También por tarifas y precios regulados congelados, salarios y jubilaciones cayendo fuertemente en términos reales hasta mitad de año y -por lo que pudiera agregar en términos netos- una tasa de interés negativa (que probablemente juega en sentido contrario), fueron insuficientes para frenar el ritmo firme de inflación que se sostuvo arriba del 3% mensual hasta septiembre.
De allí que aparecieran instrumentos más primitivos aun en octubre (controles de precios para 1400 productos de la canasta) que tampoco mostraron resultados en ese mes y en noviembre, recuerda Juan Luis Bour, director de “los indicadores de FIEL”.
Pasadas las elecciones, es tiempo de corregir desequilibrios para evitar un nuevo default. Por ahora el programa económico que permitiría crear el puente al 2023/24 no aparece y por lo tanto las expectativas de los agentes económicos se forman con vagos anuncios de mayor presión impositiva, aceleración en la pauta de devaluación, parcial descongelamiento de algunas tarifas (peajes y taxis), ajustes de tarifas energéticas a partir del segundo trimestre y –sorprendentemente- pautas de marcada desaceleración inflacionaria para 2022 porque, según el presupuesto, la inflación caería unos 20 puntos porcentuales entre puntas (desde algo más de 52% a 33%).
¿Cuáles serían las anclas para frenar el impulso con el que venimos? Lo primero es observar que no parece haber en el programa por alumbrar ancla alguna para frenar el impulso nominal.
No pueden utilizarse salarios y jubilaciones –aspirando a que crezcan menos de 35% nominal- tanto por los conflictos que ello generaría como por las reglas de ajustes determinadas por ley. La caída de salarios y jubilaciones en términos reales podría operar vía una aceleración inflacionaria, pero no serían las anclas nominales buscadas.
Tampoco se pueden usar como anclas las tarifas y precios regulados porque ello haría explotar el déficit fiscal y la emisión monetaria para financiarlo, acelerando la inflación.
Las tasas de interés tienen a su vez muy poco “agarre” en el fondo del río, a menos que suban muy fuertemente (digamos 10 puntos arriba de la inflación), algo que asusta al populismo vernáculo. Reducir nominalmente el gasto público y, por esa vía, reducir drásticamente el financiamiento monetario sería una alternativa, pero esa estrategia no está disponible porque terminaría por quebrar (desanclar) a la propia coalición gobernante.
Queda utilizar el tipo de cambio ajustando por debajo de la inflación. Pero sin reservas y con el patrimonio del Banco Central destruido tras un año de apreciación y acumulación de deudas, seguir apreciando es para un escenario muy corto, no para 2 años.
Sin anclas es evidente que el programa para desacelerar la inflación debe tener sólidas bases de consolidación fiscal. Ello es imprescindible para evitar un nuevo salto inflacionario y para evitar seguir ajustando por los caminos actuales de licuación de stocks (deuda del Banco Central, depósitos) y flujos (salarios, jubilaciones).
Un salto inflacionario es el escape habitual que utilizan los gobiernos débiles: con mayor licuación reducen desequilibrios fiscales y cuasifiscales por un tiempo, pero demandan cada vez más inflación para subsistir. Pero huir hacia adelante no evita las crisis.
