De hecho, el incentivo a la producción de gas implicó transferencias del Tesoro a las empresas por $ 72.500 millones desde 2013, de los cuales $ 43.073 millones correspondieron a 2016. En tanto, el mantenimiento de un precio sostén para el petróleo representó transferencias desde los consumidores hacia las empresas productoras por US$ 6.500 millones en 2015 y 2016.
“En un contexto internacional de energía ‘barata’, nuestro país mantiene una política de precios internos artificialmente altos tanto para el petróleo crudo como para el gas natural, como consecuencia de la aplicación de incentivos a la producción por el Plan Gas y Barril Criollo, mecanismos heredados de la administración anterior y que, luego de 18 meses, la actual administración mantiene sin modificaciones”, observa el especialista.
“Desde su implementación en 2013, el Plan Gas implicó transferencias corrientes del tesoro nacional por $ 72.500 millones, de los cuales 43.073 millones correspondieron a 2016, con un crecimiento interanual del 262%. La tendencia se consolidó en el primer trimestre de 2017, transformando al Plan Gas en el ítem con mayor peso de las transferencias energéticas corrientes: 53%”, continúa.
“El principal objetivo del Plan Gas es reducir el volumen de importaciones de gas natural y, por ende, su costo fiscal, incrementado la producción de gas y estimulando la inversión en exploración y explotación. A cuatro años de su implementación, la producción de gas natural se ubica en niveles similares al 2013. Con relación a las inversiones, las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería indican que en 2016 se redujeron tantos los pozos de exploración (-39%), como los de desarrollo (-9%), respecto de 2012”, advierte el director del CERES de la UB.
“Desde 2013, las inversiones se concentraron en la producción de recursos no convencionales. En el período, representaron 11.190 millones de dólares, mientras que los subsidios del Plan Gas ascendieron a 6.726 millones, el 60% del monto invertido. En particular durante 2016, se subsidió la producción de gas en un monto equivalente a toda la inversión anual realizada en la producción de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta, por un monto de 2.900 millones de dólares”, ilustra.
“Con relación a los subsidios e incentivos a la producción de petróleo, el Barril Criollo, consiste en garantizarles a los productores locales un precio superior al internacional hasta 2018. Su implementación, desde diciembre de 2014, implicó para los consumidores argentinos pagar los combustibles más caros de la región, con efectos macro y microeconómicos relevantes en costos logísticos, el nivel general de precios y el presupuesto de las familias. La aplicación del precio sostén al petróleo representó transferencias de los consumidores a las empresas productoras de petróleo por aproximadamente 6500 millones de dólares en 2015 y 2016”, sostiene.
“Como resultado, en 2016, la producción de petróleo fue 5% inferior a la del 2013, y la tendencia se mantiene para el primer trimestre de 2017 con una caída interanual del 7%. Este escenario nos pone a las puertas de comenzar importar cantidades crecientes de petróleo crudo para cubrir la demanda local. Incentivos discrecionales de precios por sí solos no parecen suficientes para incentivar la inversión, si no se acompañan del diseño de una política pública y de planificación energética en el marco de acuerdos amplios. Alinear los precios internos a los internacionales y terminar con el Barril Criollo y el Plan Gas podría ser un primer paso”, completa Einstoss.
