Accor despidió al ejecutivo involucrado en el escándalo de los tickets de comida
La empresa multinacional de origen francés, una de las más importantes en el negocio de los vales de comida, se desvinculó de su directivo Santiago Lynch, integrante a su vez de CEVAS, quien fue acusado por el diputado Recalde de ofrecer sobornos.
A través de un comunicado de prensa, Accor explicó que sus actividades
“obedecen a rigurosos principios éticos y estrictas normas de conducta,
absolutamente contrarias a los hechos publicados.”
Estos “hechos publicados” se refieren a lo ocurrido el pasado martes
20, cuando el diputado oficialista Héctor Recalde, presidente, a su vez,
de la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja,
denunció ante los medios de prensa que habían intentado sobornarlo
empresarios del sector de los tickets de comida, para que no saliera o se modificara
un proyecto de ley que le otorga carácter remuneratorio a los vales alimentarios
en un proceso gradual; proyecto que finalmente obtuvo este jueves media sanción
en Diputados.
Además de comunicar la desvinculación de Lynch, Accor anunció
que dejará de integrar la Cámara de Empresas de Servicios de Vales
Alimentarios (CEVAS); y aseguró que tiene intenciones de “cooperar
en el esclarecimiento de los hechos”.
En el mismo momento en que la empresa preparaba la declaración, la presidenta
electa de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, al despedirse
de su condición de senadora, advirtió al respecto: “Ahora vemos
que en Argentina los que sobornan a funcionarios públicos son importantes
empresarios”.
A través de una cámara oculta, con la ayuda de su hijo, el abogado
laboralista y asesor de Hugo Moyano en la Confederación General del Trabajo
(CGT), demostró que le ofrecieron desde una “bicicleta”, para
“cajonear” el proyecto; hasta US$ 20 millones, para modificar el rumbo
de la iniciativa. La máxima opción favorable para los empresarios
era impulsar una ley para que todos los trabajadores que cobren menos de $ 2.000
sean incorporados al sistema y cobren parte de su sueldo en los tickets que maneja
el sector, lo que implicaría triplicar las ganancias de las empresas, que
rondan los $ 4.000 millones anuales.
Además de Lynch, el otro dirigente empresario acusado fue Miguel Gutiérrez
Guido Spano, intermediario del sector empresarial.
Recalde hizo las primeras denuncias correspondientes ante Tribunales el 7 de noviembre
(un día después de la primera filmación oculta). El caso
recayó en el juzgado federal número 9 de la ciudad porteña,
a cargo del magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid.
Esta semana, la justicia federal realizó cuatro allanamientos en las oficinas
de CEVAS y en el domicilio particular de Lynch. La causa en este momento tramita
por cohecho (castiga a quien ofrece una dádiva a un funcionario) y no por
coimas (que requeriría que el cobro del soborno fuera concretado para que
se considere delito consumado).
Tres empresas concentran el mercado de los vales alimentarios. Justamente, una
de las más importantes es Accor, que hizo su descargo a través del
comunicado ya mencionado.
Los tickets para pagar el almuerzo o comprar alimentos son percibidos cada mes
por 1,6 millones de empleados que se desempeñan en unas 25.000 empresas,
por un monto promedio de $ 230 mensuales.
El sistema de pagos con vales alimentarios nació en la Argentina por un
decreto de diciembre de 1989, durante los primeros meses de gestión del
ex presidente Carlos Menem. Alberto Triaca era el ministro de Trabajo.
La aparición de estos vales fue justificada al permitir la exención
de las cargas que debe afrontar el empleador sobre las remuneraciones al personal.
En 1996, se aprobó la ley 24.700 que recreó los vales en condiciones
diferentes.
Desde entonces se impuso, sobre el monto abonado en tickets, una contribución
empresaria de 14%, destinadas a asignaciones familiares; aunque no cuentan para
el cálculo de vacaciones o aguinaldo.
En junio de 2001, por decreto 815, se permitió, a través de una
nueva categoría, pagar no más de $ 150 en tickets por sueldos menores
a $ 1.500 en bruto. Estos vales, que no llevan ningún tipo de carga fiscal,
continúan vigentes hasta hoy.
En medio de la bulla provocada por la denuncia, tres hechos aumentaron aún
más el escozor empresario, sector que, a través de la Unión
Industrial Argentina, defendió el uso de tickets, ya que, según
afirman, contribuyó en la “generación de empleo”. Por
un lado, la Cámara Laboral emitió un fallo en el que ratificó
que los tickets de comida tienen carácter remunerativo, con lo que deberán
ser considerados para calcular la indemnización por despido. Por otro,
en Diputados, se dio media sanción al proyecto de ley presentado por Recalde.
Finalmente, Cancillería inició el pedido de intervención
de la OCDE, organización que nuclea a los países más ricos,
para que interpele a Accor y a Sodexho (otra empresa del sector, que también
tomó distancia del episodio), y considere, de ser necesario, la aplicación
del código de la organización internacional que condena a las empresas
que intentan o pagan sobornos.
