Acuerdo con el FMI: un paso para evitar mayor dificultad
La aprobación final del acuerdo con el FMI es un paso adelante que evita por el momento una mayor complejidad macroeconómica, principalmente en términos financieros.

No obstante, esto no resuelve los problemas internos que tiene la economía argentina.
Por Martín Calveira (*)
Los cuales deberán abordarse, más temprano que tarde y a pesar de la resistencia dentro del espacio político oficialista, mediante un programa de estabilización. No en vano el anuncio del Presidente, aunque no muy atinado dado el contexto, sobre la guerra que se inicia. Economías de inflación crónica, distorsiones de precios que se intensifican con el tiempo y desajustes en las cuentas fiscales, presentan desafíos de importancia sobre la gestión. Esos desafíos no solo están planteados en términos de minimización de costos sociales del ajuste, sino también, y como un factor determinante, se necesitan logros manifiestos de plazos relativamente cortos en virtud de cohesionar socialmente el programa. Ciertamente es lo que determina, casi de manera circular, el éxito del programa. Por ese motivo es que históricamente los programas económicos en Argentina no tuvieron los resultados esperados y, en muchas experiencias, fueron lo contrario a pesar de que técnicamente eran muy sofisticados. En efecto, por eso insistimos que el acuerdo es solo un paso que evita mayores dificultades. Se presentan otras dificultades de origen externo. Si bien las derivaciones económicas de la invasión rusa sobre Ucrania tienen matices para los países exportadores de productos primarios, en lo que respecta a los países importadores netos de energía, se traduce en una necesidad mayor de recursos financieros. En ese sentido, la meta anunciada por el ministro Guzmán sobre la reducción gradual del déficit fiscal primario para el período 2022-2024, estará potencialmente sujeta a revisión. No es claro el argumento dado a conocer de un sector político, en relación a la necesidad de crecer y luego afrontar los vencimientos de deuda. Primeramente, porque el acuerdo no supone el pago en el corto plazo, pues el entendimiento con el organismo es por un nuevo préstamo para pagar los vencimientos del programa
stand by
del 2018. Esto mediante la gestión de lo que denominan “Facilidades Extendidas”, es decir, tenemos un nuevo préstamo con nuevos plazos. En segundo lugar, no hay experiencias concretas en el mundo sobre que, sin haber estabilizado la macro, se impulse un crecimiento económico sostenido y genere recursos genuinos. Probablemente el argumento de ese sector político omite las condiciones iniciales de capacidad instalada, capital productivo y estabilidad previa, necesarios para impulsar el crecimiento. Otro aspecto importante a notar es el
trade off
que emerge entre el ajuste fiscal, la gestión antiinflacionaria y la actividad económica. Un menor déficit primario es el resultado de mayores ingresos reales y, al menos, evitar una nueva expansión del gasto. Las medidas antiinflacionarias se corresponden con acciones monetarias restrictivas como, por ejemplo, un programa de metas de inflación con gestión de agregados monetarios y ajuste de tasa de interés. Esto se traduce en una política fiscal y monetaria contractiva lo cual, en el corto plazo, afecta a la actividad económica. Por lo tanto, la sintonía fina para administrar los costos redistributivos de la estabilización y posterior desinflación será importante. Esa gestión deberá tener elementos temporales de restricción monetaria, precisamente un aumento de la tasa de referencia sin que sea un nivel permanente y, posiblemente, tasas diferenciadas para evitar un traslado al costo del crédito con fines productivos. A su vez, criterios de eficiencia y ajuste en el gasto fiscal corriente. Es correcto para el contexto actual la iniciativa de un sector de la oposición acerca de congelar nuevos nombramientos y contrataciones en el sector público.
(*) Investigador del IAE Business School y uno de los autores del Informe Económico Mensual (IEM) de la misma escuela de negocios.
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