El país logró un acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda contraída con el rescate de 2018. El Fondo manifestó en un comunicado el jueves que el nuevo programa de extensión de facilidades a 30 meses contribuirá a “hacer frente a los desafíos económicos más apremiantes de la nación” y a mejorar las finanzas públicas.
El Congreso de la nación y el directorio del FMI deberán aprobar los detalles del acuerdo. Esos detalles no han sido revelados en forma inmediata aunque el Fondo dijo que “ buscan dar una solución duradera a la persistente alta inflación mediante una estrategia de varios ejes que incluye una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, un nuevo marco para que la implementación de la política monetaria resulte en tasas positivas de interés real.
Ambas partes pusieron interés especial en reestructurar aproximadamente US$ 45.000 millones de deuda con el prestamista internacional de un total de deuda récord de US$ 57.000 millones contraídos en 2018 bajo el gobierno anterior de Mauricio Macri.
El mayor desafío para el presidente Alberto Fernández será ahora asegurar mayoría simple en el congreso, cuya coalición perdió bancas en las elecciones de medio término del año pasado.
El borrador del acuerdo con el Fondo presentado en enero puso de manifiesto las profundas diferencias existentes dentro de la coalición gobernante, una combinación de moderados alineados con el presidente y un ala radical liderada por Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien el Fondo no necesita la aprobación del congreso para finalizar el acuerdo, la ley de nuestro país la exige.
Argentina debía pagar al FMI US$ 19.000 millones este año según los términos del acuerdo original, incluida la cuota de US$ 2.800 millones con vencimiento el 22 de marzo. Una cuota que, según los analistas, no se podía pagar sin un nuevo acuerdo.
Las reservas netas del banco central entraron en territorio negativo, según algunos cálculos, después de que el gobierno pagara al Fondo más de US$ 1.000 millones en deuda principal e intereses en el mes de febrero.
La vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo que el principal punto de desacuerdo con los funcionarios del Fondo fue sobre la velocidad para aumentar las tarifas energéticas, fuertemente subsidiadas en nuestro país; una medida que será muy impopular entre los legisladores de la oposición que deben aprobar el acuerdo. Fernando Iglesias, legislador de la oposición, describió el acuerdo como “una bomba de tiempo”.
