El desborde de los ríos en los campos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe inundó vastas zonas productivas, sus poblados aledaños y produjo cortes de rutas. Esto expuso la falta de infraestructura para prevenir inundaciones, reseña el informe número 613 del Instituto de Desarrollo Social y Económico Argentino, elaborado por Jorge Colina.
El tema tiene mucha entidad porque los modelos meteorológicos alertan sobre la alta probabilidad de que este tipo de evento climático se puede repetir en el futuro próximo.
El Gobierno Nacional financia, por un lado, infraestructura tendiente a prevenir inundaciones urbanas a través de los programas “Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios” y “Recursos Hídricos”.
Por otro lado, y con el mismo objetivo pero para las zonas rurales, cuenta con el “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica”. Con este Fondo se deberían financiar obras para evitar desbordes fluviales en el campo y zonas periurbanas.
El “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica” tiene garantizado financiamiento a través de un impuesto específico sobre la nafta y el gas comprimido. Según información publicada por la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura se observa que:
- Desde 2002 hasta julio del 2015, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recaudó en concepto de estos impuestos $10.400 millones.
- De estos recursos, $6.300 millones se transfirieron a provincias y municipios.
- Otros $4.200 millones se asignaron al Plan Federal de Control de Inundaciones.
Estos datos oficiales señalan que hubo recursos y fueron utilizados. Pero el resultado es que los objetivos del Fondo Fiduciario no fueron cumplidos. Esto ocasionó pérdidas económicas enormes y ante el desamparo en el que cayó mucha gente la única respuesta fue la reacción solidaria y espontánea del resto de la población.
Por eso, las polémicas y dudas sobre la suficiencia de los fondos asignados y las sospechas de que una parte importante fueron desviados a otras finalidades son fundadas.
El abandono de la población frente a las inclemencias climáticas ocurre cuando en el discurso político se hacen afirmaciones enfáticas reivindicando el rol del Estado y, consistente con ello, se justifica el aumento del gasto público.
El Estado es cada vez es más grande, en cuanto a los recursos que administra, pero cada vez más débil en cuanto a la calidad de los servicios que brinda; especialmente a los ciudadanos en mayor estado de vulnerabilidad.
La explicación radica en la masiva canalización de fondos públicos a intervenciones de baja rentabilidad social y la poca profesionalidad en su gestión.
Uno de los ejemplos más ilustrativos es Aerolíneas Argentinas. Desde su estatización en el 2008, realizada con discursos altisonantes y acompañamiento de la oposición, la empresa recibió más de $24 mil millones de subsidios. Esto implica que Aerolíneas Argentinas recibió en 8 años más del doble de recursos que lo que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica destinado a prevenir inundaciones en zonas rurales recibió en 14 años.
Como resultado de esta decisión no se hicieron las inversiones necesarias para enfrentar las lluvias y, a su vez, el servicio de transporte aéreo es muy deficiente.
Ambos fracasos se explican por el masivo desvío de fondos públicos en subsidios para sostener la impericia gerencial y el empleo de amigos y familiares en la empresa pública.
Mientras miles de familias vieron sus casas invadidas por el agua, la producción agropecuaria se perdía y los negocios se arruinaban por los cortes de ruta se aprobó un decreto designando en un cargo clave en el principal banco del Estado a la joven hija de un ministro. Se trata de una medida muy ilustrativa del agigantamiento del Estado apropiado por intereses individuales que, para colmo, se traslada en forma hereditaria.
