6 de cada 10 ocupados con baja educación siguen informales

El Instituto de Desarrollo Económico Social Argentino, en su informe número 570, indica que se necesita apelar a nuevas estrategias que prioricen bajar las cargas sociales –que gravan a los salarios más bajos– antes que reducir el impuesto a las ganancias.

Una publicación de la OIT abordando los problemas de informalidad en América Latina dio motivo a una polémica dentro de la Argentina. Las controversias se centraron en cuestiones metodológicas.

Mientras que en la Argentina la informalidad laboral se suele medir considerando solamente al empleo asalariado, la OIT sumó también a los cuentapropistas. Obviamente, que esto lleva a resultados diferentes.

Sólo considerando a los asalariados, la informalidad afecta a aproximadamente un tercio de los trabajadores asalariados; pero si se adopta el criterio de la OIT se llega a que casi la mitad de los ocupados son informales.

Estas disquisiciones eclipsan el mensaje más importante.

La OIT alerta que la informalidad, aun en un contexto externo muy favorable, sigue siendo muy alta en toda la región. Esta situación plantea un desafío sumamente complejo ya que para el futuro cercano se avizora un panorama internacional menos propicio para la región.

Para el caso de la Argentina, los datos del INDEC permiten echar luz sobre las posibles causas de que la informalidad laboral siga siendo elevada luego de una década de crecimiento económico.

Tomando como aproximación a la informalidad a los asalariados no registrados más los cuentapropistas, se observa que entre 2004 y 2014:

• En el grupo de trabajadores con nivel de educación superior completa la incidencia de la informalidad cayó de 31% a 24% del total de los ocupados.
• En el grupo de trabajadores con secundaria completa o superior incompleta la incidencia de la informalidad se redujo de 49% a 40%.
• Entre los trabajadores con educación hasta secundaria incompleta la incidencia de la informalidad se mantuvo sin cambios en el orden de 61%.

Estos datos muestran que la reducción de la informalidad en la última década estuvo concentrada en los trabajadores con mayores niveles de educación.

Por el contrario, en los ocupados con menor formación no hubo crecimiento neto en la cantidad de empleos de calidad. Se trata de un hecho tan paradójico como sugerente.

Una década de alto crecimiento económico no cambió la relación de que 6 de cada 10 ocupados con bajos niveles de educación siguen teniendo una inserción informal.

En este particular fenómeno subyacen varios factores causales. Uno muy importante es que la creación de empleos formales de la década pasada fue motorizada por la licuación de costos laborales derivada de la mega devaluación de 2002.

El impacto más fuerte de la licuación se dio entre los trabajadores más calificados. Pero tuvo escasa incidencia entre los menos calificados ya que, en este segmento, la licuación de costos laborales –aunque grande– no fue suficiente para compensar los bajos niveles de productividad prevalecientes.

La informalidad es persistente porque resulta muy difícil para los trabajadores con bajos niveles de educación afrontar cargas sociales que superan el 45% del salario.

Los problemas se potencian porque la formalidad tampoco genera mayor protección. Un trabajador informal puede acceder con las moratorias a similar jubilación que un formal, cobra el mismo monto de asignación familiar gracias a la AUH, ante la pérdida de empleo accede a prestaciones asistenciales superiores al seguro de desempleo de los formales y los servicios de salud de una obra social no difieren del hospital público.

En este aspecto resulta muy aleccionadora la experiencia de Uruguay cuyo éxito en materia de formalización se basó en equilibrar una carga impositiva más baja que la de Argentina (aproximadamente 35% del salario) con beneficios superiores para quienes están en la formalidad.

Para revertir la alta informalidad hay que actuar sobre los bajos niveles de productividad y los altos costos laborales.

Para elevar la productividad, es importante mejorar la educación y elevar la tasa de inversión productiva. Para disminuir los costos laborales hay que replantear el diseño de las prestaciones sociales y reducir los impuestos que gravan a los salarios, especialmente a los más bajos. Esto se podría lograr incorporando montos mínimos no imponibles a las cargas sociales en compensación a la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.