Accenture demarcará fronteras virtuales de Estados Unidos
El departamento de Seguridad Interior (un fruto del 11-IX-01) otorgó a Accenture un polémico contrato para un proyecto multimillonario. Se trata de trazar límites virtuales del país, para evitar que se filtren terroristas y afines.
Asa Hutchinson, subsecretario del ramo -un fundamentalista afín a John Ashcroft, titular de Justicia-, señaló que el plan U.S.Visit “será un hito en la historia de nuestra repartición y mejorará enormemente la seguridad fronteriza”. La meta es emplear tecnologías de punta, biométrica inclusive, para identificar gente que entre en el país.
El contrato fue concedido a Accenture, ex Anderson Consulting, que competía con otros dos oferentes (Lockheed Martin, Computer Services). Varios ejecutivos y analistas del sector se manifestaron sorprendidos, pues consideraban a la consultora una candidata “de afuera”.
Pero surge otro conflicto: la compañía tiene sede legal en las Bermudas. Los críticos de la adjudicación objetan que un proyecto tan costoso y relevante a la seguridad –tal como la concibe este gobierno- esté en manos de una empresa ubicada en el exterior y, para colmo, en una plaza extraterritorial libre de impuestos y contralores.
Al trascender la novedad, pese al llamativo bajo perfil adoptado por Hutchinson, el diputado Lloyd Doggett (demócrata, Tejas) sostuvo que Accenture había aprovechado “ventajas injustas” para ganarles a LM y CS. “Si una empresa quiere contribuir a la seguridad nacional, debe empezar pagando impuestos como es debido. Quien quiera una porción de torta, que ayude a prepararla”, afirmó en una presentación ante Ashcroft.
Su colega Richard Neal (demócrata por Massachusetts) también cuestionó el otorgamiento. Lo hizo, aparte, como miembro principal del comité de Medios y Asignaciones de la cámara baja. “Esta decisión es insultante. Se concede el mayor contrato de seguridad interna a una compañía que ha renunciado a la ciudadanía norteamericana y funciona desde una isla. Es una inconsistencia increíble”.
Los pliegos de licitación tampoco son un dechado de solidez. Por ejemplo, se estima un espectro de costos finales que va de diez a 10.000 millones en un quinquenio. Tal vez por eso la Contaduría General califica al proyecto como “un emprendimiento muy riesgoso en cuanto a gestión y financiamiento”. Según esta oficina, es factible que el costo total llegue a US$ 15.000 millones y requiera aportes de otras reparticiones.
“Esas estimaciones no me preocupan en absoluto”, dijo Hutchinson. Accenture presuponía en su oferta costos de US$ 72 millones anuales en las dos primeras fases, que incluyen los cincuenta principales accesos terrestres. Funcionarios dependientes de Hutchinson se niegan a revelar los montos cotizados por los otros oferentes.
Entre otras cosas, el proyecto U.S.Visit deberá incorporar por lo menos diecinueve grandes bases de datos en órbita federal. Un antecedente favorable a Accenture es su buen trabajo para la agencia de seguridad en transportes. La firma también tiene un contrato con la agencia de logística (Defensa).
En lo tocante al nuevo proyecto, las autoridades piensan en usar impresiones digitales e imágenes computarizadas. Pero la empresa contempla técnicas biométricas más complejas y precisas. El contrato es inicialmente a cinco años, con un año posterior de pausa y una opción a un quinquenio adicional. No está claro que sucedería si, tras un eventual cambio presidencial, se modifica la política de seguridad interior.
Asa Hutchinson, subsecretario del ramo -un fundamentalista afín a John Ashcroft, titular de Justicia-, señaló que el plan U.S.Visit “será un hito en la historia de nuestra repartición y mejorará enormemente la seguridad fronteriza”. La meta es emplear tecnologías de punta, biométrica inclusive, para identificar gente que entre en el país.
El contrato fue concedido a Accenture, ex Anderson Consulting, que competía con otros dos oferentes (Lockheed Martin, Computer Services). Varios ejecutivos y analistas del sector se manifestaron sorprendidos, pues consideraban a la consultora una candidata “de afuera”.
Pero surge otro conflicto: la compañía tiene sede legal en las Bermudas. Los críticos de la adjudicación objetan que un proyecto tan costoso y relevante a la seguridad –tal como la concibe este gobierno- esté en manos de una empresa ubicada en el exterior y, para colmo, en una plaza extraterritorial libre de impuestos y contralores.
Al trascender la novedad, pese al llamativo bajo perfil adoptado por Hutchinson, el diputado Lloyd Doggett (demócrata, Tejas) sostuvo que Accenture había aprovechado “ventajas injustas” para ganarles a LM y CS. “Si una empresa quiere contribuir a la seguridad nacional, debe empezar pagando impuestos como es debido. Quien quiera una porción de torta, que ayude a prepararla”, afirmó en una presentación ante Ashcroft.
Su colega Richard Neal (demócrata por Massachusetts) también cuestionó el otorgamiento. Lo hizo, aparte, como miembro principal del comité de Medios y Asignaciones de la cámara baja. “Esta decisión es insultante. Se concede el mayor contrato de seguridad interna a una compañía que ha renunciado a la ciudadanía norteamericana y funciona desde una isla. Es una inconsistencia increíble”.
Los pliegos de licitación tampoco son un dechado de solidez. Por ejemplo, se estima un espectro de costos finales que va de diez a 10.000 millones en un quinquenio. Tal vez por eso la Contaduría General califica al proyecto como “un emprendimiento muy riesgoso en cuanto a gestión y financiamiento”. Según esta oficina, es factible que el costo total llegue a US$ 15.000 millones y requiera aportes de otras reparticiones.
“Esas estimaciones no me preocupan en absoluto”, dijo Hutchinson. Accenture presuponía en su oferta costos de US$ 72 millones anuales en las dos primeras fases, que incluyen los cincuenta principales accesos terrestres. Funcionarios dependientes de Hutchinson se niegan a revelar los montos cotizados por los otros oferentes.
Entre otras cosas, el proyecto U.S.Visit deberá incorporar por lo menos diecinueve grandes bases de datos en órbita federal. Un antecedente favorable a Accenture es su buen trabajo para la agencia de seguridad en transportes. La firma también tiene un contrato con la agencia de logística (Defensa).
En lo tocante al nuevo proyecto, las autoridades piensan en usar impresiones digitales e imágenes computarizadas. Pero la empresa contempla técnicas biométricas más complejas y precisas. El contrato es inicialmente a cinco años, con un año posterior de pausa y una opción a un quinquenio adicional. No está claro que sucedería si, tras un eventual cambio presidencial, se modifica la política de seguridad interior.
