Acuerdo para tratar el juicio a la Corte
Radicales y peronistas acordaron "bajar al recinto" el próximo miércoles para discutir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
La sesión será a suerte y verdad, ya que el único compromiso es
que lo primero que se someterá a votación será la propuesta para
regresar a comisión el expediente.
Pero el justicialismo planteó que si esa propuesta no alcanza
los votos para imponerse, insistirá con su intención de pasar a
votar el juicio político.
De esta manera, si la UCR no logra reunir mayoría con el ARI,
los partidos de izquierda y algunos peronistas disidentes, quedará
abierta la puerta para que el justicialismo imponga su criterio y
de por tierra con el expediente.
Esto es así porque para aprobar la acusación y enviarla al
Senado se necesita el apoyo de los dos tercios de los diputados
presentes, mayoría imposible de alcanzar ya que el peronismo se
opone por amplitud a habilitar el juicio político.
La base del acuerdo se logró ayer al mediodía en una serie de
reuniones que el titular del bloque radical, Horacio Pernasetti,
mantuvo con su par de la bancada justicialista, Humberto Roggero,
y el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño (PJ-Buenos
Aires).
Si este principio de consenso, confirmado oficialmente por
Pernasetti, se mantuviera el miércoles próximo, la Cámara baja
estaría en condiciones de darle al Gobierno nacional una
definición a un tema por demás espinoso.
Es que el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el
recorte del 13 por ciento a los empleados públicos y jubilados
prendió las luces de alarma en el Poder Ejecutivo.
Sobre todo porque el tribunal tiene entre sus temas pendientes
de resolución dos pilares de la gestión económica duhaldista: la
pesificación y el corralito financiero.
Por esa razón el Poder Ejecutivo cambió su postura original de
impulsar la remoción de la mayor cantidad posible de los nueve
integrantes del tribunal de Justicia, que llevó al PJ a apoyar el
dictamen acusatorio en la comisión de Juicio Político.
Ese despacho, con el paso del tiempo y el cambio de escenario,
se convirtió en una espada de Damocles que los miembros de la
Corte no están dispuestos a soportar más, razón por la cual ahora
el Gobierno pretende desactivar definitivamente la jugada.
La sesión será a suerte y verdad, ya que el único compromiso es
que lo primero que se someterá a votación será la propuesta para
regresar a comisión el expediente.
Pero el justicialismo planteó que si esa propuesta no alcanza
los votos para imponerse, insistirá con su intención de pasar a
votar el juicio político.
De esta manera, si la UCR no logra reunir mayoría con el ARI,
los partidos de izquierda y algunos peronistas disidentes, quedará
abierta la puerta para que el justicialismo imponga su criterio y
de por tierra con el expediente.
Esto es así porque para aprobar la acusación y enviarla al
Senado se necesita el apoyo de los dos tercios de los diputados
presentes, mayoría imposible de alcanzar ya que el peronismo se
opone por amplitud a habilitar el juicio político.
La base del acuerdo se logró ayer al mediodía en una serie de
reuniones que el titular del bloque radical, Horacio Pernasetti,
mantuvo con su par de la bancada justicialista, Humberto Roggero,
y el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño (PJ-Buenos
Aires).
Si este principio de consenso, confirmado oficialmente por
Pernasetti, se mantuviera el miércoles próximo, la Cámara baja
estaría en condiciones de darle al Gobierno nacional una
definición a un tema por demás espinoso.
Es que el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el
recorte del 13 por ciento a los empleados públicos y jubilados
prendió las luces de alarma en el Poder Ejecutivo.
Sobre todo porque el tribunal tiene entre sus temas pendientes
de resolución dos pilares de la gestión económica duhaldista: la
pesificación y el corralito financiero.
Por esa razón el Poder Ejecutivo cambió su postura original de
impulsar la remoción de la mayor cantidad posible de los nueve
integrantes del tribunal de Justicia, que llevó al PJ a apoyar el
dictamen acusatorio en la comisión de Juicio Político.
Ese despacho, con el paso del tiempo y el cambio de escenario,
se convirtió en una espada de Damocles que los miembros de la
Corte no están dispuestos a soportar más, razón por la cual ahora
el Gobierno pretende desactivar definitivamente la jugada.
