esta
manera el análisis técnico pierde relevancia y utilidad.
“La Nación” alertó que un factor a tener en cuenta es
la solidez financiera del sistema previsional. Una manera de cuantificar la
capacidad de cumplir con los compromisos futuros es a través de la magnitud
de ahorros previsionales acumulados. Según datos de la OECD y la Superintendencia
de AFJP de Argentina, en la experiencia internacional aparece el siguiente panorama:
o En países como Islandia, Holanda ó Suiza los ahorros previsionales
acumulados superan al Producto Bruto Interno de cada país.
o En Australia, Gran Bretaña, EEUU y Chile los ahorros previsionales
acumulados superan la mitad del Producto Bruto Interno de cada país.
o En Argentina, los fondos previsionales acumulados que administran las AFJP
representan el 12% del Producto Bruto Interno.
Los países que tienen sistema previsionales mucho más sólidos
que Argentina tienden a utilizar esquemas mixtos donde se combina el reparto
con la capitalización Esto se da, incluso, en sociedades con altos estándares
de protección social y fuerte compromiso del Estado con una armónica
distribución del ingreso. En otras palabras, las estrategias más
exitosas, no se basan en concebir el reparto y la capitalización como
antagónicos, sino como complementarios para aprovechar las potencialidades
de cada uno.
La lógica previsional de estos países es que el sistema de reparto
garantiza los básicos universales y el de capitalización acumula
ahorros para garantizar prestaciones adicionales. Aunque cada país adopta
criterios de instrumentación propios, la idea subyacente es que el Estado
asume como rol principal la garantía de una protección básica
cuando las personas llegan a la vejez, mientras que se delega en la capitalización
el objetivo de que las prestaciones jubilatorias tengan un nivel acorde con
el salario que las personas tenían en actividad. En la medida que la
capitalización ofrece buenas alternativas a las personas con capacidad
de ahorro, el Estado tiene la posibilidad de concentrar sus recursos y capacidad
de gestión en garantizar prestaciones básicas con cobertura universal.
El ejemplo de Chile es muy ilustrativo. La expansión de los ahorros
previsionales ha alcanzado niveles similares al de los países de alto
desarrollo. Esto ha tenido un impacto decisivo como base de sustentación
del fuerte y sostenido proceso de inversión que explica las altas tasas
de crecimiento que se han logrado durante más de dos décadas en
ese país. Más importante aun, para los trabajadores que tienen
capacidad de ahorro, el mecanismo ofrece buena calidad de cobertura. No ocurre
lo mismo para las personas con empleos intermitentes y salarios bajos. Por eso,
a través de la última reforma se han comprometido fondos públicos
para garantizar prestaciones básicas a las personas mayores en estado
de vulnerabilidad. En el sentido opuesto aparece Italia. El régimen de
reparto en ese país se ha expandido al punto de estar asumiendo compromisos
imposibles de cumplir, que pone en juego no sólo el bienestar de los
mayores sino el de toda la población.
Aunque el desarrollo del régimen de capitalización en la Argentina
es todavía muy incipiente, la reforma fue planteada bajo la idea de reivindicar
el reparto como si fuera un mecanismo superador de la capitalización.
Esto implica alejarse de los esquemas socialmente más eficaces que aplican
los países bien organizados y retomar caminos que fracasaron en el pasado
y que son los que están generando un enorme problema fiscal en Italia.
Planteado de esta manera, la principal debilidad de la reforma argentina es
que constituye otra oportunidad perdida para establecer un efectivo compromiso
del Estado con la equidad social y brindar mecanismos idóneos de sustentabilidad
fiscal de largo plazo, concluye la nota en “La Nación”.