Accor, a través del mismo comunicado de prensa ya aludido, ratificó
su “compromiso de inversión de largo plazo” en Argentina y agradeció
“la confianza recibida durante sus 20 años de actividad en el país.”
A través de un comunicado de prensa, Accor explicó que sus actividades
“obedecen a rigurosos principios éticos y estrictas normas de conducta,
absolutamente contrarias a los hechos publicados.”
Estos “hechos publicados” se refieren a lo ocurrido el pasado martes
20, cuando el diputado oficialista Héctor Recalde, presidente, a su vez,
de la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja,
denunció ante los medios de prensa que habían intentado sobornarlo
empresarios del sector de los tickets de comida, para que no saliera o se modificara
un proyecto de ley que le otorga carácter remuneratorio a los vales alimentarios
en un proceso gradual; proyecto que finalmente obtuvo este jueves media sanción
en Diputados.
Además de comunicar la desvinculación de Lynch, Accor anunció
que dejará de integrar la Cámara de Empresas de Servicios de Vales
Alimentarios (CEVAS); y aseguró que tiene intenciones de “cooperar
en el esclarecimiento de los hechos”.
En el mismo momento en que la empresa preparaba la declaración, la presidenta
electa de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, al despedirse
de su condición de senadora, advirtió al respecto: “Ahora vemos
que en Argentina los que sobornan a funcionarios públicos son importantes
empresarios”.
A través de una cámara oculta, con la ayuda de su hijo, el abogado
laboralista y asesor de Hugo Moyano en la Confederación General del Trabajo
(CGT), demostró que le ofrecieron desde una “bicicleta”, para
“cajonear” el proyecto; hasta US$ 20 millones, para modificar el rumbo
de la iniciativa. La máxima opción favorable para los empresarios
era impulsar una ley para que todos los trabajadores que cobren menos de $ 2.000
sean incorporados al sistema y cobren parte de su sueldo en los tickets que maneja
el sector, lo que implicaría triplicar las ganancias de las empresas, que
rondan los $ 4.000 millones anuales.
Además de Lynch, el otro dirigente empresario acusado fue Miguel Gutiérrez
Guido Spano, intermediario del sector empresarial.
Recalde hizo las primeras denuncias correspondientes ante Tribunales el 7 de noviembre
(un día después de la primera filmación oculta). El caso
recayó en el juzgado federal número 9 de la ciudad porteña,
a cargo del magistrado Octavio Aráoz de Lamadrid.
Esta semana, la justicia federal realizó cuatro allanamientos en las oficinas
de CEVAS y en el domicilio particular de Lynch. La causa en este momento tramita
por cohecho (castiga a quien ofrece una dádiva a un funcionario) y no por
coimas (que requeriría que el cobro del soborno fuera concretado para que
se considere delito consumado).
Tres empresas concentran el mercado de los vales alimentarios. Justamente, una
de las más importantes es Accor, que hizo su descargo a través del
comunicado ya mencionado.
Los tickets para pagar el almuerzo o comprar alimentos son percibidos cada mes
por 1,6 millones de empleados que se desempeñan en unas 25.000 empresas,
por un monto promedio de $ 230 mensuales.
El sistema de pagos con vales alimentarios nació en la Argentina por un
decreto de diciembre de 1989, durante los primeros meses de gestión del
ex presidente Carlos Menem. Alberto Triaca era el ministro de Trabajo.
La aparición de estos vales fue justificada al permitir la exención
de las cargas que debe afrontar el empleador sobre las remuneraciones al personal.
En 1996, se aprobó la ley 24.700 que recreó los vales en condiciones
diferentes.
Desde entonces se impuso, sobre el monto abonado en tickets, una contribución
empresaria de 14%, destinadas a asignaciones familiares; aunque no cuentan para
el cálculo de vacaciones o aguinaldo.
En junio de 2001, por decreto 815, se permitió, a través de una
nueva categoría, pagar no más de $ 150 en tickets por sueldos menores
a $ 1.500 en bruto. Estos vales, que no llevan ningún tipo de carga fiscal,
continúan vigentes hasta hoy.
En medio de la bulla provocada por la denuncia, tres hechos aumentaron aún
más el escozor empresario, sector que, a través de la Unión
Industrial Argentina, defendió el uso de tickets, ya que, según
afirman, contribuyó en la “generación de empleo”. Por
un lado, la Cámara Laboral emitió un fallo en el que ratificó
que los tickets de comida tienen carácter remunerativo, con lo que deberán
ser considerados para calcular la indemnización por despido. Por otro,
en Diputados, se dio media sanción al proyecto de ley presentado por Recalde.
Finalmente, Cancillería inició el pedido de intervención
de la OCDE, organización que nuclea a los países más ricos,
para que interpele a Accor y a Sodexho (otra empresa del sector, que también
tomó distancia del episodio), y considere, de ser necesario, la aplicación
del código de la organización internacional que condena a las empresas
que intentan o pagan sobornos.
Accor, a través del mismo comunicado de prensa ya aludido, ratificó
su “compromiso de inversión de largo plazo” en Argentina y agradeció
“la confianza recibida durante sus 20 años de actividad en el país.”
