Aunque se difundió que el costo de la indemnización con que el Estado argentino finalmente compensará a Repsol por la estatización de YPF asciende a unos U$S 5 mil millones, pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos, el desembolso superará los U$S 10 mil millones.
El gobierno celebró un acuerdo con la empresa española Repsol para pagar las acciones de YPF intempestivamente estatizadas en abril del 2012, forzado por el aislamiento internacional y la profundización de la crisis energética, con este acuerdo se trata de remendar la desprolijidad técnica y legal que caracterizó al proceso de estatización, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en el informe 537.
En poco tiempo se paso del triunfalismo expresado en discursos teñidos con provocaciones desafiantes y nacionalismo mal entendido a aceptar pasivamente las consecuencias de decisiones tomadas con falta de responsabilidad y muy poca profesionalidad.
La Argentina se compromete a entregar a Repsol títulos públicos por U$S 5.000 millones.
Sin embargo, también se compromete a entregar bonos adicionales para garantizar que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a U$S 4.670 millones, con un máximo de U$S 6.000 millones a valor nominal.
En términos simplificados, la Argentina terminará pagando entre U$S 5.000 y U$S 6.000 millones. A estos montos hay que agregarle los intereses.
Como la Argentina tiene calificaciones de riesgos muy adversas, considerando las tasas de interés que oscilan entre 7% y 8,75% anual, la suma total que el Estado argentino se compromete a pagar superará los U$S 10.000 millones.
Un rasgo particularmente importante del acuerdo es que estos pagos se distribuirán en el tiempo de manera peculiar.
Según documentos emitidos por la empresa Repsol se puede calcular que:
- Entre 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos.
- Entre 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre 2020 y 2023 otro 34%.
- Entre 2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final.
Estos datos muestran que la actual gestión de gobierno sellará el acuerdo y determinará los futuros pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae. Las dos próximas gestiones de gobierno (es decir, los presidentes que gobiernen entre los años 2016 y 2023) serán las que deberán hacerse cargo de dos tercio del total de los costos que implican la estatización de YPF.
Para los gobiernos subsiguientes quedará afrontar el cuarto restante del costo total.
Este cronograma y las magnitudes involucradas dejan en claro que la estatización de YPF condiciona el futuro bienestar de los ciudadanos muchos de los cuales pertenecen a las generaciones por venir.
Las consecuencias económicas de la estatización se pueden evitar si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al flujo de pagos comprometidos para los próximos 20 años.
Tratándose de una empresa petrolera, esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos alejados de las apetencias políticas.
En la región hay buenos ejemplos de empresas públicas manejadas profesionalmente como es el caso de Codelco en Chile o Petrobras en Brasil.
Pero en Argentina prevalecen la improvisación y la falta de profesionalismo.
El caso paradigmático es Aerolíneas Argentinas.
Ante los hechos consumados, el Congreso Nacional tiene la posibilidad de evitar otra hipoteca para el futuro del país.
En lugar de sumarse al triunfalismo, actitud que prevaleció en la instancia de aprobar la estatización, debería trabajar en generar reglas que “blinden” la gestión de YPF –y del resto de las empresas públicas– de las presiones originadas por el amiguismo, la militancia, el oportunismo electoral y la corrupción.
A la luz de los antecedentes que prevalecen en la gestión del sector público argentino, no se trata de un desafío menor. Pero sólo con transparencia y buena gestión se podrá evitar que, además de pagar los bonos de la estatización, la sociedad tenga que afrontar los costos de la mala administración, como ocurre con las otras empresas públicas.
YPF no es el primer caso donde el oportunismo y la falta de profesionalismo generan enormes costos sociales que se difieren para el futuro.
Otras estatizaciones y reformas –como la aplicada sobre el sistema previsional– operan bajo la misma lógica.
La diferencia en esta ocasión es que, frente a la proximidad del cambio de gobierno, es más visible el traspaso de las consecuencias a las próximas gestiones. Queda por ver si esto estimula al Congreso a asumir una actitud más responsable y profesional.
Flujo de pagos por la estatización de YPF
En porcentaje del valor final (superior a U$S 10.000 millones)
